Las leyes de la “contrarreforma”: Grupo México, el mal ejemplo a seguir
CONTRALÍNEA
/Cuarta parte
El peor desastre ambiental en la historia
de la minería en México está a la vista de todos como palpable ejemplo
del gigantesco riesgo ecológico que está por venir con la entrada en
vigor de la reforma energética en el país. Chevron, Shell, Iberdrola y
otras tantas trasnacionales que se enlistan ya para saquear el
territorio nacional, compiten con el consorcio de Germán Larrea en el
recuento de los daños ecológicos dejados, cual tétrica estela, en los
países donde han asentado sus depredadores proyectos energéticos.
Lo
acontecido el pasado 6 de agosto en la mina Buenavista, en Cananea,
Sonora, donde se derramaron al cauce de los ríos Bacanuchi y Sonora 40
mil litros de sustancias tóxicas, es un crimen de lesa humanidad
originado por la acostumbrada irresponsabilidad e impunidad con que
opera Grupo México, monopolio que desde hace muchos años goza del más
absoluto solapamiento por parte de las autoridades nacionales.
Sin embargo, ahora su homicida acción no
quedó sepultada en los fríos socavones de una mina como sucedió en
febrero del 2006 en que por falta de medidas de seguridad en Pasta de
Conchos, Coahuila, perdieron la vida 65 mineros. La avaricia de Larrea
por no invertir en equipos que garantizaran la seguridad de los obreros,
condujo a un crimen industrial por el que el voraz empresario sigue
teniendo cuentas pendientes con la justicia.
Ese desmedido afán de lucro fue el que le
hizo no atender los lineamientos que en materia de seguridad ambiental
imponen las leyes en la materia. Como lo constataron tanto diputados
federales como los propios descuidados funcionarios de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la empresa no construyó las
tres piletas de recuperación establecidas como requisito indispensable
para el funcionamiento de la de lixiviación del cobre (proceso de
limpieza del metal). La planta funcionaba sólo con una, lo que hizo
imposible que al suceder el percance se evitara que el derrame de las
sustancias tóxicas fuera a parar al lecho de los ríos, de los que no
únicamente obtienen agua potable siete municipios y más de 25 mil
habitantes de la región, sino la propia ciudad de Hermosillo.
Ya no fueron 65 familias de mineros las
que decidieron alzar la voz sino toda una región de un estado que ahora
paga las consecuencias sociales de un empresario que ha llegado a tales
extremos de cinismo que, en una primera instancia, quiso deslindarse del
agudo problema mediante la publicación de desplegados y la emisión de
falsos comunicados donde intentó culpar de su criminal acción lo mismo a
las “lluvias atípicas” –que nunca se registraron–, como a una empresa
contratista que, a su decir, colocó mal un tubo que propició la fuga.
Para Larrea, empero, las cosas no han resultado tan sencillas como esperaba y la multa de 40 millones de pesos –quitarle un pelo a un gato–, que en un principio se dijo sería el pago pecuniario a su falta, se la llevó la corriente de las contaminadas aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi, que a su paso han terminado por sacar a flote,
además de la bajeza moral con que actúa el empresario, toda una serie
de situaciones irregulares en la torcida política local de aquella
entidad, al grado de terminar enfrentando a la administración del
panista Guillermo Padrés con el gobierno federal, a través de los
delegados de dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la Profepa
y la Semarnat, que ante la férrea defensa que el gobernador asumió de
Grupo México, y las acusaciones vertidas en su contra, se vieron
orillados a denunciar la existencia de una ilegal represa que el
mandatario construyó en su rancho Pozo Nuevo, en Ramos Arizpe, con
capacidad para 10 millones de metros cúbicos. Así de pequeña, como los privilegios ilícitos del corifeo de Larrea.
Al paso de los días es innegable que
desde un principio, además de tener como aliado al gobernador sonorense,
Larrea ha contado con la complicidad del secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, al parecer, más preocupado en no dañar sus alianzas
políticas en la confección de su candidatura al gobierno de Nuevo León,
que en velar por los intereses de los habitantes afectados en los
márgenes del Río Sonora.
