Abona el gobierno más violencia
REVISTA SIEMPRE!
Por Martín Esparza Flores
/
Martín Esparza Flores
Abonar presos políticos a las cárceles del país es retroceder en la
historia. Los maestros exigen su derecho constitucional a ser
escuchados.
CNTE
Mientras en el territorio nacional crece
el reclamo de la ciudadanía por acciones que garanticen su seguridad y
combatan frontalmente el crimen organizado, las autoridades emplean
todos los recursos policiales y de espionaje a su disposición para
ejecutar una escalada de detenciones en contra de los dirigentes del
magisterio democrático de la sección 22 de Oaxaca. Lamentable decirlo
pero en México representa un delito de mayor peligrosidad defender las
conquistas laborales de los maestros y el derecho a la educación
pública, que traficar con estupefacientes, extorsionar y secuestrar.
Sumamente grave que tras la lectura de
los resultados electorales del pasado cinco de junio, se insista en
relegar el diálogo con los profesores de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), anulando la búsqueda de una salida
negociada al conflicto magisterial. La sociedad agraviada tiene sólidos
motivos para preguntarse cómo es posible que a los educadores se les
trate como delincuentes de alta peligrosidad mientras hay cientos de
políticos corruptos, empresarios evasores, turbios dirigentes de
sindicatos corporativos y líderes de cárteles que no son molestados en
lo absoluto por la Procuraduría General de la República.
Aunque se insista en sustraer de las
detenciones de Aciel Sibaja Mendoza, tesorero de la Sección 22;
Francisco Villalobos, secretario de Organización; y de su secretario
general, Rubén Núñez Ginés, un trasfondo político, la celeridad y los
brutales métodos empleados para enviarlos a una especie de exilio hasta
el Cefereso de Hermosillo, Sonora, rememoran la guerra sucia de los años
setenta que creíamos superada en nuestro país.
Una vez más las autoridades del sector
educativo se aprestan a aplicar un plan de reformas a las normales del
país sin tomar en cuenta a profesores, alumnos y expertos en la materia.
Se insiste además en que los derechos laborales de los mentores no
serán afectados, pero ahora resulta que cualquier persona que tenga un
título universitario puede ser maestro, con el solo requisito de aprobar
un examen de selección, pues de acuerdo con el criterio oficial se debe
acabar con el “monopolio” de las normales en la formación de maestros.
Se acusa a los detenidos de supuesto
lavado de dinero cuando realmente la intención es imponer un ambiente de
intimidación y terror para desactivar una lucha de resistencia sindical
en contra de la impuesta reforma educativa que en la práctica está
menoscabando los derechos adquiridos por el magisterio democrático sin
que de parte de las autoridades haya un verdadero cambio de fondo al
modelo educacional al grado de que los libros de texto que tanto fueron
criticados al arranque de la reforma no han sufrido modificación alguna
en sus contenidos, lo mismo que los programas educativos.
Abonar violencia al conflicto
magisterial sólo va a generar más violencia; no puede prevalecer por
encima del diálogo y la concertación la ley tolete y el empleo excesivo y
autoritario de la fuerza policial y ministerial. Abonar presos
políticos a las cárceles del país es retroceder en la historia. Los
maestros exigen su derecho constitucional a ser escuchados, porque más
allá de la defensa de sus imaginarios privilegios está la salvaguarda de
la educación pública en el país.
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