Caso Pegasus: Evidenciados, gobierno y empresas siembran confusión
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En medio del creciente escándalo de espionaje ilegal operado a través del malware Pegasus contra periodistas, activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos y políticos, tanto el gobierno federal como las empresas vendedoras del programa intentan evadir su responsabilidad.
La semana pasada llegaron a las redacciones de distintos medios cartas inverificables y documentos “filtrados” desde instancias del gobierno, así como correos electrónicos con un solo objetivo: sembrar dudas.
Algunos documentos pretendieron exhibir a empresas distribuidoras del software espía; otros confirmaron el papel que jugaron Tomás Zerón de Lucio y Arely Gómez González en la compra y operación de Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group cuando el primero fungió como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la segunda era titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Ruiz de Teresa Treviño es socio de la empresa Balam Seguridad Privada –proveedora de material de seguridad e inteligencia a agencias del gobierno mexicano–, junto con Asaf Zanzuri, oriundo de Israel. Según el reportaje, Zanzuri se encargaba de conseguir las tecnologías con compañías de su país natal, mientras Ruiz de Teresa Treviño abría las puertas de las agencias nacionales del sector de la seguridad.
Grupo Tech Bull, la empresa que vendió Pegasus a la PGR por 32 millones de dólares en octubre de 2014, es una presunta sucursal de Balam Seguridad Privada, según los archivos internos de la firma italiana Hacking Team, que WikiLeaks publicó en julio de 2015.
Fragmento del reportaje publicado en Proceso 2122, ya en circulación
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