Movimientos sociales alzan la mano
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Movimientos sociales alzan la mano
Los resultados electorales
del primero de julio son el espejo donde se mira el fracaso de la
política neoliberal implantada por la tecnocracia hace más de tres
décadas que devastó por igual la economía y el nivel de vida de millones
de hogares mexicanos, como también el derecho de las comunidades
indígenas y campesinas a defender sus territorios y riquezas naturales,
criminalizando por todo el territorio nacional la protesta social de
sindicatos independientes y organizaciones civiles.
Los atropellos acumulados por la
inexistencia de un justo e imparcial Estado de derecho se reflejaron de
manera contundente en las urnas; una sociedad agraviada salió como nunca
en la historia contemporánea a expresar con su voto su desaprobación a
un modelo político y económico que solo ha dejado pobreza y marginación a
su paso. Datos de organismos como el Coneval hablan de que uno de cada
dos mexicanos es pobre.
Las cifras resultantes de la ejemplar
jornada cívica donde al decadente régimen no le alcanzaron ni
funcionaron sus mapacherías electorales de antaño, hablan de un
abrumador apoyo popular y establecen una importante coyuntura para que
los movimientos sociales levanten la mano y planteen que sus demandas
sean atendidas por el próximo gobierno.
Los diversos sectores de la sociedad votaron por la esperanza de que se ponga fin a problemas de inseguridad, gasolinazos,
alzas indiscriminadas a las tarifas eléctricas y gas doméstico, al
desempleo, precariedad laboral y bajos salarios, que afectan lo mismo a
habitantes de la ciudad que de las zonas rurales.
En entidades de tradición panista o
priísta como Baja California, la lucha social por la defensa del agua y
de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, por ejemplo,
marcó un parteaguas en la historia política de aquella entidad: los
partidos tradicionales no ganaron una sola de las diputaciones federales
en disputa.
Pero ese voto masivo fue también en la
justa exigencia a que se aclare al país asuntos pendientes como la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los conflictos
indígenas derivados de los megaproyectos mineros y energéticos de
diversas empresas privadas, tantos nacionales como extranjeras; las
protestas reprimidas de los maestros democráticos que se han opuesto a
la reforma educativa, la lucha de los mineros exigiendo respeto a sus
derechos laborales y el incumplimiento de acuerdos con gremios agredidos
y despojados de sus fuentes de empleo por el desmantelamiento de la
industria eléctrica, como el caso del SME.
El pueblo terminó cobrando la factura a
los gobiernos neoliberales que le dieron la espalda y ahora las clases
trabajadora, indígena y campesina esperan la tan anhelada justicia que
les fue negada por la tecnocracia para favorecer a un reducido grupo de
empresarios y trasnacionales. Se votó masivamente por un cambio y tras
los festejos es hora de sentarse a la mesa para redireccionar el modelo
económico y las políticas públicas a favor de las mayorías. Es lo justo.
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