Gil Díaz: una herencia de corrupción
Padre, hijo y
sobrinos han sido marcados por la corrupción, el abuso y procesos
penales. La familia Gil Díaz puede describir así su propia historia:
hacer negocios sucios con y desde el poder. Éste es sólo un
buen ejemplo de burócratas y privados que se han servido del poder y se
han enriquecido ilícitamente –por lo menos en los últimos 30 años de
administraciones priístas y panistas–, además de heredar ese vicio de
corrupción a la familia para apoderarse de dinero público.
Este caso de la familia Gil Díaz
confirma por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta
tantas resistencias para romper con ese régimen corrupto que cuenta con
una sólida estructura y que se niega a perder los privilegios obtenidos
en varias décadas, tiempo en el que millones de mexicanos quedaron
atrapados en la pobreza, la inseguridad, la injusticia, la desigualdad y
la violencia.
Claramente se trata de una herencia de
corrupción, en donde el padre, Francisco Gil Díaz, abusó como secretario
de Hacienda durante el gobierno panista de Vicente Fox Quezada, al
disponer de miles de millones de pesos de dinero público para su
beneficio personal, en un entramado financiero creado por él –en
colusión con el panista Santiago Creel Miranda, exsecretario de
Gobernación– a través de la empresa “privada” Integradora de Servicios
Operativos S.A. (ISOSA) y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, en
los cuales recaudaba recursos públicos por el cobro del derecho de
trámite aduanero y disponía de ese dinero como si fuera privado. El
abuso y el cinismo como regla de vida.
El hijo, Gonzalo Gil White, accionista
de la empresa petrolera Oro Negro, creada ex profeso para rentarle
plataformas a Petróleos Mexicanos (Pemex), es prófugo de la justicia por
los delitos de abuso de confianza e indebido manejo de recursos.
Gil White vio una oportunidad de
negocios en Pemex para continuar con la herencia de su padre (Francisco
Gil Díaz) de servirse de recursos públicos mediante negocios con la
principal empresa del Estado, cuando al frente de ésta se encontraba
precisamente Emilio Lozoya Austin, quien también es prófugo de la
justicia por presuntos actos de corrupción.
Desde su escondite, apenas la semana
pasada Gonzalo Gil afirmaba en un desplegado, pagado en la prensa
mexicana, que ni su empresa Oro Negro ni sus directivos han cometido
acto ilícito alguno en perjuicio de accionistas, inversionistas y
acreedores.
El sobrino de Gil Díaz, José Antonio
Cañedo White, también tiene orden de aprehensión por su participación en
la empresa Oro Negro.
Otro sobrino, Martín Díaz Gil, también
se ha visto envuelto en casos de fraudes y corrupción, vinculado primero
con Amado Yáñez en la empresa Oceanografía, que hacía negocios con
Pemex, y que enfrenta demandas de Banamex. Además, también está
involucrado en el fraude de Caja Libertad, que mantiene al abogado Juan
Collado en prisión.
Gil Díaz: el caso ISOSA
En esta columna se publicó cómo fue la
participación de Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda,
secretarios de Hacienda y de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox,
en la constitución de los fideicomisos Aduanas I y II, así como las
empresas ISOSA, ISSA y COSISA, las cuales sirvieron al gobierno de Fox
Quesada como caja chica para disponer de recursos fuera del
presupuesto y, lo mejor, sin tener que reportarlo a la Secretaría de la
Función Pública y mucho menos al Congreso.
Oficio de papel documentó en el
gobierno de Vicente Fox el manejo irregular y poco claro de miles de
millones de pesos correspondientes a fondos públicos. La misma Auditoría
Superior de la Federación reportaría que en los estados de cuenta
bancarios del Fideicomiso Aduanas 1 número 954-8 (constituido en
Nacional Financiera por Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda) se
guardaba un saldo de 6 mil 374.8 millones de pesos, producto del cobro
del derecho de trámite aduanero (DTA) a exportadores e importadores.
Aún más, de acuerdo con información del
Órgano Interno de Control de Nafin, dicha cifra de fondos públicos se
elevó en el primer trimestre de 2004 a más de 7 mil millones de pesos,
dinero que Gil Díaz nunca transfirió a la Tesorería de la Federación.
Al cierre del gobierno de Vicente Fox,
el patrimonio del Fideicomiso 954-8, coloquialmente conocido como
Aduanas I, ascendía a casi 20 mil millones de pesos, dinero que era
utilizado de forma discrecional por el entonces secretario de Hacienda
Gil Díaz, quien en su calidad de subsecretario de Ingresos en 1993 lo
constituyó con carácter de privado para evitar regulación alguna.
Se trata de una oscura historia de
corrupción que quedó impune a pesar del daño patrimonial en contra del
erario, por unos 9 mil 347 millones de pesos, según lo documentado por
la Auditoría Superior de la Federación.
Miguel Badillo[OFICIO DE PAPEL] [S] [D] [COLUMNA]
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