Ejidatarios se amparan contra orden judicial de pagar a la minera Excellon

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 6 de diciembre de 2016, p. 19
Ejidatarios de La Sierrita de Galeana, Durango, interpusieron un amparo por la resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito sexto, con sede en Torreón, Coahuila, que los obliga a pagar 5.6 millones de pesos a Excellon de México –filial de la canadiense Excellon Resources– por haber obstruido el acceso a la mina La Platosa de julio a agosto de 2012.
Las mil 100 hectáreas que incluyen el yacimiento de plata –considerado uno de los más importantes del país– quedaron embargadas hasta que los ejidatarios paguen a los empresarios, señala la resolución del TUA, la cual fue emitida tras cuatro años de litigio y semanas después de que los ejidatarios interpusieron un amparo por la dilación de la sentencia.
En un comunicado, el abogado y coordinador del área de justicia trasnacional de la organización no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), Juan Antonio López, aseveró que el embargo de las tierras es una clara violación al artículo 27 constitucional, el cual reconoce la personalidad jurídica de los núcleos agrarios y la protección de sus tierras. En tanto, la empresa continúa explotando los terrenos de los ejidatarios, a quienes debe tres años de renta.
Refirió que Excellon de México inició sus operaciones en el ejido en 2004, cuando firmó un contrato para utilizar 27 hectáreas por 30 años mediante un pago único de 1.2 millones de pesos, pero la empresa no cumplió las cláusulas del convenio.
En 2008 ambas partes signaron un contrato de ocupación temporal por mil 100 hectáreas, que implicaba el pago de una renta de 5.5 millones de pesos anuales, monto que aumentaría cada año de acuerdo con el índice inflacionario. También fueron incluidas cláusulas sociales y medioambientales que la compañía no ha cubierto.
A la fecha, los ejidatarios no han recibido ningún pago (la minera les adeuda 22 millones de pesos) y siguen en la incertidumbre tras años de batalla jurídica, acotó López.


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