El T-Mec o TLCAN implica pérdida de soberanía ENCRUCIJADA ENERGÉTICA EN MÉXICO
Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Miembro del
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG ).
Programa del 04 de mayo de 2019,
Vincular mediante el T-MEC la reforma
energética implica la pérdida de soberanía al no poder modificar nuestra
propia constitución, sin que implique problemas con las grandes
empresas petroleras extranjeras y nacionales...
...Está también la protección de inversiones en el nuevo tratado, tema del cual se habla poco, porque ahí es donde está la parte sustancial en donde las empresas extranjeras pondrán sus condiciones y tendrán trato de empresa nacional, con las mismas condiciones que PEMEX y ya mencionamos que su capacidad actualmente es limitada... |
Con la llegada del nuevo
gobierno de AMLO, se abrieron posibilidades de transformaciones en el
Estado que pueden modificar las relaciones sociales, económicas y
políticas. México viene de una larga crisis económica, política, social,
una crisis sistémica que difícilmente se transformará en meses y quizá
en un sexenio. Desmontar 30 años de reformas que liberalizaron la
economía nos pone ante varios retos, dificultades y sobre todo límites
reales para transformar la política económica nacional.
En ese sentido, uno de los temas de mayor
trascendencia es sin duda lo referente al petróleo y electricidad,
rubros que deben ser de seguridad nacional, y también de un gran debate
nacional. El nuevo gobierno llegó a la administración pública de un
Estado que decidió deliberadamente aniquilar su estructura productiva
energética, sin inversión en PEMEX y CFE, cerrando de paso, Luz y Fuerza
del Centro, echando a la calle y al desempleo a miles de familias.
Las últimas dos reformas energéticas, la del
2008 con Calderón y 2013-2014 con Peña Nieto terminaron por abrir a las
empresas privadas, sobre todo estadounidenses, el mercado energético
mexicano. Perdimos con esto, toda posibilidad de desarrollo nacional y
de seguridad energética pues pasamos de tener una estructura productiva
encadenada, desde la extracción hasta la venta de gasolinas y derivados
de hidrocarburos, a extraer petróleo crudo y venderlo como cualquier
materia prima.
Uno de los principales retos para este nuevo gobierno es volver productivas a PEMEX y CFE sin cancelar la reforma energética.
Esto nos deja ante un escenario en el cual,
PEMEX compite con grandes empresas extranjeras en condiciones de
desigualdad. Volver productiva a PEMEX comienza por aumentar la
extracción de hidrocarburos en pozos petroleros ya maduros, aspecto que
nos enfrenta a un límite geológico. Implica invertir en ciencia y
tecnología para que tenga la capacidad en un futuro cercano, de extraer
petróleo y gas no convencional, sobre todo en aguas profundas pues los
pozos maduros en un futuro próximo, se agotarán.
Otro
reto más es la vinculación de la reforma energética al nuevo tratado de
libre comercio con EE.UU. y Canadá. El capítulo energético es de los
más cortos pues unicamente hace mención a que todas las partes se
comprometen a respetar la constitución mexicana en materia de energía.
Las grandes empresas no necesitaron más.
Vincular mediante el T-MEC la reforma
energética implica la pérdida de soberanía al no poder modificar nuestra
propia constitución sin que implique problemas con las grandes empresas
petroleras extranjeras y nacionales.
Implicaría, elevar la cancelación de
contratos entre el Estado mexicano y empresas a tribunales
internacionales, quizá a tribunales en EE.UU. donde seguramente no será
fácil ganar. No es casual que la propuesta de nuevo embajador de EE.UU.
en México sea un abogado experto en resolución de controversias
internacionales: Christopher Landau.
Está también la protección de inversiones en
el nuevo tratado, tema del cual se habla poco porque ahí es donde está
la parte sustancial en donde las empresas extranjeras pondrán sus
condiciones y tendrán trato de empresa nacional, con las mismas
condiciones que PEMEX y ya mencionamos que su capacidad actualmente es
limitada.
Otro de los retos ya lo estamos
viviendo. La decisión de AMLO de revisar contratos ya firmados tiene
que ver con los escándalos de corrupción. En América Latina esos
escándalos ha metido presos a expresidentes y ha desestabilizado a
varios países instalando la corrupción como uno de los principales
descreditos de la clase política, dejando a la política como algo que de
sí es corrupta, sin posibilidades reales de transformarla, si no es
judicializando la política. En cambio en México, el tema ha estado bajo
reserva hasta la fecha. La corrupción no es menor, pues es una de las
formas de despojo a la nación y a las arcas públicas y es también,
vehículo de acumulación de grandes empresas que a su vez le pagan a
cabilderos y políticos.
