El “show punitivo” del gobierno de Macri
Mauricio Macri, presidente de Argentina. Foto: AP / Markus Schreiber
BUENOS AIRES (Proceso).- Con el pelo revuelto, ropa de dormir, descalzo, a primera hora de la mañana en su departamento en esta capital, Amado Boudou escuchó, el pasado viernes 3, la orden de detención que le leyó un oficial.
Boudou, vicepresidente del gobierno de Cristina Kirchner hasta diciembre de 2015, fue fotografiado esposado y rodeado de agentes de la Prefectura Naval Argentina, la fuerza de seguridad que fue por él. Y más tarde, ya vestido y con el chaleco antibalas propio del protocolo de estos operativos, fue escoltado hasta el vehículo policial que lo llevó al Juzgado Federal número 4, a cargo de Ariel Lijo.
Las escenas pudieron verse en los canales de noticias. Las fotos y los videos también se difundieron desde chats del Ministerio de Seguridad, del que depende la Prefectura.
El espectáculo ofrecido por la justicia federal, el gobierno y los grandes medios, multiplicado hasta el infinito por las redes sociales, tuvo impacto. El escarnio a Boudou en la plaza virtual del pueblo cosechó una espontánea aprobación de los sectores que se adhieren a la premisa sintetizada el 7 de julio por el presidente Mauricio Macri: “En Argentina se acabó la etapa de la impunidad, la discrecionalidad y la corrupción”.
El exvicepresidente Boudou fue conducido esa misma noche al penal de Ezeiza. Horas antes, la diputada Elisa Carrió, portavoz oficiosa del gobierno, había tuiteado a modo de brindis: “Viva la república”.
Boudou enfrenta varias causas ante la justicia, en su mayor parte vinculadas con su desempeño como ministro de Economía (2009-2011).
Lo juzgan por su presunta participación en la compra irregular de una empresa productora de papel moneda y se le investiga por irregularidades en la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa y en la compra de vehículos para el Ministerio de Economía.
Que la orden de arresto haya llegado por otra causa, iniciada en 2012, sin que mediara juicio, sentencia, procesamiento, llamado a prestar declaración indagatoria ni tampoco pedido alguno de parte del fiscal, generó la sensación de estar una vez más de cara a un fallo judicial en consonancia con los intereses del poder de turno.
La medida ordenada por el juez Lijo se dio sobre el final de una semana en la que tres organizaciones judiciales vinculadas con el gobierno lo habían denunciado, frente al Consejo de la Magistratura, por las presuntas demoras de su juzgado en el tratamiento de causas de corrupción.
Ya en el Juzgado Federal, Lijo acusó a Boudou de “ser el jefe de una asociación ilícita, incurrir en tres hechos de lavado de dinero y cometer el delito de enriquecimiento ilícito”.
El juez cree que los aproximadamente 2 millones de dólares con los que en 2009 José María Núñez Carmona, entonces socio de Boudou, se acogió a un blanqueo, eran en realidad de Boudou. Un préstamo de 80 mil dólares que Boudou hizo a su expareja y otros 80 mil que aparecen en la declaración impositiva de 2009 están también bajo sospecha.
Finalmente, a la hora de dictar la prisión preventiva, Lijo se valió de una reciente decisión de la Cámara Federal, que prevé que en causas de corrupción que implican a funcionarios o exfuncionarios, aunque el investigado se someta a derecho y no haya peligro de fuga, se le puede encarcelar si se considera que dispone de relaciones y recursos para entorpecer la investigación.
“Mucho más allá del caso de Boudou es claro que la Constitución y los tratados de derechos humanos exigen que se escuche al imputado antes de detenerlo preventivamente”, dice a Proceso Lucas Arrimada, profesor de estudios críticos del derecho de la Universidad de Buenos Aires.
“Además, el pedido de detención se da en medio de tensiones públicas entre el gobierno y diferentes sectores en conflicto dentro del Poder Judicial. La resolución judicial se puede leer, sin mucha dificultad, después de tanto tiempo con el expediente frenado, en el contexto de esas pujas poselectorales”, sostiene.
Doble vara
El funcionamiento de los Tribunales Federales, su discrecionalidad para acelerar o “cajonear” causas sensibles, ha quedado una vez más en el centro de la polémica. La prisión preventiva es un recurso que debería ser excepcional en una sociedad democrática, ya que ignora el derecho de toda persona a la presunción de inocencia. En Argentina, sin embargo, la prisión preventiva incluye hoy a 60% de la población carcelaria.
Una semana antes que contra Boudou, el mismo criterio se había aplicado contra el exministro de Planificación Julio de Vido, a cargo del manejo de las licitaciones de obra pública durante el kirchnerismo. Como en otras ocasiones, el oficialismo en un primer momento celebró, pero después, al percibir algunas reacciones en los sectores afines, intentó distanciarse de la orden del juez y de la difusión de las imágenes del operativo.
