1968-2018: un Estado más violento y autoritario
Como en 1968, los movimientos sociales siguen siendo considerados “amenazas” al Estado. La brutalidad del Ejército contra estudiantes en Tlatelolco no fue una excepción, sino la sistemática “solución” que se aplica hasta hoy con el beneplácito del gran empresariado
Sociólogos, defensores de derechos
humanos, abogados y activistas coinciden en que, a 5 décadas de la
matanza de Tlatelolco, la represión del Estado es peor que la de 1968.
Hoy se cuentan, como sólo un ejemplo, 37
mil desaparecidos y se pueden enumerar recientes ataques
indiscriminados contra una población organizada: la irrupción de los
cuerpos policiacos en poblaciones, como Atenco (Estados de México, 2006)
y Nochixtlán (Oaxaca, 2016), la ocupación de la entonces paraestatal
Luz y Fuerza del Centro (2009), la represión a la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (2006), el involucramiento en la desaparición de
los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro
Brugos, de Ayotzinapa, Guerrero (2014), entre muchos otros.
Advierten que hoy permanece esa
violencia estatal sistemática, que se mezcla con las acciones del crimen
organizado. Consideran que una muestra de la preocupación de los
gobiernos ante cualquier la protesta social es el nivel de riesgo que se
le asigna en la Agenda Nacional de Riesgos, documento de
carácter confidencial elaborado por el centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen). En el documento se coloca a la los grupos
sociales como un riesgo para la seguridad nacional en su capítulo
“Ingobernabilidad por movilizaciones”.
Esta política de Estado se ha afianzado,
coinciden los entrevistados, con la nueva Ley de Seguridad Interior,
que permite a las Fuerzas Armadas realizar “investigaciones” y realizar
cateos y detenciones sin la orden de un juez.
Gilberto López y Rivas, uno de los
sobrevivientes a la masacre de 1968 y profesor-investigador del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dice que siempre
va a ser posible, e incluso predecible, que cualquier movimiento sea
reprimido por el Estado, porque éste representa los intereses de una
clase social cuya esencia es la explotación y la dominación.
De hecho, agrega el miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, “estamos asistiendo a una represión
verdaderamente impresionante. Ejemplo de ello son las ejecuciones
sumarias llevadas a cabo bajo el pretexto de la lucha contra el
narcotráfico y el terrorismo (que van por más de 200 mil durante estos
sexenios); entonces, el sistema aplica la represión en cualquier lugar
de la República y a cualquier hora, trabajan 24 horas por 7 días a la
semana; ellos no descansan”.
El ejercicio de la fuerza se lleva a
cabo de muy diversas maneras, expone. Se trata de una violencia
sistémica, estructural, de género. Señala que, a 50 años de la matanza
de Tlatelolco, México “se ha convertido en el país de las fosas, de las
ejecuciones sumarias, de la tortura, de las cárceles clandestinas, de
los grupos paramilitares. La clase y los grupos dominantes han aplicado
la violencia en México, superando a Colombia, Guatemala, Argentina y
Chile. ¡Es un escándalo, una catástrofe humanitaria!”, dice el doctor en
Antropología por la Universidad de Utah.
“Esa lógica de los gobiernos, de
resolver por la fuerza los conflictos sociales, no se ha modificado
significativamente y es un riego actual para los movimientos sociales”,
dice, por su parte, Simón Hernández León, integrante del Frente por la
Libertad de Expresión y la Protesta Social.
El también abogado y defensor de los
derechos humanos comenta: “Vemos cómo los actores políticos no
privilegian los mecanismos de carácter político, de negociación o de
resolución de conflictos, sino muchas veces la primera respuesta del
Estado frente a una problemática social es el uso de la fuerza”.
