El endeudamiento amenaza con inmovilizar al país
El
nivel de endeudamiento que enfrenta el país ha llevado al gobierno
federal a la paradoja de tener que gastar más en el pago de intereses de
la deuda que en el área de la inversión productiva para reactivar la
economía y generar empleos permanentes y bien remunerados.
Se
estima que durante el presente año deberán desembolsarse unos 568 mil
millones de pesos para hacer frente a los servicios de los empréstitos;
en tanto el recorte por 300 mil millones de pesos afectará
sustancialmente a renglones prioritarios como educación, salud y campo,
así como a incontables programas sociales. Al finalizar 2017, la deuda
pública rebasará con creces los 9 billones de pesos, representando más
del 51 por ciento del producto interno bruto (PIB). La estabilidad de
México, hay que decirlo, está en riesgo.
Y lo realmente preocupante es que, a
sabiendas de que se está comprometiendo el futuro de las próximas
generaciones y el desarrollo integral de la nación, la clase política
persiste en vivir en el eternizado error de mantener una política
económica que ha tolerado la corrupción, subsidiando los privilegios de
la alta burocracia a través del multimillonario gasto corriente y
convirtiendo a deuda pública los errores de los banqueros, pésimos
servidores públicos y empresarios, como ha sucedido con los emblemáticos
casos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el rescate carretero y
más recientemente la asunción de pasivos de Comisión Federal de
Electricidad y Petróleos Mexicanos por más de 2 billones de pesos.
En esta debacle financiera que parece no
tener fin, ha estado presente en las últimas 3 décadas la irresponsable
participación del Congreso, que ha autorizado la contratación de
innumerables empréstitos a los titulares del Ejecutivo en turno sin
exigir ni solicitar amplias explicaciones sobre el destino y objetivos
de los millonarios recursos.
De acuerdo con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la contratación de deuda está regulada
por la fracción VIII del Artículo 73, donde se estable con puntualidad
que el Congreso tiene la facultad “para dar bases sobre las cuales el
Ejecutivo puede celebrar empréstitos y para reconocer y mandar pagar la
deuda nacional en los ingresos públicos”.
En la Carta Magna se establece
claramente: “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución
de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos
públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación
monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante
alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los
términos del Artículo 29”.
¿Y cuáles son las excepciones contenidas
en el 29? Las citamos: “en los casos de invasión, perturbación grave de
la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave
peligro o conflicto”.
¿Acaso alguna de estas eventualidades se
ha presentado a lo largo de los últimos 6 sexenios? Entonces, ¿por qué
los diputados y senadores han permitido que el país esté con el agua hasta el cuello por el pago de los inmanejables intereses de la estratosférica deuda? Pero además, se crucen de brazos permitiendo que siga creciendo a un ritmo de casi 1 billón de pesos por año.
Si nos remitimos a la historiografía del
pasado siglo, podemos afirmar que todavía en las décadas de 1950 y
1960, los empréstitos contratos por los gobiernos de Adolfo Ruiz
Cortines y Adolfo López Mateos se ajustaron a los lineamientos
constitucionales para ser utilizados en proyectos del desarrollo
nacional, como la construcción de presas, infraestructura carretera,
fortalecimiento del agro y de las empresas públicas, como Ferrocarriles
Nacionales, Pemex y CFE; es decir, en el impulso integral de la
economía.
Por ejemplo, el gobierno de Adolfo López
Mateos dejó una deuda de 1 mil 700 millones de dólares, de los cuales,
200 fueron empleados para pagar a las empresas extranjeras –como la
American and Foreign Power y American Light and Power– por concepto de
la nacionalización de la industria eléctrica de 1960. No hay que olvidar
que, en esos años, la economía del país crecía a un ritmo sostenido del
6 por ciento anual del PIB. Hoy, con una deuda de 9 billones de pesos,
el PIB apenas y llega al 2 por ciento.
¿Qué pasó entonces? ¿Dónde y por qué inició el parteaguas del incontenible endeudamiento?
