La nueva Ley Eléctrica, para desfacer entuertos
Pablo Moctezuma Barragán - 15 Feb 2022 a las 12:43 pm
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el lunes 31 de enero en que si no se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las empresas particulares que tienen como propósito el lucro abusarán de los consumidores. Aseveró que el plan de los “tecnócratas corruptos” era destruir a la CFE y a Petróleos Mexicanos (Pemex) para dejar todo el mercado al sector privado. Añadió: “El modelo neoliberal es bueno, pero para los potentados, para las minorías, no para el pueblo”. Y en la discusión de esta reforma, el “debate es bueno porque ayuda a que nos definamos de qué lado estamos, si queremos fortalecer el servicio público en beneficio de los mexicanos o estamos a favor de las empresas particulares que abusan”.
En el debate se ha hablado fuerte: Manuel Bartlett director general de la CFE señala que la Reforma Energética de 2013 instauró un sistema de robo en el mercado eléctrico. Luis Bravo director de Comunicación Corporativa de CFE afirma que la reforma eléctrica actual no atenta contra privados, pero trata de acabar con el atraco a CFE.
En la plenaria en el Senado, de la fracción legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Rocío Nahle, secretaria de Energía, sostuvo el 30 de enero que se revisarán las veces que sean necesarios los contratos de generación de electricidad firmados en el sexenio de Peña Nieto entre la CFE y corporaciones energéticas privadas. Calificó de oscuros y viciados muchos de esos convenios. Sobre el pago de indemnizaciones, en caso de que las empresas demanden y decidan no participar bajo el nuevo esquema que proponga la CFE, Manuel Bartlett ha dicho que no se pagaría nada porque se trata de una decisión constitucional. Por eso hay que corregir los contratos abusivos impuestos a la CFE como herencia del viejo régimen, sin indemnizar a los que ya abusaron y obtuvieron ganancias ilícitas. Por su parte, la gobernadora de Campeche Layda Sansores afirmó que no hay forma de negar la reforma eléctrica. La actual es un asalto a la patria y llamó a salir a las calles a defender la propuesta que se discutirá en la Cámara de Diputados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado el 27 de enero una nueva gira por todo México para informar sobre reforma eléctrica y afirmó que busca que los mexicanos paguen menos por la luz, que se revisen los subsidios otorgados a empresas extranjeras y detener la “perversa intención de destruir a la CFE”. Va a impulsar la reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad tenga asegurada una participación de 54 por ciento en la generación de electricidad y la empresa privada el 46 por ciento, un mercado muy grande.
En marzo del año pasado ya se había realizado una reforma a la ley eléctrica para enfrentar el problema, pero los jueces apoyaron los amparos de corporaciones privadas y otorgaron suspensiones a la ley. El 15 de junio del año pasado el presidente López Obrador afirmó que no había deseado emprender una reforma constitucional en materia eléctrica para revertir la reforma energética aprobada en el pasado sexenio. Sin embargo, indicó que los amparos que jueces otorgaron a la reforma legal que emprendió su gobierno lo orillaron a tomar esa decisión. Se manifestó por “una reforma que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron por destruir a la CFE para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras. Necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones, porque así está ahora”, dijo.
Un hogar mexicano paga 2.3 pesos por cada kilowatt hora. Bimbo paga un peso; WalMart, 1.1, y Oxxo, 1.2. Las tiendas de conveniencia de Femsa pagan 14 mil 52 pesos (por consumo de 7 mil 807 KWh). Una tienda de abarrotes, un micronegocio de propiedad familiar, eroga 40 mil 592.
Por otro lado, la generación privada es intermitente y conlleva un riesgo. Por eso para mantener la red eléctrica, el porteo o flete o transporte CFE gasta 50 mil millones al año. Por eso se debería de aprobar la ley, para que se pague el porteo para que no cualquiera se pueda trepar a la red y sin costo. Se busca que el Estado regule, pues es imprescindible garantizar ese servicio vital.
La Reforma que impulsa AMLO, que revierte la privatización eléctrica, afecta a grupos como Bimbo, Femsa (embotelladora de Coca Cola y dueña de Oxxo), Altos Hornos de México, Grupo Posadas y la española Iberdrola. Por eso están tan enojados.
Recordemos que tras la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, el sexto párrafo del Artículo 27 Constitucional determinó la exclusividad de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Esa medida complementaba la nacionalización petrolera para tener el control de los energéticos estratégicos.
La Constitución garantizaba la soberanía energética clave para el desarrollo de México, porque es el motor de la economía, mueve toda la producción y distribución. Es estratégico para la soberanía económica, sin la cual no existe la soberanía política.
