Los huachicoleros y su origen neoliberal
Por Martín Esparza Los huachicoleros y su origen neoliberal
El combate al robo del
combustible puso de relieve la acumulada corrupción y el
desmantelamiento que los gobiernos neoliberales permitieron en entidades
como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad dentro
de un esquema de privatización que culminó con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
El huachicoleo a ras de piso y el de “cuello blanco” no surgieron por generación espontánea sino como consecuencia de un plan fraguado desde el sexenio de Carlos Salinas,
con el fin de ceder a la iniciativa privada áreas estratégicas de la
economía y soberanía nacionales como las telecomunicaciones, las minas,
los energéticos, ferrocarriles y carreteras, antes en poder del Estado y
rematadas a precios de ganga.
Más de mil empresas públicas, muchas de
alta rentabilidad como Teléfonos de México, las siderúrgicas y los
bancos, fueron privatizadas en la más absoluta opacidad y entregadas a
prestanombres y grupos de poder económico ligados a los políticos en
turno, olvidando la función social para que la fueron creadas en beneficio del pueblo de México.
Por muchos años Pemex fue la empresa que
mantuvo a flote, vía las divisas petroleras, las finanzas de gobiernos
neoliberales incapaces de fomentar un verdadero crecimiento económico;
desde que la tecnocracia neoliberal llegó al poder en el sexenio de
Miguel de la Madrid, el país creció entre 2 y 3 por ciento anual,
mientras que el nivel de vida de millones de mexicanos se deterioró por
los bajos salarios.
El huachicoleo a ras de piso y el de “cuello blanco” no surgieron por generación espontánea sino como consecuencia de un plan fraguado desde el sexenio de Carlos Salinas.
En el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari, Pemex fue atomizado en cuatro subsidiarias relegando áreas
vitales para el desarrollo de todo país, como la petroquímica y la
refinación, colocando a México en el callejón sin salida en que se
encuentra al depender del exterior para complementar su consumo de
gasolinas. Algo similar ocurrió con el sector eléctrico al permitirse a
trasnacionales la generación de electricidad. En los gobiernos de Vicente
Fox y Felipe Calderón, obtuvieron más de 700 permisos de generación
hasta desplazar en un segundo término a la CFE y extinguir Luz y Fuerza
del Centro (LyFC).
El objetivo nunca fue hacer más
eficientes estas entidades públicas sino convertirlas en un cuerno de la
abundancia de jugosos contratos para socios y amigos de los gobiernos
tanto panistas como priistas, pues, como se ha documentado, el robo de
combustible y los desventajosos contratos pactados por CFE con
trasnacionales para la compra de su energía, tomaron forma desde el gobierno de Vicente Fox hasta culminar con un saqueo impune de recursos en la administración de Peña Nieto.
La lista de responsables de este
quebranto y acumulada corrupción que terminó en nupcias con el crimen
organizado es larga, y los mexicanos están en su derecho de pedir al
nuevo gobierno que se investigue a secretarios de Energía y funcionarios
del sector energético de los últimos sexenios como Ernesto Martens,
Fernando Canales, Georgina Kessel, a extitulares de CFE como Alfredo Elías Ayub y Enrique Ochoa y exdirectores de LyFC , entre ellos, Jorge Gutiérrez Vera
y, por supuesto, a exdirectores de Pemex como Raúl Muñoz, Luis Ramírez,
Jesús Reyes-Heroles, Juan José Suárez Coppel, sin faltar el personaje
central del escándalo de Odebrecht, Emilio Lozoya Austin. Culpables de
enriquecimiento ilícito y del saqueo al patrimonio nacional. En
síntesis: una traición a la patria.
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