Afecta a tribu yaqui construcción del acueducto Independencia
El pasado 11 de febrero la Misión Civil de Observación de la Consulta a
la Tribu Yaqui presentó a las afueras de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación el informe Una sentencia fallida: actualización del proceso de consulta yaqui sobre el acueducto IndependenciaFoto Roberto García Ortiz
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de marzo de 2015, p. 42
Miércoles 4 de marzo de 2015, p. 42
La construcción y operación del acueducto
Independencia ha provocado graves daños a los derechos fundamentales de
la tribu yaqui, aseguraron académicos universitarios y defensores de
garantías fundamentales.
Aunado a ello, enfatizaron, existe una sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), con fecha de 8 de mayo de 2013 y que
fue ratificada el 21 de enero de 2015, que acredita algunas de esas
violaciones, pero ni el Ejecutivo federal ni el local la han cumplido,
pues la obra sigue operando.Durante el foro el Poder Judicial frente a los derechos de la tribu yaqui, que se realizó ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez, investigador de esa dependencia universitaria, dijo que el incumplimiento de la sentencia pone en entredicho la división de poderes, pues
el máximo órgano de protección de justicia es incapaz de someter a un Poder Ejecutivo, en este caso local, a cumplir la resolución.
Indicó que las actuales políticas del llamado
desarrollorepresentan un
ciclo del capitalismo del desastre, debido a que pretende convertir los recursos naturales en fuente de beneficios excluyentes, lo que representa una grave violación a los derechos de las mayorías.
Reconoció la sentencia de la SCJN; sin embargo, criticó que el máximo tribunal sea incapaz de obligar a que se ejecute la resolución. Otra es que si bien el fallo garantizó a los yaquis el derecho a la consulta, evitó que la posible negativa sea vinculante para detener el acueducto.
Un elemento más, destacó, es que el proyecto no cuenta con una manifestación de impacto ambiental, tal como lo marca la ley, además que tratados internacionales asientan que la consulta a los pueblos originarios debe ser previa, libre e informada, garantías incumplidas, porque
el proyecto ya está construido, dos voceros están presos y el Ejecutivo no ha entregado la información necesaria para la toma de la decisión.
Para el académico, la resolución del caso yaqui será el precedente para el resto de los conflictos presentes y futuros entre megaproyectos y la defensa de los derechos de las comunidades originarias y sus territorios, particularmente porque con las reformas estructurales éstos se incrementarán.
Úrsula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y
quien ha acompañado jurídicamente a los yaquis, hizo una síntesis del
proceso legal, las resoluciones favorables y el incumplimiento de las
mismas. Enfatizó en la necesidad de que la sentencia de la SCJN se
cumpla para detener la operación del acueducto.
Pablo Reyna, director del Programa de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, indicó que en diversas ocasiones gobernantes, empresarios y el propio Poder Judicial se han encargado de hostigar a quienes defienden sus territorios ante la construcción de megaproyectos.
Tan sólo este fin de semana, dijo, se dieron tres casos de comunidades que se oponen a la construcción de un gasoducto, en la región tarahumara; un proyecto de fractura hidráulica, en la Huasteca, y el caso en el que 60 pueblos de Morelos se alzaron contra varios proyectos de los gobiernos federal y municipal.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, manifestó su preocupación por que en el país el derecho penal se use para criminalizar a los opositores a estos proyectos, como el caso de los yaquis, cuyos voceros, Mario Luna y Fernando Jiménez, son acusados de privación ilegal de la libertad, robo y otros ilícitos.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que el caso de la tribu yaqui no ha sido objeto de atención plena ni se ha dado una solución en la que se ponga en el centro de la atención a los protagonistas, es decir, a los pobladores de esa comunidad.
Fuente
Pablo Reyna, director del Programa de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, indicó que en diversas ocasiones gobernantes, empresarios y el propio Poder Judicial se han encargado de hostigar a quienes defienden sus territorios ante la construcción de megaproyectos.
Tan sólo este fin de semana, dijo, se dieron tres casos de comunidades que se oponen a la construcción de un gasoducto, en la región tarahumara; un proyecto de fractura hidráulica, en la Huasteca, y el caso en el que 60 pueblos de Morelos se alzaron contra varios proyectos de los gobiernos federal y municipal.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, manifestó su preocupación por que en el país el derecho penal se use para criminalizar a los opositores a estos proyectos, como el caso de los yaquis, cuyos voceros, Mario Luna y Fernando Jiménez, son acusados de privación ilegal de la libertad, robo y otros ilícitos.
Se debe tener claro cuál es el rol que los jueces deben jugar ante estos conflictos sociales, porque no son aislados, y cada vez se dará mayor tensión entre la defensa de los pueblos indígenas y los promotores de los megaproyectos, por lo que correspoderá a los juzgadores hacer el balance, explicó.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que el caso de la tribu yaqui no ha sido objeto de atención plena ni se ha dado una solución en la que se ponga en el centro de la atención a los protagonistas, es decir, a los pobladores de esa comunidad.
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