Nuevo gobierno recibirá un Estado rebasado
Crímenes de lesa humanidad, impunidad, corrupción y desigualdad social, principales riesgos político-institucionales y amenazas a la seguridad nacional de México que enfrentará el gobierno de López Obrador
Andrés Manuel López Obrador recibe al
país en la mayor crisis de su historia moderna. La fragilidad
institucional no soportará tropiezos del nuevo grupo gobernante… como
los que ya empieza a mostrar, consideran expertos en seguridad nacional.
Los factores de riesgo que enfrenta el
país, al concluir los comicios presidenciales, están directamente
relacionados con la fragilidad institucional y con el proyecto de Estado
y de gobierno con el que se buscaría darle gobernabilidad y respuesta a
la compleja agenda nacional de riesgos y amenazas, advierten expertos
en seguridad nacional.
“La propagación del crimen organizado,
corrupción sistémica, secuestros, lavado de dinero, violencia
intrafamiliar y feminicidios, han desbordado las capacidades
institucionales del Estado”. Lo peor es que actualmente “no hay
respuestas por parte de las instituciones públicas para enfrentarlos”,
advierte el doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) Alfredo Carlos Victoria Marín.
“Es imprescindible plantear acciones
encaminadas a dar respuesta al reclamo social por seguridad, sobre todo
en un contexto de incertidumbre, fragmentación social, feminicidios,
desaparición forzada de personas, impunidad, corrupción, pobreza y
desigualdad, que afectan la vida cotidiana de las personas”, subraya.
En su análisis Los riesgos político-institucionales de la inseguridad nacional para la permanencia y estabilidad del Estado Mexicano,
apunta que el nuevo gobierno mexicano tiene el reto de construir
políticas públicas eficaces para asegurar la estabilidad y permanencia
del Estado.
Y es que, de acuerdo con cifras
oficiales, desde diciembre de 2006 (cuando asumió la Presidencia de la
República el panista Felipe Calderón), en México se han registrado más
de 280 mil asesinatos, 38 mil desaparecidos y 300 mil desplazados. A lo
anterior se suma una corrupción enquistada en todas las esferas
gubernamentales y a todos los niveles.
Nelson Arteaga Botello, doctor en
sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, considera que el nuevo
gobierno debe centrarse en los mayores retos: la violencia, la
desigualdad y la corrupción.
Aduce que en México se requiere de un
gobierno que trabaje para hacer de este sistema menos desigual mientras
hay una mejor alternativa. Considera que López Obrador se propone
reducir las desigualdades, no acabar con el sistema capitalista.
Advierte que el nuevo gobierno se va a
equivocar. “Por supuesto que se va a equivocar; equivocarse es parte del
ciclo de la toma decisiones. El tema es que López Obrador no se
equivoque; y cuando lo haga, reconocerlo y corregir el rumbo”.
Explica que visualizar un mundo mejor
implica un cuestionamiento de aproximación crítica a lo que tenemos,
pero hay que entender que a veces eso no es posible.
No hay ningún país que haya obtenido
todo redondo. Hay algunas experiencias más positivas que otras. Es parte
del equilibrio del gobierno de países democráticos, donde la crítica
siempre será el elemento clave, y donde hay sociedades diferenciadas con
posiciones diversas sobre cómo deben de orientarse las instituciones.
Nelson Arteaga Botello indica que la
corrupción es el gran reto de López Obrador frente a la maquinaria
estatal que tendrá que enfrentar una estructura de funcionamiento del
Estado mexicano que ha permeado desde la institucionalización de la
Revolución Mexicana.
“Se trata de desmontar la maquinaria
patrimonialista y de corrupción que caracterizó al Estado mexicano, lo
cual no es una tarea sencilla. Habrá que ver cómo plantea López Obrador
la estrategia”, subraya.
Descarta que el combate a la corrupción
sea el hilo conductor y causa única para combatir todos los males de una
sociedad compleja y diferenciada como la mexicana. “No es posible que
la desigualdad social y la pobreza tengan como causa un solo fenómeno:
la corrupción”.
Sin embargo, Nelson Arteaga, doctor en
Sociología por la Universidad de Alicante, maestro en Sociología por la
Universidad Iberoamericana acota que en términos de operación política y
administrativa, la madeja de la corrupción para López Obrador es la que
debe jalar para combatir las redes patrimoniales y de corrupción del
Estado mexicano.
