Organizaciones sociales exigen presentación con vida de normalistas desaparecidos
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Una mujer en espera de información sobre los normalistas desaparecidos en Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz |
Además, consideraron que los hechos ocurridos en Iguala “son tan sólo una prueba del clima de violencia e impunidad que reina en el país, y de la ineficiencia de una política de seguridad con perspectiva de derechos”.
En la víspera de la conmemoración del 46 aniversario la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, la Red TDT llamó a los organismos públicos de derechos humanos llamaron a desplegar “un operativo especial de observación” durante el evento ante el contexto de violencia institucional contra los movimientos sociales.
Por su parte, el Frente por la Libertad de Expresión, de la que forman parte algunas organizaciones de la Red TDT y otras organizaciones, anunció que acompañara a los manifestantes en su marcha, y pidió a las comisiones de derechos humanos nacional y capitalina emitir medidas precautorias para que las procuradurías General de la República y General de Justicia del DF, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del DF y a la Policía Federal, “garanticen el libre ejercicio de los derechos humanos de protesta, manifestación pública, de expresión, de asociación, además de respetar los derechos de movilidad, de libertad, de seguridad e integridad personales de los asistentes a las movilizaciones” de este jueves.
En un comunicado firmado por 74 organizaciones sociales de 22 entidades del país se da cuenta de los hechos violentos contra normalistas y ciudadanos de Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre, los cuales, advierten, son muestra “de la gravedad de la crisis humanitaria que enfrenta el estado Guerrero y de la descomposición de sus fuerzas policiales”.
Tras una narrativa de la secuencia de ataques en los que fueron ejecutados extrajudicialmente tres estudiantes, y otras tres perdieron la vida entre ellas un menor de edad, así como 20 heridos, uno de ellos un normalista con muerte cerebral y 43 desaparecidos, de entre 17 a 25 años, las organizaciones urgieron a la localización de los estudiantes no localizados, incluidos aquellos que fueron detenidos por policías municipales y no fueron puestos a disposición de autoridades competentes.
Al reconocer la detención de 22 policías municipales, las organizaciones condenaron “estos actos de barbarie, que son pruebas fehacientes de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural isidro Burgos de Ayotzinapa”, e insistieron en la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
“Es urgente que las autoridades estatales y federales lleven a cabo acciones coordinadas extraordinarias para localizar a los jóvenes desaparecidos, especialmente ante el reconocimiento de las detenciones por actores estatales”, apuntaron las organizaciones en su comunicado.
Exigieron a las autoridades estatales y federales que “garanticen de manera inmediata la seguridad e integridad de los 43 estudiantes desaparecidos, se presenten con vida a la brevedad, y se garanticen el derecho a la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de esta masacre y sus familiares, así como la atención integral, médica y psicológica de los estudiantes heridos y de los que interpusieron denuncias”.
Preocupadas por el “clima de violencia e impunidad que reina en el país”, las organizaciones civiles exigieron “castigo a los responsables por acción y omisión por esta masacre en el que la ejecución extrajudicial y la desaparición se utiliza como método de control social contra la población estudiantil, por exigir sus derechos”.
Frente a ese escenario represivo hacia los estudiantes y en el contexto de las movilizaciones sociales para recordar la matanza del 2 de octubre de 1968, la Red TDT hizo un llamado a los organismos públicos estatales y nacionales de derechos humanos a desplegar un operativo especial de observación.
Asimismo recordaron la obligación del Estado mexicano de dar garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos para realizar su labor de acompañamiento a víctimas y anunciaron que estarán pendientes de la situación de estudiantes desaparecidos así como de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En tanto las organizaciones integradas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, así como el Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 y el Colectivo del Tribuno Popular, pidieron a las comisiones de derechos humanos nacional y del DF medidas cautelares para que autoridades federales y de la Ciudad de México garanticen los derechos de los manifestantes de las movilizaciones de este jueves 2, y que serán monitoreadas por el Frente.
En un comunicado informaron también de la presentación de 20 demandas de amparo “en contra de disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal que imponen la obligación de aviso previo por escrito con al menos 48 horas antes de una manifestación, prohíben de manera absoluta el uso de vías primarias y habilitan facultades discrecionales a la policía para el uso de la fuerza”.
Los amparos que representan a 14 mil personas, entre ellas miembros de sindicatos, colectivos estudiantiles, periodistas y organizaciones de derechos humanos, han tenido respuesta en los juzgados federales.
Señalaron que “en días recientes, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal concedió dos suspensiones provisionales que protegen a colectivos estudiantiles contra estas disposiciones hasta que se resuelvan los juicios correspondientes”, lo que consideran como “un precedente importante en la protección del derecho a la protesta” en la capital de la república.
Al recordar que del primero de diciembre de 2012 y diciembre de 2013, como resultado de manifestaciones sociales en la ciudad, fueron privados de la libertad por lo menos 294 jóvenes, los integrantes del Frente exhortaron a la SSP-DF “a abstenerse de aplicar el Protocolo de Actuación Policial para el control de Multitudes, ya que además de legitimar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, contempla disposiciones que contravienen el principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y seguridad personales, e impone restricciones injustificadas al derecho a la manifestación pública y a la protesta social”.
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