Diputados se preparan para definir regulación del outsourcing a finales de marzo
EL ECONOMISTA
Los cambios a los artículos 14 y 15A al 15D de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que por primera vez se incluyeron en 2012 en la legislación para regular la subcontratación, podrían discutirse en dos semanas cuando lleguen a la Cámara de Diputados los ajustes propuestos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Luego de la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal el 12 de noviembre de 2020 al Congreso de la Unión, se ha retrasado la discusión sobre las nuevas reglas que habrán de seguir las empresas para contratar los servicios especializados y administrar a sus trabajadores en espera de un acuerdo entre las autoridades federales y los empresarios.
“En dos semanas se dará la discusión ya en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es un tema en el que hay un compromiso de avanzar con la finalidad de terminar con las malas prácticas que han dañado las finanzas públicas y han afectado los derechos de los trabajadores”, adelantó la diputada Anita Sánchez (Morena), secretaria de dicha instancia legislativa.
La legisladora expuso que tras pláticas con el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco (Morena), y el presidente de la Comisión de Trabajo, Manuel Baldenebro (PES), se expuso la necesidad de retomar la discusión de la propuesta que busca empatar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.
El punto central de la propuesta de reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso “prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.
Las implicaciones pegan a la productividad
Consultados al respecto, especialistas destacaron que aún cuando se logró ampliar el periodo de discusión del proyecto con la Iniciativa Privada, no se han considerado aspectos fundamentales, sobre todo los vinculados al impacto de la reforma en la productividad de las empresas. Las tres principales peticiones son: delimitar la prohibición de la subcontratación respecto al objeto social de las empresas, que se permitan los servicios compartidos (insourcing) y también la subcontratación de servicios especializados o mayor tecnología para hacer más eficientes a las grandes industrias, como es el caso de la automotriz.
“Independientemente de la parte económica que tendrán que negociar las empresas, sobre todo el PTU, es más preocupante el tema de la operación. El artículo 14 establece qué es lo que sí se puede hacer al señalar que no se considera subcontratación de personal los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas y establece que para que se pueda utilizar éste no debe formar parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa; eso es prácticamente imposible cuando se trata de ensamblar autos, es evidente la pérdida de competitividad”, explicó Óscar de la Vega, socio de la firma D&M Abogados.
En ese sentido, destacó que “los legisladores están en buen momento para identificar lo que se requiere para mantener la competitividad y no tiene nada que ver con pagar menos salarios o pagar evadiendo responsabilidades”.
A su vez, Germán de la Garza, socio Líder de Servicios Laborales en Deloitte México, destacó que “será fundamental si en los próximos días se da la discusión de la reforma, porque daría señales claras sobre el nuevo marco legal. Hay empresas de más de 30,000 empleados que no saben cuál es la decisión que van a tomar, hay mucha presión interna que impide a las organizaciones realizar una reestructuración adecuada, sobre todo porque implica, recursos, liquidaciones, aviso al Seguro Social”.
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