¿Caerán empresas que participaron en la cadena del robo de combustibles?
La lista de
involucrados en el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex)
nunca comenzó con los capos de la droga o los pueblos huachicoleros, sino con funcionarios de alto nivel –tanto de la petrolera como del gabinete presidencial–, tal como lo revelara Contralínea hace más de 1 década. Por supuesto, también en ese primer orden de responsabilidades están las empresas que hicieron su agosto con los energéticos hurtados.
Por ello resulta fundamental que el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometa con la verdad y la
justicia, y lleve a juicio a todos los delincuentes de cuello blanco que han participado de este saqueo a la nación, que tan sólo entre 2017 y 2018 superó los 120 mil millones de pesos.
La pregunta es si el presidente está
dispuesto o no a desmantelar esa red en la que, sin duda, participan
diversas ramas de la industria, y no sólo las gasolineras y
distribuidoras finales de los productos petrolíferos, como hasta ahora
se ha querido sugerir.
Y es que a Pemex le roban desde
gasolinas hasta diésel, turbosina y gas natural no asociado. En el caso
de la turbosina, por ejemplo, el mercado negro es el del
acotado sector aeronáutico, pues se trata de un combustible
especialmente refinado para aviones, jets y helicópteros: su octanaje es
mucho mayor al de las gasolinas.
Otra rama industrial implicada en este
delito –de la que el propio gobierno de López Obrador conoce su nivel de
vinculación– es la industria de la construcción. Grandes constructoras
–algunas de ellas, contratistas del propio gobierno– han sido
investigadas por el uso de hidrocarburos robados.
Además, están los empresarios del
transporte terrestre (tanto de mercancías como de pasaje) y la propia
industria privada del sector energético, quienes se han servido con la cuchara de la corrupción.
Y aquí es muy importante advertir que los delincuentes de cuello blanco no deben quedar impunes, pues una parte sustancial de sus ganancias proviene de este atraco a las arcas públicas.
No hay que olvidar que –a pesar de la
reforma energética privatizadora de Enrique Peña Nieto– los
hidrocarburos son bienes nacionales, y que durante años el crecimiento
económico del país se sostuvo precisamente de la riqueza que éstos
generaron. Así que decir que robaban a la nación no es cualquier cosa:
todos los mexicanos salimos perdiendo para enriquecer a un puñado de
empresarios y funcionarios corruptos.
Por ello está claro que no basta con la
detención de tres servidores públicos de Pemex que operaban el sistema
de ductos: en este negocio ilegal participaban desde trabajadores
(incluidos sindicalizados) hasta directivos de la petrolera y
secretarios de Estado, pero también militares de todas jerarquías.
De estas complicidades se supo desde el
gobierno de Vicente Fox, cuando funcionarios valientes denunciaron que
desde la Gerencia de Servicios de Seguridad Física se cometía el robo de
combustibles. Así que nada de esto es nuevo, lo novedoso es que ahora
se está desmantelando una parte de ese engranaje.
El problema es de tal magnitud que las
investigaciones ordenadas por López Obrador revelan la existencia de una
red paralela de ductos, construida entre el sexenio de Felipe Calderón y
el de Enrique Peña Nieto. Y resulta que su edificación requirió de mano
de obra e insumos especializados, pues los ductos para transportación
de hidrocarburos tienen requerimientos técnicos insoslayables.
Así, para desentrañar toda la cadena de
corrupción que permitió este saqueo, es fundamental que en las
investigaciones participen la Agencia Nacional de Inteligencia y la
Unidad de Inteligencia Financiera. Estas instancias deben enfocarse en
los grandes contribuyentes que al anexar a su “cadena de valor” los
energéticos hurtados habrían incurrido en varios delitos.
Una línea de investigación necesariamente tendría que apuntar al lavado de dinero, pues algunas empresas involucradas en la ruta del robo de combustibles habrían permitido legalizar el dinero sucio.
Otra línea que no debe olvidar el
gobierno es la de las gasolineras. Y ahí no debe importar quién sea el
dueño, porque muchos políticos –sobre todo de los partidos
Revolucionario Institucional y Acción Nacional– forman parte de este
negocio. Y ésta es una de las industrias más abiertamente favorecidas
por el robo de hidrocarburos.
Finalmente, las indagatorias deben
revisar la participación de los expresidentes Vicente Fox, Felipe
Calderón –quien también fue secretario de Energía– y Enrique Peña, pues
en sus gobiernos se privilegió el sistema de transporte por ductos y, al
mismo tiempo, floreció el huachicoleo.
Según el presidente, éstos por lo menos
fueron omisos. Y por acción u omisión, esos mismos gobiernos son
responsables de haber omitido castigar este crimen contra las arcas
nacionales, es decir, contra el patrimonio de México.
La responsabilidad de Calderón
El gobierno de López Obrador podría
iniciar por revisar la responsabilidad de Calderón, pues en su
administración se documentó plenamente que la ordeña de ductos se daba desde las instalaciones de Pemex.
Incluso el 29 de julio de 2009, la
Procuraduría General de la República en coordinación con las secretarías
de Seguridad Pública y de la Función Pública, realizaron un operativo
contra el robo de combustibles, en el que se aseguraron equipos de
cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de
Pemex.
Las indagatorias de aquel entonces apuntaban que personal de esa Gerencia estaba implicado no sólo en la ordeña, sino en una red de delincuencia organizada y lavado de dinero. Para entonces, las pérdidas generadas por ese negocio ilegal se calculaban en más de 20 mil millones de pesos.
Sólo llevando a juicio a los delincuentes de cuello blanco
–tanto del gobierno como del sector privado– se pondrá fin a este
círculo de impunidad y saqueo. Sólo así, el presidente López Obrador
podrá decirnos que desmanteló las redes que, por años, dañaron la
hacienda pública con el robo de combustibles.
Nancy FloresFuente
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