Señala que desde la creación de las
instituciones posrevolucionarias el patrimonialismo y la corrupción en
diversos niveles del gobierno son parte de la estructura del Estado, por
lo que su combate será un reto de larga duración.
Nicolás Lazo Otero, doctor en ciencias
sociales por el Colegio de México, profesor e investigador de tiempo
completo en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),
coincide con Arteaga al señalar que la corrupción no es el principal
factor de la desigualdad social; pero enfatiza que sí la agrava como el
neoliberalismo.
“Hemos tenido distintos modelos de
desarrollo que han agravado la pobreza en México a lo largo de su
historia”. Reconoce que en la etapa más reciente, la corrupción se
tradujo en mayor pobreza y desigualdad. “López Obrador tendrá muchas
decisiones que podrán atenuar la corrupción, pero no va a ocurrir en el
corto plazo”, arguye.
Políticas públicas y crimen organizado
El doctor Alfredo Carlos Victoria Marín,
doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, considera que México está lejos de contar con
políticas públicas eficaces contra el crimen organizado, por lo que
plantea que el nuevo gobierno “debe apostar a una política de Estado que
ponga el acento en prevención del delito y recuperación de territorios y
espacios públicos cooptados por grupos delincuenciales”.
Al examinar el resultado de las
políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y de
Enrique Peña (2012-2018), Victoria Marín indica que las fuerzas de
seguridad del Estado han transitado por una crisis de operatividad
–bajos salarios y deficiente infraestructura de inteligencia– y graves
problemas asociados a los controles de confianza, “además de
señalamientos de que éstas han sido infiltradas por los cárteles de la
droga”.
En ese sentido, advierte que “el
problema apuntaría a que el mismo Estado no cuenta todavía con
suficientes capacidades institucionales, para detectar oportunamente a
grupos y personas que desde el interior del propio Estado estarían
patrocinando, protegiendo y organizando actividades del crimen
organizado”.
Explica que la inseguridad nacional en
México, se han identificado variables más críticas que amenazan a la
gobernabilidad democrática, las cuales deben ser consideradas dentro de
las políticas públicas, a efecto de mitigar sus efectos y consecuencias
para que no ingresen en zona de crisis o ingobernabilidad y con ello
pongan en riesgo la estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
En su análisis, publicado por el Centro
de Estudios Superiores Navales (Cesnav) a finales de junio pasado, el
doctor Victoria Marín refiere que las políticas públicas eficaces contra
el crimen organizado en México radican en la capacidad gubernamental
para crear las fuerzas policiales federales y locales, además de generar
insumos de información para desactivar y detener a los grupos y células
del crimen organizado que han desafiado a las instituciones del Estado
mexicano.
“Una política pública nace precisamente
cuando un problema social tiende a manifestarse de forma desbordada.
Este es el caso de la inseguridad, ya que las autoridades civiles tienen
que explicar y explicarse en público, lo relacionado con las acciones y
medidas que han de instrumentar, así como los recursos disponibles para
ejecutar ciertas tareas”, enfatiza.
Advierte que en la aplicación de
políticas públicas, el nuevo gobierno puede correr riesgos, pero aclara
que lo que lo que no le estaría permitido es construir modelos de
política pública hechos a modo para la clase gobernante.
“La acción de la administración pública
no debe circunscribirse a actuar reactivamente frente a contextos
complejos y dinámicos, donde el crimen organizado, las redes de
narcotráfico, de trata de personas, tienden a reacomodarse de acuerdo a
las alianzas y pactos que los cárteles de la droga y otros grupos
delincuenciales llevan a cabo en diversos territorios de la geografía
nacional”, anota.
Y alerta que una efectiva política
pública en materia de seguridad pública será posible en tanto los
tomadores de decisiones estén exentos de incurrir en conflictos de
interés y colusión con el crimen organizado. Los insumos de inteligencia
de información deben ser operados con cierta dosis de secrecía y manejo
responsable que ayuden a encontrar las mejores alternativas.
Al respecto, Martin Barrón Cruz,
catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) plantea
que en México las políticas públicas desafortunadamente sólo son
ocurrencias de los gobernantes, no hay políticas transexenales. Por
ejemplo, dice, en seguridad pública nunca ha habido en más de 100 años
una política transexenal.
