Por las elecciones, alzas selectivas a la electricidad




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Para variar, las autoridades  justifican  el nuevo incremento a las tarifas eléctricas  en el  aumento al precio de los combustibles, de tal manera que el ramo industrial pagará entre un 2.6 y un 3.5 por ciento más por la luz que consuma en sus plantas mientras que el sector comercial verá incrementados sus recibos en un rango del 1.5 y al  2.4  por ciento, en tanto  que los hogares de alto consumo, regidos por la tarifa DAC,  pagarán un 1.5 por ciento extra a partir de este mes de noviembre.
En el ánimo y opinión de millones de mexicanos resulta irrebatible que la reforma energética no cumplió con ninguna de sus expectativas anunciadas y ha terminado encareciendo los precios tanto de la electricidad como del gas doméstico, las gasolinas y el diesel.
A principios de año cuando el gasolinazo impactó de manera directa en la economía de las clases menos favorecidas, los analistas de la tecnocracia insistieron en hacer creer al país que la medida no sería inflacionaria. Tal argucia no convenció a nadie y menos otro de sus sofismas sacados de la manga en el sentido de que en México se estaba subsidiando la gasolina de manera exclusiva para los propietarios de vehículos.
Trataron de ocultar que el incremento a los combustibles como la gasolina y el diesel tendría un impacto inmediato en el transporte público y de carga, y en actividades agrícolas e incluso la pesca. De nada  sirvió  maquillar las cifras macroeconómicas, la población resintió en sus bolsillos el alza en productos de la canasta básica y otros servicios. La desaprobación llegó al grado de generar disturbios  y se generalizó  al preguntarse la  gente  dónde quedaron las promesas oficiales de bajar el costo de las gasolinas.

Con los incesantes aumentos a las tarifas eléctricas ha sucedido lo mismo porque la reforma energética escondió en su ley secundaria el trasfondo de la privatización en las áreas antes reservadas al control del Estado como la generación y la comercialización, ahora abiertas a las leyes del libres mercado junto a los servicios de transmisión y distribución por los que los consumidores deberán pagar un costo adicional.
De manera silenciosa, las autoridades han ocultado la cruda realidad por venir, pues en el nuevo marco regulatorio de la reforma está indexado el retiro de los subsidios bajo el esquema de implantar “tarifas reales”. No es casual que en los últimos años los consumidores de todos los sectores, incluidos los de bajo consumo, han enfrentando incrementado de un 300 por ciento en sus recibos. Las consecuencias negativas a los sectores productivos y a la población en general son innegables.
En este laberinto de falsas promesas los estrategas del partido en el poder han tenido el cuidado de no aumentar el costo de la electricidad a los clientes domésticos de bajo consumo que equivalen a unos 36.7 millones de usuarios. Se aproxima el año electoral y saben los riesgos que implicaría el exacerbar el descontento entre  los votantes mayoritarios, quienes deben estar conscientes que una vez pasadas las elecciones deberán prepararse a un golpe similar al gasolinazo pero en sus recibos de luz al desaparecer los subsidios. La población debe exigir que la infraestructura eléctrica construida por todo el país sea en beneficio de las mayorías para negar su voto a aquellos que desmantelaron el sector energético sin tomar parecer a nadie.

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