Endurecimiento del Estado
Bertín Reyes Ramos, integrante del
Frente Popular Revolucionario y vocero del Partido Comunista Marxista
Leninista, no descarta otro escenario similar al de 1968 en contra del
movimiento social, porque no ha desaparecido lo que originó la represión
del 2 de octubre: “Los intereses de grandes empresas y corporaciones ni
la dominación a la que está sometido nuestro país por parte del vecino
del norte, Estados Unidos”.
Para el dirigente social, la ola de
violencia que se ha vivido en los últimos años, con la desaparición de
los 43 estudiantes normalistas y los demás jóvenes asesinados, “ha
superado por mucho los muertos y desaparecidos de 1968. Esto nos
demuestra que estamos en una situación de fascistización, de
endurecimiento del Estado mexicano, sometido a grandes intereses de
empresas y corporaciones, y lo mismo representa negocios legales que
ilegales”.
Ejemplo de los “supuestos negocios
legales”, comenta Reyes Ramos, y que han violentado comunidades en todo
el país, es la minería, negocio que ha entregado grandes extensiones de
territorio y recursos naturales a empresas privadas, muchas de ellas
extranjeras.
Se trata, dice el luchador social, de
una “guerra de baja intensidad”, en contra de los defensores del
territorio. “Hay una represión abierta y brutal a otros niveles; por eso
también entendemos que no han querido regresar al Ejército a los
cuarteles y siguen en esta lógica de tenernos vigilados a través de sus
órganos de inteligencia, como el Cisen y de los órganos de inteligencia
de las Fuerzas Armadas”.
Maurilio Santiago Reyes, abogado y
presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas
(CDHAPI), tampoco descarta otro escenario equiparable al acontecido en
la Plaza de las Tres Culturas, “pues en este momento la situación en el
país es muy complicada; hay un alto índice de ejecuciones
extrajudiciales, de desaparición forzada, de desplazamiento interno y de
detenciones arbitrarias y tortura”.
El abogado que acompaña a las víctimas
de los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde policías
federales y estatales reprimieron a integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sociedad civil, el 19
de junio de 2016, enfatiza que la represión puede darse más sobre los
pueblos indígenas que reivindican derechos humanos como el acceso a la
tierra y a los recursos naturales.
En entrevista con Contralínea,
Santiago Reyes comenta que la acción represora puede ejecutarse por
otros grupos supuestamente no estatales, como paramilitares, sicarios
del crimen organizado o porros, pero avalados desde el poder.
Francisco Retama, Integrante del partido
Movimiento al Socialismo, comenta hay que identificar que en 1968
también hubo la participación de infiltrados, que después conforman un
modelo repetido a lo largo de estos últimos años: “agentes encubiertos,
provocadores en las movilizaciones que actúan directamente para
confundir y amedrentar o que, por medio de su acción, justifican el uso
de la fuerza represiva”.
Ejemplo de ello es lo ocurrido el 20 de
noviembre de 2014, cuando a pocos meses de la acción brutal contra los
normalistas de Ayotzinapa, se llevó a cabo una movilización en la Ciudad
de México como muestra de repudio y condena a los hechos en Iguala, “y
donde el uso de infiltrados justificó la acción conjunta de la policía
de la Ciudad de México y de la Policía Federal para desalojar a los
manifestantes en el Zócalo capitalino”.
Espionaje desde el poder
Los especialistas enfatizan que uno de
los factores que ha facilitado el ejercicio de la fuerza sobre los
movimientos sociales y sus líderes son los apararos de espionaje que
opera el Estado, mediante el Cisen, la Sección Segunda de la Defensa
Nacional y la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina.
“El Cisen es un aparato que sirve a un
grupo dominante, pero los grupos realmente efectivos están en la Armada y
el Ejército, con una gran penetración de los estadunidenses; y ahí van a
seguir porque ellos tienen como principal enemigo a todas las
organizaciones populares”, comenta el antropólogo Gilberto López y
Rivas.
Fernando Ríos Martínez secretario
ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todas y Todas (conocida como Red TDT y que está
conformada por 85 organizaciones de 23 estados de la República), dice
que un ejemplo claro del espionaje ilegal e ilegítimo del Estado fue el
realizado por el malware Pegasus contra defensores de derechos
humanos y comunicadores. El sistema era operado por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR)
y el Cisen.
