Pese a nueva ley, 88 niños han muerto en estancias infantiles

Denuncia el IMSS a Eduardo Bours; padres desconfían

▲ Padres de familia que perdieron a sus hijos en el incendio de la guardería ABC el 5 de junio de 2009 aún exigen que se haga justicia. En la imagen, la estancia infantil donde murieron 49 menores en la colonia Y Griega, en Hermosillo, Sonora.Foto Cristina Gómez Lima

Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de junio de 2019, p. 25

Hermosillo, Son., En los 10 años transcurridos desde el incendio de la guardería ABC, en esta ciudad, 88 niños han muerto en el país mientras se encontraban bajo el cuidado de una estancia infantil, a pesar de la aprobación, en octubre de 2011, de la Ley Cinco de Junio, cuyo objetivo era que los infantes no corrieran peligro en esos centros, informó la Asociación Civil Nuestro Legado: Atención, Bienestar y Cuidado.

Aun con esta ley en vigor –ratificada por 29 congresos locales– persisten la negligencia, la corrupción y las irregularidades en la custodia de los niños, reconoció David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil. Agregó que están trabajando para que haya una Ley 5 de Junio en cada entidad y, sobre todo, para que se cumpla.
Las entidades con mayor número de muertes de niños en estancias infantiles son el estado de México, con 13; Nuevo León, nueve; Ciudad de México, siete; Querétaro, seis; Sonora, cinco; cuatro en San Luis Potosí, al igual que en Sinaloa y Jalisco, y tres, respectivamente, en Tamaulipas, Quintana Roo, Guanajuato, Puebla, Chihuahua y Coahuila.
Con base en los nuevos lineamientos se han clausurado dos estancias infantiles –una subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otra particular– y un taller vecino a un plantel de prescolar en Sonora.
El primero de noviembre de 2016, una niña de apenas un año de edad se ahogó en una de las albercas de la guardería Uni Niño, en Hermosillo. Después fue cerrada la guardería Dino, subrogada por el IMSS, por no cumplir la ley.
El caso más reciente ocurrió el 22 de mayo en el jardín de niños Nezahualcóyotl, en Hermosillo, cuando 10 menores se intoxicaron al inhalar solventes que se utilizaban en un taller vecino, el cual fue clausurado por carecer de permisos para operar.
Julio César Márquez Ortiz, padre de Yeyé, uno de los niños que murió en la guardería ABC en 2009, expuso que la tragedia de hace 10 años contribuyó a impulsar la Ley 5 de Junio, la cual regula la prestación de servicios de cuidado infantil. Consideró que el proyecto de ley fue completo y de vanguardia.
Antes sólo existía un marco normativo dictado por Protección Civil, el cual no se respetó en la guardería instalada en la colonia Y Griega, aseguró José Francisco García, padre de Andrés Alonso, bebé que pereció en el incendio.
La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2011 y se ha armonizado en 29 entidades; aún está pendiente en los congresos de Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México.
Sus 75 artículos, divididos en 15 capítulos, abordan temas como medidas de seguridad y protección civil, autorizaciones e inspecciones en instancias infantiles y las funciones del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Dispone que los espacios para el cuidado de infantes cuenten con instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, intercomunicación que cumplan las normas estatales.
Garantiza que ningún establecimiento que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niñas y niños podrá estar a menos de 50 metros (la guardería ABC estaba a un costado de una bodega con materiales inflamables y frente a una estación de gasolina).
David León Romero, coordinador de la Unidad Nacional de Protección Civil, refrendó su compromiso de trabajar con los sectores privado y social para que no se repita una tragedia como la ocurrida el 5 de junio de 2009.

Esperan reuniones con la SCJN y el Presidente

Los familiares de los 49 niños continúan en la lucha por justicia, pues aún no hay un responsable en prisión, tampoco reparación integral del daño ni verdad, dijo Miguel Nava, defensor de uno de los grupos en que se organizan los padres de los menores.

Aunque 19 personas (ningún alto funcionario) fueron sentenciadas por delitos no graves, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si las sentencias cumplen los estándares de reparación integral del daño a los afectados por los delitos de homicidio y lesiones culposos.
De acuerdo con el abogado de las víctimas, el IMSS presentó en días recientes una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castello, por los hechos de hace 10 años, pero parece algo mediático, pues fue el propio IMSS el que dio el permiso a la guardería sin tener permisos de protección civil y seguridad.
Miguel Nava comentó que el jueves los recibirá el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y están a la espera de que los atiendan el presidente Andrés Manuel López Obrador y el recien designado director del IMSS, Zoé Robledo.
La Suprema Corte emitió en 2019 un dictamen que señalaba violaciones graves a los derechos humanos; hoy la Corte tiene los amparos de las víctimas y de los condenados y establecerá de manera definitiva quién es responsable, indicó Nava.
De acuerdo con un documento que la organización de padres de los menores Manos Unidas por Nuestros Niños entregó en mayo de 2013 a la Procuraduría General de la República, el incendio en la bodega fue provocado para destruir documentos que ponían en evidencia irregularidades en un programa Sonora Proyecta.
La sentencia más alta fue de 29 años para Nohemí López Sánchez, quien fue jefa del Departamento de Guarderías, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS.
César Arturo Leyva, delegado en Sonora del IMSS; Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido, representante legal y secretario de administración de la guardería, respectivamente, recibieron sentencias de 28 años de prisión.
La misma pena se impuso al director de protección civil del municipio de Hermosillo, al director de bomberos, al jefe de departamento, al director de inspección y vigilancia del ayuntamiento, así como al responsable de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Sin embargo, el juez absolvió del delito de ejercicio indebido del servicio público a la jefa de departamento y los coordinadores de zona; al delegado del IMSS, a la representante legal de la guardería y al secretario de consejo.
En la Ciudad de México, el Senado de la República recordó ayer la tragedia con un acto organizado por la legisladora Citlalli Hernández, de Morena, en el cual se proyectó el documental La hora de la siesta, en el cual se narran historias de los menores fallecidos, y se afirmó que no debe quedar impune ese vil acontecimiento.
Abraham Fraijo, papá de Emilia, niña de tres años que pereció en el incendio, resaltó que la justicia no ha llegado, pero un grupo sigue luchando por que se sancione a los responsables y se garantice la seguridad de los menores.
La también senadora de Morena Lily Téllez deploró que el ex gobernador Eduardo Bours y otros implicados, sigan libres.
(Con información de Dennis A. García, Andrea Becerril y Víctor Ballinas)

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