“Desde Ernesto Zedillo a la fecha
–agrega– cuántos cambios ha habido. Eso indica que no hay política
transexenal. Y ahora viene López Obrador y plantea que con la Guardia
Nacional va a brindar paz y seguridad. No es más que una ocurrencia. Y
así se puede ver en otros temas. Entonces qué va a pasar con el país.”
Asimismo, Victoria Marín estima que la
presencia creciente de las fuerzas militares en tareas de seguridad
pública se ha convertido en una “militarización” abierta, en la que los
gobiernos estatales y municipales perciben como una acción necesaria
para el mantenimiento del orden público.
Destaca que el fenómeno de la corrupción
político-policial tiene aristas más complejas, ya que uno de los retos
que enfrentan las autoridades federales, estatales y municipales, es
atenderlas con políticas integrales: empleo, educación cívica,
recreación, deporte y salud.
En este sentido, señala que la
temporalidad de las políticas para el combate a la corrupción dependerá
de la profundidad con la que se quiera frenar desde los órdenes federal,
estatal y municipal de gobierno. No es solamente un problema que se
encuentre en las calles, ya hay una interrelación entre crimen
organizado y aparatos de seguridad e inteligencia del propio Estado.
Así, explica el catedrático, dentro de
un contexto tradicional, pero no por ello menos importante, el
narcotráfico afecta la seguridad del Estado. Esta seguridad debe
interpretarse en un sentido amplio, es decir, incluyendo la soberanía
política, la integridad territorial y la protección de la vida de los
ciudadanos.
Agrega que aun cuando el plano electoral
se registraron avances relacionados con la operación de un sistema
electoral supervisor y garante de la funcionalidad de los procesos a su
cargo, esto no ha significado que los órganos electorales garanticen que
los políticos no cumplan con su oferta política, toda vez que para que
esto ocurra se requiere una sociedad crecientemente demandante y
participativa.
La aprobación de las reformas
estructurales ha contrastado con los resultados obtenidos por las
políticas públicas contra la pobreza y la desigualdad, por lo que, si se
le añade el fracaso de las políticas contra el combate a la
criminalidad en sus diversas manifestaciones, se tienen circunstancias
cotidianas en las que se transita entre una crisis de gobernabilidad e
ingobernabilidad permanentes.
Una estrategia económica que apueste por
el crecimiento económico y desarrollo económico con inclusión social
puede originar cambios en la concepción de seguridad nacional que se
tiene al día de hoy. Y es que la polarización y la desigualdad social
que perdura en México durante estas primeras décadas del siglo XXI,
obedece a que nunca se atendieron las causas estructurales de la
violencia, la impunidad y la corrupción en México.
Nicolás Loza Otero, doctor en ciencias
sociales por el Colegio de México e investigador en la Flacso, explica
que el reto de López Obrador será cumplir con las expectativas que ha
generado. “Será una especie de carrera entre lo que pueda hacer y el
tiempo en que la población esté dispuesta a tolerar que esto no cambie
de manera radical”. El académico señala que aun teniendo éxito, no va
ser en lo inmediato. Incluso hay posibilidad de que no sólo no cambie
para bien, sino para mal.
Lo más importante en este momento es la
preocupación de la gente y la naturaleza de la acción pública. “No creo
que tengamos un entorno internacional adverso, como tampoco un entorno
económico adverso”.
El especialista considera que en menos
de 1 mes se va a presentar la propuesta de presupuesto. Será el primer
examen. Ya le ha dicho al circuito económico ha dicho que va a ser muy
disciplinado en términos fiscales y que la inflación va a ser de un
dígito porcentual.
Señala que fracasó toda la actual
estrategia de combate a las drogas. No sólo la Iniciativa Mérida, sino
todas las propuestas y acciones que se han llevado a cabo con la fuerza
de las armas desde hace más de una década. Explica que esta situación
dota al nuevo gobierno de toda la autoridad moral para buscar nuevos
caminos de solución a este problema.
La nueva “mafia del poder”
Para el académico Barrón Cruz Morena
puede convertirse en la “nueva mafia del poder”. De entrada, políticos
alrededor de López Obrador han sido acusados de malversación de recursos
públicos y otros delitos, desde Marcelo Ebrad, Martí Batres, Bejarano
e, incluso, Claudia Sheinbaum y Carlos Imaz.