El Cisen, comenta el secretario
ejecutivo de la Red TDT, “utiliza una serie de sistemas digitales de
espionaje que permiten una mayor cobertura en su trabajo y que,
desgraciadamente, están al servicio de intereses obscuros y de los
grandes capitales. Lo que hemos visto es que esta información se utiliza
para saber cuáles son los planes de los movimientos en las
organizaciones de derechos humanos y poder intervenir”.
Agenda Nacional de Riesgos
La Agenda Nacional de Riesgos
(ANR), uno de los documentos clasificados como confidenciales por el
aparato de inteligencia del país, focaliza a los movimientos sociales
como opositores a los cambios hechos a la Constitución, a través de las
llamadas “reformas estructurales”, llevadas a cabo en los últimos años.
En el documento, elaborado por el Cisen,
son considerados por el Estado mexicano como un riesgo para la
seguridad nacional movimientos como el de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el
Frente Amplio Social, el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento
de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes
28 de Octubre (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
(FPDT).
“Esta característica dibuja con mucha
nitidez a un Estado autoritario, que no tiene capacidad de respuesta
política a los reclamos sociales y que ve en ellos siempre un riesgo de
desestabilidad, de ahuyentar de las inversiones, de sacudir a la
estabilidad macroeconómica. Se trata de un Estado preparado, porque si
los movimientos sociales representan focos rojos, esos focos rojos hay
que apagarlos”, dice Francisco Retama, del partido Movimiento al
Socialismo.
Con un nivel de riesgo “medio en 2013 y
luego “alto” en 2015, el capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones”
de la ANR diagnostica de manera general que “existen organizaciones que
adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo
con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas
específicas (Contralínea, 503).
“El comportamiento de algunas de ellas busca generar crisis recurrentes de gobernabilidad”, consigna el documento.
La Agenda hace una división en
el tipo de “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden
social”. Las primeras, aquellas –según el expediente– que tienen
“oposición a políticas públicas que eliminan privilegios a grupos de
interés, obtenidos mediante la presión política y social (reforma
Laboral y Educativa)” (sic).
También hace un análisis de lo que llama
“conflictividad regional”, y explica que hay una obstrucción a
proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos,
aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto daño al entorno
ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades”.
“Para todos los órganos de inteligencia,
los movimientos sociales son las preocupaciones centrales”, dice el
antropólogo Gilberto López y Rivas.
Manifiesta que en el país hay un rechazo
a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de
los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos
opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad
nacional.
El documento del Cisen hace énfasis en
la utilización de la “figura denominada como policía comunitaria para
conformar grupos con intereses que alteran la armonía comunitaria. Aun
cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación de estas
organizaciones en diversos estados del país, en los hechos de su
operación se concentra en Guerrero y Michoacán”.
Al respecto Bertín Reyes Ramos, señala
que: “Ellos, la clase en el poder, no quisieran tener ningún tipo de
oposición, y la principal oposición no está ni en las cámaras ni en
ninguna instancia institucional: está desde la propia organización de
nuestros pueblos, de nuestras organizaciones obreras, estudiantiles,
sociales, populares”.
En ese sentido, agrega el luchador
social, “nos ven como el principal riesgo porque no tienen ningún
control institucional sobre nosotros. Para el gobierno, en el plan que
tiene de saqueo y entrega completa de los recursos, están previendo una
respuesta importante de la población. Lo que no quieren es que sea una
respuesta organizada, consciente, con un programa, con un planteamiento
claro, de transformación, en materia económica, política y social porque
eso implicaría poner en riesgo todos sus intereses. Nos tienen ubicados
para poder desactivar cualquier respuesta efectiva. Para ellos es más
fácil frenar al movimiento social con una violencia brutal, como la del
68”.
Érika Ramírez
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