Si el gobierno investiga los actos de
corrupción una de las preguntas lógicas sería ¿quién aprobó y licitó los
contratos, licitaciones entre el Estado y empresas? Hay dos entes
autónomos que se encargan de este rubro: la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Estas dos
instituciones son clave, no por algo AMLO ha puesto el debate en estas
dos comisiones.
Tanto la CRE como la CNH son dos órganos
autónomos creados a partir de la reforma energética de 2013 y funcionan
como dos instituciones de mercado que tienen la capacidad legal y
política de intervenir en la política energética nacional. Por lo tanto,
es crucial que las decisiones de política energética del nuevo
gobierno, sean compartidas por estas dos instituciones. De no ser así,
el nuevo gobierno, puede encontrar límites al momento de llevar a cabo
su política energética y plan de rescate de la infraestructura
energética nacional. En las últimas semanas, hemos visto como en el
senado hay un rechazo de la propuesta del ejecutivo para designar a
nuevos comisionados, mostrando así, los contrapesos de poderes en el
Estado. Si algo comparten los actuales comisionados de ambas
instituciones es su visión de mercado abierto e integración dependiente
de EE.UU. La supuesta autonomía técnica, de gestión y operativa de estas
comisiones pretende desvincular la política energética de las
decisiones presidenciales y pretende ser autónoma del Estado, lo que a
su vez provoca una difuminación del poder, dificultando así la gestión
de la nueva administración.
La pretensión de autonomía de los órganos
reguladores en materia energética es una falsedad toda vez que la
designación de sus comisionados formaba parte de una cuota política y
partidista, por obscuras negociaciones políticas, incluso, por escuelas
en donde habían estudiado. Algo que comparten varios de los que hicieron
política pública energética es haber pasado por los pasillos del ITAM,
escuela vinculada a grandes empresas nacionales y extranjeras. Por otro
lado, como menciona el ingeniero Víctor Rodríguez Padilla, los
reguladores energéticos no son autónomos ni independientes pues la Ley
de los Órganos Coordinados en Materia Energética pone a la Secretaria de
Energía y a las autoridades reguladoras (CRE y CNH) en un plano
horizontal. La cuestión por resolver es la visión de política energética
que con el cambio de régimen ya no es compartida entre todas las
instancias del gobierno.
Por otro lado, sin aumentar impuestos y sin
emitir deuda, las posibilidades para financiar el proyecto energético de
AMLO son complicadas. En un contexto de baja producción, de baja
recaudación fiscal, y sin impuestos y deuda, las posibilidades se
centran en exigir que aquellos contratos que ya estén en su fase de
producción, realmente la aumenten en los siguientes años. Por esto, el
presidente ha solicitado a las empresas que están produciendo en México
que comiencen a dar resultados tras seis años de reforma energética.
Otro aspecto es la reducción de la carga
fiscal para PEMEX. Esa propuesta de ley está ya en marcha y podría
permitirle a PEMEX reinvertir en infraestructura, exploración y
producción. Sin embargo, los resultados serán a mediano plazo y el
contexto internacional de crisis económica puede ser un factor que ponga
freno o límite a los objetivos energéticos de este gobierno.
Por último, en una carta escrita el 22 de
octubre de 2018 por Roberta Jacobson, quien fuera embajadora de EE.UU.
en México hasta mayo de 2018, menciona que la administración de Trump no
dimensiona los esfuerzos realizados durante décadas para “combatir la
vena antiestadounidense en México. Estábamos superando el recelo que una
historia de invasiones, pérdida de territorio y propósitos
imperialistas nos había
legado”.(https://www.nytimes.com/es/2018/10/22/roberta-jacobson-trump-diplomacia/)
El proyecto al que hace referencia Jacobson
viene desde la misma expropiación petrolera y tuvo uno de sus puntos más
críticos hacia finales de los sesenta, en donde las empresas petroleras
y el gobierno estadounidenses identificaron que PEMEX era un proyecto
exitoso, que estaba financiando el desarrollo nacional y que podría
servir como ejemplo para otros países de América Latina, incluso, de
Medio Oriente.
La batalla por PEMEX es en gran medida, una
batalla por el desarrollo nacional, pues las ganancias de PEMEX y CFE
fueron trasladadas a las grandes empresas petroleras extranjeras y en
menor medida a empresarios mexicanos que se beneficiaron de la reforma
energética y también, se fueron al Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, fideicomiso que se va al Banco de México
y en el que la Secretaría de Hacienda es fiduciaria. Este último rubro,
es una de las claves que podría posibilitar un desarrollo nacional o en
su defecto, un gran hoyo fiscal que nos deje sin posibilidades de usar
esos recursos para el bienestar del pueblo mexicano.
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