“La gente votó por hartazgo, porque el
PRI que se alzó con Peña Nieto es el más corrupto de la historia de
México, por los escándalos de su sexenio, por los goberladrones
acusados de fraude, en su mayoría del PRI. Y obviamente la gente voto
por el menos peor, Andrés Manuel López Obrador, quien lo único que
representa es un aspecto más de la corrupción del PRI”, asienta el
catedrático del Inacipe.
Seguridad nacional e inteligencia
Para el doctor Martín Barrón Cruz, el
equipo de López Obrador no tiene idea de lo que es seguridad nacional,
al plantear desaparecer el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y
crear la Guardia Nacional para el combate al crimen organizado.
“En cualquier país del mundo debe haber
un aparato de inteligencia que le sirva al Estado y al gobierno para la
toma de decisiones, como en Estados Unidos con la CIA [Agencia Central
de Inteligencia]; o en España, que cuenta con un cuerpo de
inteligencia”, señala el catedrático del Instituto Nacional de Ciencias
Penales (Inacipe).
Experto en temas de seguridad, el
investigador se pregunta: “¿Qué pasaría si hay un atentado? ¿De quién va
a ser la culpa, porque no hay un cuerpo de inteligencia? ¿Dónde está la
Agenda Nacional de Riesgos? ¿Quién va a encabezar los temas relevantes
de la agenda de riesgos si desaparecen el Cisen? Necesariamente tienen
que crear otro cuerpo de inteligencia, con el riesgo de que puede pasar
lo que ocurrió en el Siglo XX de crear una policía política y volver al
autoritarismo”.
Barrón insiste en que de seguridad
nacional y seguridad pública el equipo de López Obrador no tiene ni la
menor idea. “Basta con revisar el proyecto de nación de Morena
[Movimiento de Regeneración Nacional] y de lo que ha dicho Alfonso
Durazo respecto de la Guardia Nacional”.
El también experto en Fuerzas Armadas
cuestiona: “¿En qué momento histórico del país hubo tranquilidad y paz
como ellos pregonan? Y ¿qué implica el pacto de seguridad nacional y
seguridad pública?”. No tienen idea de qué es la Guardia Nacional; y la
forma en que la quieren conformar es desvirtuar todo lo que implica la
Guardia Nacional, la cual va a quedar casi al mando del presidente de la
república, asienta.
Considera que formar un cuerpo de
policías al mando directo del presidente de la república es muy grave y
refleja un claro autoritarismo centralizado con el mando único, cuya
propuesta fue de Felipe Calderón desde 2010, “con García Luna y sus
muchachos”, pero nunca pudieron hacer ni mando mixto ni mando único,
porque en realidad no existe nada que diga que eso funciona.
Por ejemplo, dice Barrón, en Estados
Unidos no hay mando único, hay cuerpos de policía que funcionan de forma
independiente y, de acuerdo con la gravedad del delito, alguna
autoridad asume la responsabilidad de la investigación y el resto de
instancias se van sumando. Es una forma de actuar, no es un mando único.
Tampoco en España existe mando único,
sino la policía nacional, la guardia civil y las policías autonómicas,
pensar en eso es una utopía, es pensar en tener el control de la policía
con la restauración de la Secretaría de Seguridad Pública retomando el
modelo panista. ¿Dónde está la congruencia e ideas propias de Morena?
La desaparición del Cisen –dice por su
parte Nelson Arteaga Botello– es un planteamiento que López Obrador ha
dicho en entrevistas a bocajarro, así como que no desaparece el Estado
Mayor Presidencial (EMP), sino que se reincorpora al Ejército. Es decir,
tendrá que haber más que una reestructuración de los mecanismos de
seguridad del Estado, porque ningún país puede funcionar sin órganos de
inteligencia.
El Cisen, dice el doctor en Sociología,
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias, debe de operar en función de
garantizar la seguridad nacional y no para el control político del país.
Ningún país funciona sin un sistema de inteligencia, sino que algunos
países desarrollan mecanismos de operación de inteligencia transparentes
y abiertos para que la sociedad pueda entender cómo operan.
“El presidente electo está soltando
ideas aún no elaboradas sino declaraciones sobre las que no se puede
fundar una crítica y un soporte a un aparato gubernamental; hay que ver
cómo se está diseñando la Guardia Nacional, cómo se presenta y cuál es
la idea central, la dinámica, el sistema de operación y el criterio
constitucional”, subraya el catedrático de la UNAM.
José RéyezFuente
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