Inician ayuno mujeres migrantes del penal de Tapachula
6 de agosto de 2015
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Familiares de las migrantes detenidas protestan en el penal de Tapachula. Foto: Isaín Mandujano |
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Migrantes centroamericanas
recluidas en el penal de Tapachula, acusadas del delito de trata de
personas, iniciaron este jueves una huelga de hambre para protestar así
en contra de autoridades de la PGJE y el Poder Judicial del Estado
(PJE), a quienes acusaron de “fabricarles” delitos.
Junto a sus familiares y amigos que se sumaron a la protesta frente a los juzgados del fuero común, unas 19 mujeres originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala denunciaron en un extenso documento que fueron injustamente encarceladas en el marco de operativos que realiza el gobierno estatal contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
Las ayunantes prestaban el servicio de meseras, “ficheras” o cocineras en bares y restaurantes y dijeron que fueron detenidas de forma arbitraria hace cuatro años, y otras recientemente, en el marco de una ola de capturas de la PGJE para simular el “combate frontal” a la trata en la frontera sur y así justificar recursos entregados por organismos internacionales.
Afuera del penal otras tres mujeres migrantes también se unieron a la huelga, Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales, quienes también estuvieron presas acusadas de trata de personas, sin embargo, lograron demostrar la “fabricación” de delitos.
En un documento dirigido a Ban Ki Moon, secretario general de las ONU y a Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las quejosas exponen todos y cada uno de los casos de las mujeres presas en el penal de Tapachula.
Luis Rey García Villagrán, del organismo civil Centro por la Dignificación Humana, asesor y defensor de las migrantes, dijo que “en todos los casos la PGJE no ha podido configurar el delito de trata, y mucho menos del delito de tentativa de trata, pues no hay consumación del requerimiento de esta esclavitud”.
Luego expuso que “en ningún caso se secuestró o engañó a las supuestas víctimas de trata, y que éstas ejercían, en algunos casos, ‘la fichada’, y en los menos la prostitución”. Y que nunca estuvieron restringidas de su libertad; tampoco se comprobó que hayan sido “enganchadas” contra su voluntad en alguna región o bien reclutadas forzosamente por un grupo delincuencial.
García Villagrán señaló que en todos los casos la PGJE argumentó que sus capturas derivaron de supuestas denuncias anónimas.
El grupo de 19 mujeres, indicó, se presentaron de manera voluntaria al lugar en que se les ofreció el trabajo sin ser obligadas o coartadas de su libertad y tampoco existe dentro del sumario que se haya acreditado su situación de vulnerabilidad.
Para García Villagrán, quien revisó a detalle las declaraciones de cada una de las migrantes, dijo que se advierte que si bien tenían una condición económica precaria, lo cierto es que contaban con capacidades que les permitía buscar una actividad laboral distinta a las que se les ofrecía, sin embargo, ellas decidieron voluntariamente aceptar el empleo que se les ofrecía.
En este contexto, dijo que lo único que ha buscado la Procuraduría de Chiapas es simular un “”combate frontal a la trata” y hacerse de recursos vía la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
Entre las ayunantes destacan Ana Isabel Lobos Ramos, Guadalupe Pérez Rodríguez y Lilian Elisabeth Aguilar, de Guatemala; las mexicanas Angélica María Monzón Gordilllo y Azucena María Bartolón Morales, y otras originarias de Honduras y El Salvador, que en total suman 19 mujeres migrantes.
Por su parte, la PGJE ha presumido recientemente el “rescate” de más de 526 víctimas del delito de trata de personas.
Además, la dependencia resaltó que se ha consignado a 313 probables responsables y se han obtenido 54 sentencias, por las que unos 70 sujetos enfrentan penas que van de los nueve a los 39 años de prisión.
Fuente
Junto a sus familiares y amigos que se sumaron a la protesta frente a los juzgados del fuero común, unas 19 mujeres originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala denunciaron en un extenso documento que fueron injustamente encarceladas en el marco de operativos que realiza el gobierno estatal contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
Las ayunantes prestaban el servicio de meseras, “ficheras” o cocineras en bares y restaurantes y dijeron que fueron detenidas de forma arbitraria hace cuatro años, y otras recientemente, en el marco de una ola de capturas de la PGJE para simular el “combate frontal” a la trata en la frontera sur y así justificar recursos entregados por organismos internacionales.
Afuera del penal otras tres mujeres migrantes también se unieron a la huelga, Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales, quienes también estuvieron presas acusadas de trata de personas, sin embargo, lograron demostrar la “fabricación” de delitos.
En un documento dirigido a Ban Ki Moon, secretario general de las ONU y a Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las quejosas exponen todos y cada uno de los casos de las mujeres presas en el penal de Tapachula.
Luis Rey García Villagrán, del organismo civil Centro por la Dignificación Humana, asesor y defensor de las migrantes, dijo que “en todos los casos la PGJE no ha podido configurar el delito de trata, y mucho menos del delito de tentativa de trata, pues no hay consumación del requerimiento de esta esclavitud”.
Luego expuso que “en ningún caso se secuestró o engañó a las supuestas víctimas de trata, y que éstas ejercían, en algunos casos, ‘la fichada’, y en los menos la prostitución”. Y que nunca estuvieron restringidas de su libertad; tampoco se comprobó que hayan sido “enganchadas” contra su voluntad en alguna región o bien reclutadas forzosamente por un grupo delincuencial.
García Villagrán señaló que en todos los casos la PGJE argumentó que sus capturas derivaron de supuestas denuncias anónimas.
El grupo de 19 mujeres, indicó, se presentaron de manera voluntaria al lugar en que se les ofreció el trabajo sin ser obligadas o coartadas de su libertad y tampoco existe dentro del sumario que se haya acreditado su situación de vulnerabilidad.
Para García Villagrán, quien revisó a detalle las declaraciones de cada una de las migrantes, dijo que se advierte que si bien tenían una condición económica precaria, lo cierto es que contaban con capacidades que les permitía buscar una actividad laboral distinta a las que se les ofrecía, sin embargo, ellas decidieron voluntariamente aceptar el empleo que se les ofrecía.
En este contexto, dijo que lo único que ha buscado la Procuraduría de Chiapas es simular un “”combate frontal a la trata” y hacerse de recursos vía la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
Entre las ayunantes destacan Ana Isabel Lobos Ramos, Guadalupe Pérez Rodríguez y Lilian Elisabeth Aguilar, de Guatemala; las mexicanas Angélica María Monzón Gordilllo y Azucena María Bartolón Morales, y otras originarias de Honduras y El Salvador, que en total suman 19 mujeres migrantes.
Por su parte, la PGJE ha presumido recientemente el “rescate” de más de 526 víctimas del delito de trata de personas.
Además, la dependencia resaltó que se ha consignado a 313 probables responsables y se han obtenido 54 sentencias, por las que unos 70 sujetos enfrentan penas que van de los nueve a los 39 años de prisión.
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