El 50% de los Recursos Auditados se Desviaron de esa Forma SUBCONTRATACIÓN Y CORRUPCIÓN
*Las empresas que firman los contratos no tienen ni la capacidad ni el personal adecuado.
*El 51 por ciento de los recursos públicos no se ejercieron.
*No existe un padrón confiable de quiénes reciben los apoyos y subsidios.
La Auditoría Superior de la Federación
reportó que del total de recursos del presupuesto público fiscalizado en
2015, la mitad no se ejerció y la otra mitad se aplicó de manera
irregular o con criterios discrecionales que se prestan a fraudes y
corrupción. También encontró que la subcontratación es una de las
principales formas en que se desvían recursos y se gasta más el
presupuesto público.
En la fiscalización de la Cuenta Pública
2015, que se dió a conocer el 15 de febrero del 2017 en la Cámara de
Diputados, abarcó 1,128 auditorías en instituciones públicas del
gobierno federal, estados y municipios, practicadas sobre el gasto
federalizado. El monto total observado ascendió a 65,193.8 mdp, de los
cuales 51 por ciento de los casos no ejercieron los recursos, es decir
no se gastaron en lo que estaba programado, lo cual significa que 33
mil 440 millones de pesos, se quedaron parados.
En el 12 por ciento del gasto público
federal no se presentó documentación comprobatoria de los gastos (7 mil
893 millones de pesos) En el 7.6 por ciento de los casos no cumplen con
los objetivo señalados para el gasto (4 mil 963 millones de pesos) . En
el 4 por ciento de los casos hay pago de remuneraciones indebidas (2 mil
600 millones de pesos).
Un ejemplo de maniobras que se realizaron
para ejercer mañosamente el presupuesto público fue que asignan obra a
una empresa o universidad que no tiene ni el equipo ni el personal para
realizar el trabajo y subcontrata encareciendo costos. Eso ocurrió en
49 por ciento de los casos de contratos con universidades públicas
auditadas señala el informe.
Tampoco existe la garantía de que los apoyos
y subsidios de programas del gobierno federal, vayan a parar a manos de
los más pobres, porque no existe un padrón confiable de los
beneficiarios.
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