Desde el diario La Nación hubo críticas contra el espectáculo punitivo y la advertencia de que el criterio aplicado podría aplicarse también a varios funcionarios actuales, cuya posibilidad de entorpecer las investigaciones es elevada. El presidente Mauricio Macri está imputado bajo la sospecha de haber querido favorecer a su empresa familiar, Correo Argentino, en la liquidación de una deuda multimillonaria con el Estado.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, está imputado por haber pagado una comisión a un fondo común de inversión –del que había sido presidente– para que administre recursos de la seguridad social. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está imputada por presunto encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y la lista sigue.
La doble vara rige, sin embargo, como un tranquilizante natural. Mientras exfuncionarios y empresarios kirchneristas van a la cárcel, los actuales son sobreseídos de manera sumaria o ni siquiera son citados a declarar. La sospecha de un doble rasero a la hora de aplicar la ley flota en el ambiente. Sin ir más lejos, la causa de Correo Argentino, por la que se investiga a Macri, está a cargo del mismo juez que encarceló a Boudou.
“Hay una correlación de fuerzas del gobierno que inclina la cancha judicial a su favor, pero es cierto que esas dos son causas diferentes, de años diferentes, con complejidades y tiempos distintos”, dice Arrimada. “Sin embargo, más allá de la diferencia, veremos si en ésta última el poder judicial avanza con estos golpes de efecto como ante exfuncionarios ya sin poder.
“En el largo plazo, los estudios sugieren que las causas de corrupción terminan en impunidad judicial y en el olvido popular”, continúa. “En el corto plazo, mientras tanto, ayer y hoy, se oculta la doble moral y otros problemas urgentes con el show de la corrupción. Ese goce republicano frente a la corrupción en una sociedad hipócrita opera como un sedante, como un obstáculo para ver la corrupción como un problema estructural que cruza, con diferentes niveles, su clase política y toda la sociedad”.
Distintas corrupciones
Las encuestas muestran que la sociedad argentina se indigna ante la corrupción, pero la practica y la tolera. La culpa se deposita en los políticos pero no en los empresarios, que son quienes más se benefician de un trato perjudicial para el Estado.
Al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se le critica la corrupción clásica: cobro de comisiones para la adjudicación de contratos públicos. El núcleo del actual gobierno argentino está compuesto por ejecutivos de corporaciones.
“Cuando los empresarios asumen directamente la conducción del Estado, la figura de la coima (soborno) a veces se vuelve simplemente irrelevante”, escribió Ezequiel Adamovsky, doctor en historia, en un artículo reciente de la revista virtual Anfibia.
“Nadie necesita coimearse a sí mismo como incentivo para hacer lo que más le conviene. El Estado puso todo su aparato para que la letra de la ley coincida con el interés privado”, explicó.
Frente a los conflictos de interés que afectan a los más altos funcionarios, la justicia se mantiene expectante.
Varios jueces federales –que actúan una y otra vez en las causas con graves implicaciones políticas– son conocidos por la opinión pública argentina como las estrellas del espectáculo. El gobierno actual, como los anteriores, ejerce una fuerte presión sobre ellos. El avance es también notorio contra los fiscales.
“Dócil”, “amedrentado”, “tiempista” o “hiperactivo” son algunos de los calificativos que los jueces reciben de la prensa. Una encuesta de Managment & Fit, de septiembre de este año, revela que 75.6% de los argentinos tienen poca o ninguna confianza en el Poder Judicial.
“El Poder Judicial no es ‘La Justicia’ –aclara Arrimada–. Hay muchos jueces trabajadores y honestos, pero hay serios problemas estructurales que no permiten decir que estamos ante ‘La Justicia’.
“Ahora, los jueces de los tribunales federales de Buenos Aires son un tipo de animal político e institucional muy diferente al resto del ya muy imperfecto Poder Judicial en Argentina”, explica el jurista. “Buena parte de su función política actual tiene que ver con esa función legitimadora, de herramienta política y electoral”.
La modalidad del escarnio virtual ha cobrado nuevas dimensiones en Argentina. Para la detención de opositores bajo sospecha de corrupción se montan escenografías que remedan operativos contra narcotraficantes. A Arrimada se le pregunta si este tipo de espectáculos deslegitima lo que se entiende como administración de justicia.
“La deslegitimación del Poder Judicial existe y es muy fuerte, pero el show punitivo es productivo electoral y políticamente para el gobierno”, responde.
“Afecta la calidad institucional y viola garantías constitucionales, pero políticamente lo que genera es un populismo de la política contra la corrupción para tapar ese mismo problema en las propias filas del gobierno.
“El problema es que estos abusos judiciales no sólo deslegitiman los procesos, sino que pueden generar vicios procesales que anulen el proceso en etapas superiores”, abunda. “Los jueces firman cosas que pueden tener problemas técnicos en términos legales en el largo plazo, pero que en el corto son de alto impacto en términos políticos”.
Este reportaje se publicó el 12 de noviembre de 2017 en la edición 2141 de la revista Proceso.
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