Estallido social, si se impone reforma educativa
Maestros de Guerrero durante una protesta este viernes.
Foto: Miguel Dimayuga.
Foto: Miguel Dimayuga.
La
reforma educativa está dictada por despachos económicos que no conocen
la realidad nacional, elimina los derechos laborales de los docentes,
carece de criterios equitativos para evaluar y aniquila el concepto de
gratuidad. Ese es el proyecto que quiere imponer el gobierno de Enrique
Peña Nieto, aseguran profesores disidentes de Oaxaca, Michoacán y el
Distrito Federal (que se suman a la lucha de los guerrerenses) y es la
que, afirman, no están dispuestos a permitir
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Por considerarla privatizadora y regresiva, porque aseguran
que atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación –que
no fueron escuchados en su elaboración– y por sentirse señalados como
causantes del rezago educativo, los militantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Comité Ejecutivo
Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (CEND-SNTE) no están dispuestos a dejar pasar la reforma
educativa de Enrique Peña Nieto. Antes que aceptarla, dicen, pelearán
por detenerla en las calles, con la voz y con el cuerpo.
Entrevistados por Proceso,
cuatro dirigentes del magisterio disidente en Michoacán, Oaxaca y el
Distrito Federal, donde además de Guerrero se han hecho fuertes,
coinciden en que de concretarse los cambios que dicta la reforma en el
sistema educativo se avecinaría un estallido social.
Explican que
la radicalización de la protesta ha subido de tono a la par que el
discurso oficial a partir de las declaraciones del secretario de
Educación, Emilio Chuayffet, el miércoles 3, cuando advirtió que a los
maestros que se ausentaran de sus escuelas por participar en los
reclamos se les despediría, y del discurso de Peña Nieto –un día después
de que la Policía Federal desalojara a quienes se manifestaban en la
Autopista del Sol– en el que sostuvo que “la ley no se negocia” y que
“el uso de la fuerza pública es último recurso sobre el cual tiene el
Estado no sólo atribución sino obligación de hacer valer para hacer
respetar los derechos de toda la ciudadanía”.
“Nosotros les
decimos que no se permitirá la aplicación de leyes injustas. Casi todos
los trabajadores de la educación estamos contra esta reforma y la
inconformidad se va a ir extendiendo por el país. Si otros estados toman
el rumbo de Guerrero, donde se han ido uniendo otros ciudadanos,
seguramente aun de manera física detendremos la reforma educativa.
“Es
el único método que tienes de hacerte valer en los momentos de más
cruel intransigencia del Estado. Y no es que promovamos la violencia. El
que enturbia el ambiente es el gobierno cuando dice que las leyes no se
negocian, cuando dice el que no trabaje se va. Eso hace que el
magisterio se agite más y esté dispuesto cada vez más a dar la batalla.
“Lo
otro –y se lo hemos mandado decir al secretario de Educación– es que si
la decisión es irreversible, no habrá papel suficiente para las órdenes
de finiquito de la relación laboral de los trabajadores de la
educación.
“Y le decimos también que si la decisión es tan grande y
quieren aplicar su ilegalidad hecha legal, pues las cárceles no van a
ser suficientes para que metan a los inocentes trabajadores de la
educación”, dice Artemio Ortiz Hurtado, secretario del CEND-SNTE, quien
pese a todo asegura que los maestros privilegiarán vías alternas, como
los más de 200 mil amparos contra la reforma que, asegura, han
presentado, un paro nacional de labores y la aplicación de un programa
de estudios alternativos al oficial, ya elaborado, a partir del ciclo
escolar 2013-2014.
Juan José Ortega, secretario general de la
sección XVIII de la CNTE, en Michoacán, quien lideró las negociaciones
del magisterio con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación
el jueves 4 y el martes 9, aseguró que no hay congruencia en la palabra
de las autoridades.
“No es lo mismo lo que se discute a puertas
cerradas que el discurso de Enrique Peña Nieto o del secretario de
Educación. Esto pone en un estado de alerta a la Coordinadora. Su falta
de sensibilidad nos está orillando a radicalizar las acciones. Ya no hay
credibilidad, no hay confianza en ellos. Están administrando el
movimiento para darnos un golpe muy al estilo que tiene este gobierno,
como un ejercicio más de traición”, dice el maestro, quien anuncia una
movilización nacional el lunes 15 rumbo a un paro indefinido de labores.
El
michoacano le advierte a Peña Nieto que tendrá que “enfrentar” un
problema más allá de lo que es la “agresión” contra el magisterio,
porque el pueblo se está organizando para defenderse también de las
reformas fiscal y energética:
“Recordemos que el caso Guerrero
adquiere otra dimensión con las organizaciones sociales que están en el
acompañamiento a nuestros hermanos. En Michoacán ya somos 48
organizaciones en la conformación de un frente único de trabajadores. No
hay más. Aún estamos privilegiando el diálogo, pero los tiempos nos
consumen”.
Rubén Núñez Ginés, dirigente de la Sección XXII del
magisterio en Oaxaca, dice conocer de cerca la cara más vieja del PRI.
No le sorprende la embestida contra el magisterio.
“El sistema
político nacional y del Estado tienen una deuda por la represión de 2006
que encabezó el espurio Ulises Ruiz. El magisterio oaxaqueño no se
olvida de esa agresión. Conocemos cómo es la política en los gobiernos
priistas y hoy reiteramos que tienen como objetivo la represión de los
derechos de los trabajadores. Pero hoy los escenarios son distintos. Hoy
los gobiernos tienen que pensarlo muy bien antes de cometer algún abuso
contra los trabajadores.
“Lo estamos viendo en Guerrero. La
Coordinadora está muy fortalecida, las secciones de los estados se
manifiestan de manera muy contundente. No hay temor alguno”, dice y
asegura que de tener que “salir” una vez más, no estarían solos. Afirma
que contarían con la presencia de un “movimiento popular” formado por
campesinos, amas de casa, estudiantes, padres de familia y trabajadores
de distintos rubros, todos “dispuestos” a organizar una gran cruzada
nacional.
Para Francisco Bravo, líder de la CNTE en el Distrito
Federal, el conflicto es reflejo de un gobierno autoritario en “el
regreso al presidencialismo reacio”, donde el que decide es el
presidente y se acabó. “Si el magisterio no se mueve, si no hay indicios
de protesta, ellos se van a servir con la cuchara grande en la ley
reglamentaria.
(Extracto del reportaje principal que se publica en Proceso 1902, ya en circulación)
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