Incrementos a combustibles derrumban reforma energética
Como
ocurrió hace 1 año, el naciente 2018 vuelve colocar en la palestra de
los cuestionamientos a una reforma energética que ni remotamente arroja
saldos positivos para la economía nacional y la de millones de hogares;
tras la liberación de los precios de los combustibles el pasado 1 de
diciembre, las gasolinas y el diésel registran en este enero un
incremento promedio del 6.5 por ciento, impactando en la actividad de
empresarios de todos los niveles, así como en la de los comerciantes y
agricultores.
Las
malas noticias se hacen extensivas en los hechos al incremento
registrado en el precio de la tortilla, que en algunas zonas del país se
ha elevado de 12 y 13 pesos hasta 18 y 19. Y mientras la Secretaría de
Economía juega a la demagogia discursiva al acusar a los molineros y
tortilleros de elevar arbitrariamente el costo del alimento por
excelencia en la mesa de los mexicanos, con datos y cifras en la mano
los inculpados demuestran que el origen de los incrementos está en la
errada política energética y agropecuaria de las autoridades.
Al echar lápiz
al asunto, dicen los molineros y tortilleros, resulta incosteable
mantener los actuales precios cuando sus recibos de electricidad se han
elevado al doble y, en algunos casos, se han triplicado; a esto hay que
sumarle los descontrolados incrementos al precio del gas, que en los
últimos meses de 2017 pasó de 6.40 pesos el litro a 10 pesos. Y en el
caso del gas doméstico de 13 a 19 pesos el kilo, luego de que desde el
1de enero de 2017 el gobierno dejó de regular los precios.
Entre
los fundamentos de la reforma energética se estableció que con la
liberación de los precios de los combustibles y la electricidad bajarían
los precios en beneficio de la población. Pero apenas entraron en juego
las reglas del libre mercado, las cosas se han salido del control para
las autoridades que ahora intentan detener la escalada de incrementos
con sanciones inocuas de la Procuraduría Federal del Consumidor, cayendo
en una franca contradicción.
Aunque
las voces oficiales buscan amortiguar políticamente los efectos
colaterales de los incrementos a la electricidad y los combustibles en
este año electoral, cargándoles nuevamente el Sambenito
de los factores externos como el alza en el precio de los
hidrocarburos, es inobjetable que las calamidades por venir apenas
comienzan.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) da un pequeño jalón de orejas
a los gasolineros, pues con los cambios establecidos en la reforma
energética para la venta de combustibles y la liberación de precios sólo
debe conformarse con que los empresarios le informen cuál es el costo
al que expenden la gasolina y el diésel a los consumidores. Hasta ahí su
“regulación”.
Datos de la propia CRE y
de Petróleos Mexicanos señalan que en el actual sexenio donde se
impulsaron las reformas estructurales los hechos han derrumbado a la
retórica oficial: los precios de las gasolinas y el diésel se han
disparado en el marco de la reforma energética de tal suerte que
mientras en 2013 el precio de la gasolina Magna –la de mayor consumo–
era de 12.13 pesos por litro, en los primeros días de 2018 llegó a 17.32
pesos; es decir, se ha incrementado en un 42.7 por ciento, mientras que
la Premium lo ha hecho en un 50.8 por ciento, al llegar a los 19.42 por
litro, cuando el precio máximo definido por la CRE es de 18.48 pesos.
Porcentajes
entre los que también ha oscilado el aumento al diésel que ya llega a
los 17.41 pesos por litro. Este combustible, empleado en actividades
agropecuarias, pesqueras y del transporte, ha tenido un impacto directo
en el precio de diversos productos de la canasta básica. Y lo seguirá
teniendo en el presente año, incidiendo en una mayor inflación que bien
podría superar el 6.69 por ciento con que cerró en 2017.
Ante
este escenario de imparables aumentos a la electricidad y los
combustibles, resulta imposible tanto para los molineros y tortilleros
como para los industriales, agricultores y comerciantes mantener los
precios de sus productos.
En el caso
del aumento a la tortilla tampoco puede ocultarse el indudable fracaso
de la política agropecuaria que, a 24 años de vigencia del Tratado de
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), ha terminado por ceder la
autosuficiencia alimentaria al exterior, ubicando a México en la
imposibilidad de producir el maíz que requiere para su consumo interno.
Es por este motivo que cualquier depreciación del peso frente al dólar
repercute en los costos de los granos que importamos sobre todo del
vecino país del Norte.
Y así como en el gasolinazo
de enero de 2017, que amenazó con desbordar los ánimos sociales, los
legisladores que impulsaron la reforma energética en el Congreso
buscaron deslindarse de las consecuencias de su irresponsabilidad
política, ahora en un año electoral donde se definirá al próximo
presidente de la República, los partidos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de
México, Movimiento Social y Nueva Alianza –que votaron por la liberación
de los precios de los combustibles el pasado 19 de octubre en San
Lázaro– se unen a la excusa oficial de justificar las incontrolables
alzas y sus efectos colaterales a situaciones del orden internacional,
cuando de sobra saben que la raíz del problema está en su complicidad
parlamentaria para avalar una reforma que representa un atentado a la
economía de millones de mexicanos.
En
este contexto de incrementos a los combustibles, con toda seguridad se
agudizará el problema del robo de combustibles por parte de los huachicoleros,
pues hay que admitir que aunque resulta un delito comprar gasolinas
extraídas de manera ilegal, en muchas zonas del país es la única forma
de paliar en algo las desmesuradas alzas que hacen imposible toda
actividad por el alto costo de los hidrocarburos.
Por
eso, este año electoral será de vital importancia para todos los
mexicanos con derecho a voto el razonar sobre un voto de castigo a
aquellos partidos que aprobaron las reformas que ahora arrojan
resultados desastrosos para todo el país.
Que
no vengan los partidos cómplices a querer apostarle a la desmemoria.
Los causantes de las alzas no únicamente a los combustibles y la
electricidad sino a toda una gama de productos y servicios tienen
nombres, apellidos y siglas partidistas. Los mexicanos están en su
derecho de cobrarles en las urnas su proceder en contra de la nación,
pues ahora sucede que por la reforma energética hasta las tortillas
serán un artículo de lujo.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]
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