Soberanía y unidad nacional competen al pueblo
Las
reafirmadas amenazas del presidente estadunidense Donald Trump de
levantar su muro en la frontera con nuestro país y deportar a millones
de connacionales, buscan ser canalizadas a su favor por nuestra temerosa
y pasmada clase política, invocando a la unidad nacional y la defensa
de la soberanía como instrumentos ideológicos para rehabilitar su
desahuciada imagen y atemperar, de paso, el generalizado descontento
social originado por los anunciados gasolinazos, dejando en el plano
imaginario el impulso a una auténtica enmienda del rumbo económico,
guiado desde hace tres décadas por el neoliberalismo, que tiene sumidos
en la pobreza a 60 millones de mexicanos.
Voces de la parte oficial y partidos
políticos llaman a la unidad y a la firma de acuerdos nacionales y, en
una grotesca mascarada, se rasgan las vestiduras, dispuestos a
“inmolarse” en aras de la patria, ocultando en su patrioterismo
trasnochado los errores acumulados por décadas de programas económicos
supeditados a los intereses de los organismos internacionales, donde los
beneficios se han repartido entre una reducida clase política y
empresarial, despojando al pueblo de sus riquezas y recursos naturales.
Los que ahora buscan por todos los
medios ganar el apoyo de un pueblo al que nunca han consultado en la
toma de trascendentes decisiones como la aprobación de las reformas
estructurales, se guardan bien de llevar al debate nacional los orígenes
de la incontrolable migración de mexicanos a los Estados Unidos,
registrada en las últimas dos décadas y que de acuerdo con lo pactado en
1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), tendría que
decrecer.
En el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari, valga recordar, la propaganda oficial destacaba que con la
puesta en marcha del acuerdo comercial, habría un indudable “crecimiento
económico, se crearían millones de empleos y se reduciría la migración
desde México”. En síntesis: deberíamos prepararnos a ser un país de
“primer mundo”.
¿Por qué quienes ahora convocan a la
unidad, la defensa del país y de los connacionales en riesgo de ser
deportados, no rectificaron a tiempo lo que no funcionaba y siguen sin
hacerlo?
Para poner en su sitio a estos
rocambolescos “defensores” de la patria y del TLC, analicemos las
siguientes cifras: mientras en 1995 el 24 por ciento de la población del
país se dedicada a la agricultura, para 2010 sólo lo hacía un 13 por
ciento. A la entrada en vigor del tratado había en Estados Unidos unos 2
millones 900 indocumentados de origen mexicano; para 2012, la cifra se
había disparado a 12 millones 900 mil connacionales; esto es, que en dos
décadas de operar el acuerdo comercial que debía generar más empleos en
el agro y ofrecer mejores salarios a los campesinos, 10 millones de
agricultores empobrecidos no tuvieron otra alternativa que huir del país
para no morir de hambre. ¿Dónde quedaron las bondades del acuerdo?
Se calcula que tan sólo en la última
década, un promedio de 400 mil personas emigraron al año a la unión
americana, huyendo tanto de la extrema pobreza como de la violencia
generada en sus lugares de origen por el crimen organizado. El
diagnóstico de los magros resultados es irrefutable. Y peor todavía, la
clase política neoliberal con la complicidad de los empresarios, insiste
en defender un acuerdo comercial que sólo ha reportado estancamiento y
pobreza al país, negándose a aceptar sus errores y operar un cambio en
el modelo económico.
¿Creen acaso que con llamar a la unidad
nacional y a la defensa de la soberanía se solucionará un problema
acumulado en décadas de despojos a los recursos y riquezas nacionales,
así como el abandono total al campo?
Habremos de preguntar a los
expresidentes y exfuncionarios, así como a sus favorecidos empresarios
nacionales y extranjeros, ¿dónde quedaron los millonarios recursos
generados con la venta de más de 1 mil empresas públicas, tan rentables
como Teléfonos de México, iniciada desde el sexenio de Miguel de la
Madrid? ¿Qué acaso no pensaron en la defensa de nuestra soberanía
nacional cuando aprobaron recientemente, de espadas al pueblo, las
reformas estructurales entregando nuestro sector energético a firmas
trasnacionales?
Parece una broma de mal gusto el
anunciar a los mexicanos que están siendo expulsados de Estados Unidos,
que en México van a tener infinidad de oportunidades, cuando es
precisamente la carencia de las mismas lo que los obliga a emigrar a
riesgo de su propia vida; hay 10 millones de jóvenes a la espera de una
oportunidad laboral; de los 60 millones de pobres la inmensa mayoría
subsiste en la informalidad y sin un empleo estable que les permita
acceder a la seguridad social.
Como es fácil apreciar, los “patriotas
neoliberales” ocultan además el hecho de que los efectos de la reeditada
crisis, que se repite sexenio tras sexenio, se siguen trasladando a la
mayoría de los mexicanos. Y vaya desfachatez: cuando se trata de
defender a la nación, la convocatoria incluye a todos los mexicanos sin
distinción de condición social, afiliación partidista o religión; pero
cuando el asunto es repartir la riqueza nacional, el llamado se
constriñe a la privilegiada clase política y empresarial. A unos cuantos
que desde hace décadas la han saqueado.
Nuestra Constitución acaba de cumplir
cien años y en este contexto de llamados a la unidad nacional y a la
defensa de la soberanía, es el momento de que sea el pueblo, la sociedad
misma, la que retome la lucha por su defensa para restablecer la
legalidad y el estado de derecho; de acuerdo con el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los dos tercios de las 229
reformas y 695 cambios realizados a 114 de los 136 artículos de nuestra
Carta Magna de 1917, empezaron a ejecutarse a partir de 1982, con la
llegada de los gobiernos neoliberales al poder. No es casual que estas
reformas abrieron el camino a la desaparición y privatización de las
empresas públicas y a la apertura del sector energético, ahora consumado
con las reformas estructurales.
El pueblo nunca votó por estos cambios y
retrocesos que aniquilaron el espíritu social de nuestra Constitución,
que en su artículo 39 aún conserva la llave mágica que debe motivar a
los mexicanos a su defensa y al cuestionamiento de quiénes, desde el
poder, han llevado a la quiebra al país y a las mayorías a la pobreza
extrema. El texto a recordar y reflexionar dice: “La soberanía nacional
reside esencial y orgánicamente en el pueblo. Todo poder público dimana
del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su
gobierno”.
Al externar su descontento y marchar por
las calles, los legítimos movimientos sociales emanados del pueblo,
deben empezar a dar vuelta a esta llave, porque la unidad nacional y la
soberanía son asuntos de su estricta competencia, no de una clase
política oportunista que ahora trata de evadir su responsabilidad bajo
la careta de su patrioterismo neoliberal.
Martín Esparza Flores
Contralínea 528 / del 26 de Febrero al 04 de Marzo 2017
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