Todavía no se conocía a bien las
dimensiones del colosal desastre y el funcionario ya daba por sentado
que no se revocaría la concesión a Grupo México. Conforme las graves
consecuencias fueron surgiendo, hábilmente Guajardo dejó que las
diversas instancias montaran la parafernalia de investigar a la
subsidiaria del monopolio minero, e incluso clausuraran algunas de sus
áreas de trabajo, pero no la planta.
El secretario de Economía ha insistido,
al igual que el gobernador Padrés, en que el consorcio es una fuente de
generación de empleos y, que de dársele una segunda oportunidad y de
permitírsele aumentar su producción –no hay que olvidar que la veta que
explota la minera Buenavista es una de las más grandes del mundo–,
podría generar más de 10 mil empleos. La misma tesis que han esgrimido
los panegiristas de la reforma energética para consentir que en las
leyes secundarias se otorguen todo tipo de laxitudes a las
trasnacionales.
Sin embargo, la realidad social es muy
distinta, como lo mostró el actual desastre ecológico. Hace 5 años
fueron despedidos 1 mil 800 mineros por haberse opuesto a trabajar en
condiciones inseguras e insalubres, denunciando la existencia de
irregularidades similares a las que provocaron la tragedia de Pasta de
Conchos. El entonces secretario del Trabajo y Previsión Social –hoy
servil senador a las órdenes de Televisa– Javier Lozano Alarcón declaró
inexistente su movimiento de huelga y consintió la presencia de un
sindicato blanco, que sumisamente aceptó pactar con Larrea un contrato
colectivo donde no se incluye la prestación del seguro social a los
trabajadores. Tal situación brincó a la palestra de las calamidades
cuando muchos de los habitantes presentaron problemas de salud a raíz de
la contaminación de los afluentes de los ríos. Hasta entonces, y en
medio de la vorágine, funcionarios y diputados se dieron cuenta de que
los mineros y sus familias no cuentan con servicio médico. Así de
bondadoso es Germán Larrea, que ahora se ha apuntado para adquirir una
de las dos cadenas nacionales de televisión abierta.
¿Es este tipo de empleos los que
engrandecen a Sonora, de acuerdo con el convenenciero cristal con que
miran el delicado asunto el secretario de Economía y el gobernador
Padrés? ¿Es Larrea el tipo de empresario que requiere el país para salir
adelante?
A 1 mes y medio de ocurrido el incidente,
las posiciones han terminado por polarizarse y politizarse, pues
mientras los diputados de todos los partidos, exceptuando algunos
panistas, solicitan al gobierno federal “una sanción ejemplar, tanto
penal como administrativa en contra de la empresa minera Grupo México”,
el secretario de Economía insiste en que Larrea pague los daños y
perjuicios ocasionados a los habitantes de esa región de Sonora y que se
estiman en alrededor de 2 mil millones de pesos, por supuesto, de
acuerdo con el funcionario, sin tocar en lo absoluto la concesión del
depredador consorcio.
La suma, aunque es muy superior a los 40 millones de la multa inicial, representa apenas un pequeño a rasguño
a las estratosféricas ganancias que obtiene anualmente el monopolio y
que rondan los 2 mil millones de dólares, unos 25 mil millones de pesos.
La cuestión de fondo es que si la actual administración no aplica
realmente un castigo ejemplar a Larrea, estará dando luz verde para que
las trasnacionales cometan desastres iguales o peores, conscientes de
que aportando una mínima parte de sus cuantiosos recursos, se librarán
de todo problema.
No está de más apuntar que aún es tiempo
de que los legisladores revisen a fondo las leyes secundarias que
aprobaron sin analizar a detalle en su contenido. Como ejemplo están los
cambios realizados a la Ley de Aguas Nacionales, que otorgan desmedidos
privilegios a las trasnacionales petroleras y gaseras, sobre todo para
el uso indiscriminado del vital líquido en el sistema de extracción
conocido como fracking (fractura hidráulica).
La conclusión final de este inédito
desastre ambiental no admite dobleces oficiales ni políticos: si no se
retira la concesión a Grupo México, las señales que funcionarios como
Ildefonso Guajardo estarán enviando a todo el país y al mundo apuntarán
nuevamente a fortalecer una palabra que hiere no sólo la conciencia
nacional sino a la propia economía: impunidad.
Martín Esparza Flores*/Cuarta parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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