Bolivia, elementos para entender su crisis

Olga Pellicer 24 noviembre, 2019

Represión de una protesta en La Paz, Bolivia. Foto: Juan Karita/AP

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La situación en ese país andino es tan compleja y volátil que resulta difícil decidir por dónde abordar el tema. Empiezo por hacer notar la opinión generalizada en favor de los logros del gobierno de Morales, desde el punto de vista económico y social.

Bolivia es uno de los países con mejores índices de crecimiento en América Latina. Particularmente notable ha sido saldar la deuda histórica que se tenía con los grupos indígenas, el 55% de la población. Por primera vez fue posible mejorar sus condiciones de vida, devolverles la dignidad, combatir su pobreza y marginalidad.

Es, por lo tanto, doloroso que los acontecimientos de los últimos días hayan precipitado a Bolivia hacia una crisis de grandes proporciones. La situación es caótica: rompimiento del orden constitucional, el cual será enormemente difícil reconstruir; derrumbe de las instituciones gubernamentales, que deja en manos de la derecha radical la tarea de gobernar y, posiblemente, organizar elecciones; violencia y descontrol entre los sectores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido fundado por Morales, cuyas actividades son difíciles de encauzar con su líder en el exilio, y dudas sobre el poder que ejercerán (o no) las fuerzas armadas.

La mayoría de los analistas, algunos abiertamente simpatizantes de Morales, coinciden en ver, como origen importante de los acontecimientos recientes, su empeño en prolongar el control de la vida política. Ese objetivo no se corrigió pese a las circunstancias que aconsejaban lo contrario. De una parte, había un descenso en lo que fue una altísima popularidad; de la otra, el descontento crecía en diversos sectores, algunos tradicionalmente hostiles a su gobierno y otros favorables a su proyecto, pero renuentes a la no renovación del Poder Ejecutivo.
Esos descontentos se hicieron evidentes desde 2016, cuando Morales perdió el referéndum para modificar la constitución de manera que le permitiera gobernar casi indefinidamente. Esa derrota fue una primera señal. Sin embargo, mediante una peculiar interpretación de la ley electoral, relacionada con sus derechos humanos, Evo se mantuvo en el poder intentando de nuevo la reelección en 2019, esta vez en un ambiente poco favorable interna y externamente.
Desde el punto de vista externo es necesario tomar en cuenta la corriente hacia la derecha que se impuso en América Latina en 2018. Imposible, perder de vista lo que significó para las tendencias políticas en la región la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula y, finalmente, el triunfo del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, representante de la derecha radical, ligado a los militares de los años de la dictadura; agresivo en materia internacional bajo su consigna de “limpiar América Latina de los regímenes socialistas que tanto daño han causado”.

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Los cambios ocurridos en los gobienos de Chile y Colombia, aunados a la conformación de una clara alianza con Estados Unidos para enfrentar el problema venezolano, dio un nuevo cariz al ambiente político al interior de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El reconocimiento de un embajador de Guaidó como representante de Venezuela ante la organización amarró un grupo muy cohesionado integrado por Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, que pronto hizo sentir su influencia para tratar el tema de las elecciones en Bolivia, convocadas para el 20 de octubre.
No es ocioso señalar el significado del gobierno de Bolivia para quien alberga el propósito de fortalecer un mapa político en América Latina, alejado de las “tentaciones socialistas”, Brasil, en particular. Bolsonaro tiene elementos poderosos para ejercer influencia en Bolivia por la cercanía con adversarios de Morales ubicados en la vecina ciudad de Santa Cruz. Asimismo por la posibilidad de presionar económicamente mediante la amenaza, explícita o tácita, de suspender sus compras de gas.
La influencia del mencionado grupo de los cuatro, decidido a fortalecer el papel de la OEA en las elecciones de Bolivia, se advirtió en dos vertientes. Primero, alentando que se diera a la Misión de Observadores Electorales atribuciones que no habían sido ejercidas por misiones anteriores. Por ejemplo, al haber hecho declaraciones sobre la necesidad de proceder a una segunda vuelta antes de que hubiera terminado el conteo de votos.

De acuerdo con las disposiciones sobre el trabajo de dichas misiones, su labor es de carácter técnico, destinado a coadyuvar en la buena marcha de las elecciones, pero no a emitir juicios sobre sus resultados con obvias consecuencias políticas; aún menos antes de tiempo y sin conocer las acciones que desea llevar a cabo el Estado interesado.
El segundo aspecto novedoso fue la insólita repercusión mediática que tuvieron las opiniones de la Misión de Observadores. Rápidamente los medios de comunicación, escritos y audiovisuales comenzaron a popularizar la idea de un fraude, a sobredimensionar la imagen de una dictadura, asociada a personajes tan condenables internacionalmente como Maduro.
No se mencionaba el hecho de que, en realidad, Morales estaba muy cerca de 10% por encima de su rival, Carlos Mesa. Debilitado respecto de su popularidad anterior, mantenía, sin embargo, el apoyo de cerca de 50% de los electores.

La segunda etapa fue la auditoría –solicitada por Bolivia– de las actas de la elección. El grupo de expertos, integrado rápidamente por la Secretaría General de la OEA, realizó un trabajo técnicamente impecable, dirigido a especialistas en cuestiones electorales, difícilmente comprensible para quien no lo es.
Ahora bien, lo importante de ese documento fueron las frases contundentes de las conclusiones: “Se encontraron irregularidades que van desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado”.
A partir de esas frases se orquestó con gran habilidad una condena definitiva del gobierno de Morales: fraude, dictadura, sin respeto por la democracia.

Además, ambicioso, sumiendo al pueblo en la miseria, narcotraficante, traidor. Los medios de comunicaicón, completados ahora por las redes sociales, demostraron su enorme capacidad para influir en los procesos políticos contemporáneos. Poca atención mereció el anuncio del gobierno para convocar a nuevas elecciones. Para entonces, la marea del descontento ya hacía inoperante cualquier intento de conciliación. Las fuerzas armadas “sugirieron”, entonces, la renuncia de Morales.
De ninguna manera quiero centrar la culpa de la dramática evolución de los acontecimientos de Bolivia en una manipulación mediática. Coincido con quienes ponen la mayor responsabillidad en el empeño de Evo de mantenerse en el poder, menospreciando así los requisitos para consolidar un régimen verdaderamente democrático. Dicho empeño fue el caldo de cultivo para que pudiese prosperar una propaganda demoledora y el rápido desmoronamiento de un gobierno considerado, desde otra perspectiva, uno de los más exitosos en América Latina.
Las enseñanzas de la tragedia boliviana son múltiples. Dos de ellas sobresalen: el precio de no soltar el poder y la manera en que las corrientes hacia la derecha contaminan el conjunto de la vida política mediante medios sutiles y poderosos.

Este análisis se publicó el 17 de noviembre de 2019 en la edición 2246 de la revista Proceso

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