Si bien desde el sexenio de Gustavo Díaz
Ordaz en que se abandonaron los apoyos y subsidios al campo y a la
industria nacional, la deuda tuvo su primer salto significativo al
llegar al final de su gobierno a los 7 mil millones de dólares, el
asunto se tornó más grave con su sucesor, Luis Echeverría Álvarez: en
1974 el endeudamiento alcanzaba los 14 mil millones de dólares, lo que
derivó al término de su administración, en 1976, en que la paridad que
el peso mantuviera con el dólar por 22 años, de 12.50 por uno, cayera a
los 22 pesos por dólar.
Durante su primer año de gestión, José
López Portillo debió aumentar los empréstitos a los 29 mil millones de
dólares para finalizar su sexenio sumido en la corrupción, con una
economía en quiebra y derrumbada por el sueño de la abundancia
petrolera, que llevó al país a un endeudamiento de 82 mil millones de
pesos.
Pero el asunto de la deuda pública
apenas y empezaba a tornarse peligroso. Con el arribo al poder del
Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982, la tecnocracia asumió el control
del país siguiendo dócilmente las disposiciones financieras del Fondo
Monetario Internacional (FMI). El entonces presidente pactó con el
organismo el pago anual de 10 mil millones de dólares por concepto de
intereses, poniendo por aval para ser cubiertos nada menos que los
ingresos petroleros. Desde ese momento el costo de los compromisos con
la banca internacional recayó en los salarios de los burócratas y la
clase trabajadora en su conjunto, iniciándose el deterioro paulatino en
su nivel de vida y que hoy ha llegado a la cifra de 55.3 millones de
pobres.
Además de haber iniciado la venta de garaje
de 294 empresas públicas a precios irrisorios en detrimento de las
finanzas públicas, acatando los dictados del FMI, el endeudamiento lejos
de decrecer superó los 100 mil millones de dólares en el sexenio de De
la Madrid. Tan sólo por pago de intereses a los bancos internacionales
nuestro país sacó de las arcas públicas otros 60 mil millones de
dólares.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari, en el que se consolidó la teoría neoliberal como modelo
económico, de poco sirvieron medidas tales como la continuación de la
venta de empresas del Estado –como Teléfonos de México–, la puesta en
marcha del Plan Brady para reestructurar la deuda y la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio. El nivel de endeudamiento creció hasta
llegar a los 140 mil millones de dólares.
En la administración de Ernesto Zedillo,
el gobierno acudió en auxilio de los banqueros mediante el Fobaproa y
de otros empresarios con el rescate carretero, convirtiendo estos
inaceptables apoyos en deuda pública que aún seguimos pagando los
mexicanos. El nivel de endeudamiento alcanzó los 173 mil millones de
dólares, cifra que se disparó en el sexenio del panista Vicente Fox a
los 2 billones 128 mil millones de pesos.
El gobierno de Felipe Calderón, que
terminó en un completo desastre nacional, elevó la deuda pública a los
5.5 billones de pesos. Y ahora en este 2017 la cifra apunta a superar
los 9 billones donde, claro está, hay que incluir los pasivos de CFE y
Pemex, de 2 billones de pesos.
En este proceso de acumulación de deuda
es evidente que los empréstitos no han sido contraídos para mejorar la
economía del país ni el nivel de vida de millones de mexicanos, tal y
como lo marca la Constitución. Y peor todavía, en un sentido superlativo
de los excesos ahora se busca trasladar el pago de la deuda a los
ahorros de los trabajadores y los jubilados del país. Situación que no
debemos permitir y sí, por el contrario, pedir cuentas a quienes han
consentido y aprobado desde el Congreso tales niveles de endeudamiento
que únicamente han servido para amasar fortunas personales de
exgobernadores, beneficiar a la banca internacional y pagar privilegios
de una irresponsable clase política.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]
Contralínea 540 / del 22 al 28 de Mayo 2017
Comentarios