El sector energético y la generación eléctrica mueven la economía y por interés nacional debe ser controlada por el sector público. No por corporaciones privadas que usan las necesidades básicas de la gente para hacer negocio, acumular ganancias, ganar control sobre nuestra economía y control político para favorecer sus intereses. Además, utilizan las instalaciones de la nación sin pagarlas y disfrutan de subsidios que deberían ser para la población.
La política de privatización comenzó con Salinas de Gortari en 1992 reformó la ley de servicio público de la energía eléctrica, para abrir puertas a la inversión privada en la generación de electricidad: productores independientes de energía y las sociedades de auto abasto se dispararon con Felipe Calderón, integrados con socios patito para cometer fraude a la ley. La regresión culminó en 2013 con la Reforma Energética de Peña Nieto.
La reforma de marzo del año pasado y la constitucional que propone el Ejecutivo da prioridad en el despacho de las centrales eléctricas a la energía producida por las hidroeléctricas. En segundo lugar, a la energía generada en otras plantas de la CFE, y luego las de las corporaciones particulares. Pero éstas usaron el año pasado a los jueces para seguir manteniendo sus privilegios. Inmediatamente tras la reforma de marzo, en 14 horas hubo 1 mil amparos en el Poder Judicial.
También hay que contemplar la seguridad de la población. Hay un decreto de Protección Civil para generar la energía hidroeléctrica necesaria a fin de evitar el desfogue excesivo de las presas que causa inundaciones, como la ocurrida en Tabasco. Pero en contra se ampararon los consorcios privados y extranjeros. Las suspensiones otorgadas por un juez en contra la Ley de la Industria Eléctrica el año pasado, pone en riesgo de inundaciones a Tabasco, ahora que se acerca la temporada de lluvias, debido a que se sigue privilegiando el despacho de energía proveniente de las centrales privadas, y a consecuencia las hidroeléctricas no trabajan a toda su capacidad, por privilegiar a corporaciones para que sean ellas las que inyecten primero a la red de transmisión.
La subutilización de la infraestructura de la CFE, en el caso de la hidroeléctrica, tiene un impacto ambiental negativo, porque se prescinde de una energía renovable con el fin de priorizar flujos eléctricos generados con tecnologías que no siempre son limpias abastecida por productores privados.
Además, los privados no pagan la red, se cobijan en centrales de autoabasto con miles de socios de paja incluyendo a las empresas más importantes. Al usar las instalaciones de la empresa estatal para su provecho y vender el fluido, caen en competencia desleal, obtienen tarifas más atractivas y venden electricidad a terceros disfrazándolos de “socios”. Es el caso de Oxxo, Femsa o Walmart. Oxxo paga la luz más barata que la mayoría de familias y tienditas, a pesar de sus altísimos consumos.
Tras la difusión de un spot del 27 de enero en el que Oxxo, a la defensiva, asegura pagar lo justo por luz, la CFE contestó a la empresa asegurando que ésta tiene contratos ilegales de autoabasto para el suministro de energía. La corporación muestran en el video un recibo de luz que pagan 2.51 pesos por kilowatt hora, pero el 95 por ciento de su energía la reciben de sociedades de autoabasto como Iberdrola y Enel, como muchas otras que se han beneficiado de un sistema ilegal, porque no está permitido vender bajo ese esquema y no pagan la transmisión. Y con ese subsidio reciben menos tarifas. Esto explicaron el director de CFE Energía, Miguel Santiago Reyes, y el director de Intermediación de Contratos Legados, Mario Morales Vielmas. Los especialistas debatieron las declaraciones de la empresa e invitaron a su director a presentar sus datos en la conferencia matutina, luego de que la franquicia asegurara en el video que paga una tarifa justa por su consumo de electricidad y acusó a la CFE de producir energía cara y sucia.
Gracias estos contratos no pagan la transmisión de la energía a la CFE y obtienen un ahorro respecto a tiendas similares que pagan tarifas por KW/h de tres a seis veces más caras. El consumo que marca el recibo de energía es muy bajo para todo lo instalado en un Oxxo, además llega con una acometida trifásica a una subestación de la tienda. Una tienda de abarrotes paga alrededor de 3 mil pesos, apagando los refrigeradores al medio día un rato y al cerrar la tienda en la noche para no gastar tanta luz, cuando la Oxxo, con luz las 24 horas del día y varios refrigeradores, paga 10 veces menos.
Es hora de desfacer entuertos, actuar de cara al beneficio social, al fortalecimiento del sector público, al desarrollo económico del país y avanzar hacia la soberanía energética, vital para la soberanía nacional. Recordemos que sin soberanía energética no hay soberanía económica y sin ésta no existe la soberanía política y popular.
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