La memoria de Zapata y los pendientes en el agro
A 140 años del natalicio del Caudillo del Sur,
Emiliano Zapata, organizaciones campesinas de todo el país y
asociaciones de productores agrícolas plantearon un diálogo con el
gobierno de la 4T para cumplimentar los acuerdos signados en Zacatecas,
en abril de 2018, cuando se expuso al entonces candidato presidencial de
Morena el reconocimiento a 12 derechos fundamentales de comunidades
agrarias y pueblos originarios.
Entre éstos, figuran el derecho de los
campesinos a la tierra; derechos del trabajo asalariado rural; derechos
de las mujeres del campo; derechos de los jóvenes campesinos; derechos
de los pueblos originarios; derechos a la alimentación y a la soberanía
alimentaria; derecho campesino a una alimentación segura y de calidad;
derechos a una vida buena y servicios públicos de calidad; derechos al
territorio y a los recursos naturales como bienes colectivos; derechos a
una naturaleza sana y a tecnologías respetuosas de la vida; derechos a
la vida y a la seguridad; derechos a una política integral para el
campo, y derechos a la libertad y a la verdadera democracia.
Más de 100 organizaciones firmaron el
pacto que debe sacar de su atraso a un agro nacional devastado tras 25
años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), que sólo fortaleció a las grandes empresas
trasnacionales, quebrantando la producción nacional y la soberanía
alimentaria, sin descontar los casi 10 millones de pequeños agricultores
que debieron emigrar a Estados Unidos para no morir de hambre tras la
desaparición de los precios de garantía, al final del gobierno de Miguel
de la Madrid.
Gran parte de esas organizaciones fueron
las que solicitaron a las autoridades el establecimiento de un diálogo
institucional, constructivo y respetuoso para solucionar los principales
problemas del campo, acumulados por más de tres décadas de gobiernos
neoliberales y que no únicamente representaron el derrumbe de cultivos
básicos como el maíz y el frijol, sino además el despojo de infinidad de
comunidades para dar paso a megaproyectos de generación de energía y la
venta de ejidos tras la reforma al artículo 27 de la Constitución, en
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En el documento intitulado: Proclama
Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, denunciaron que en los sexenios de Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto los gobiernos del PRI y del PAN colapsaron
al campo y arruinaron a los campesinos en beneficio de las grandes
corporaciones. “Tanto las que acaparan y especulan con las cosechas,
como las que introducen paquetes tecnológicos destructivos”.
De acuerdo a la evaluación presentada en
Zacatecas, esa desatención al campo derivó en que hoy el país importa
la mitad de los alimentos que consume y en el campo hay pobreza,
desnutrición, deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia.
Además, se denunció entonces que “al
amparo de leyes privatizadoras como la minera y la energética, se
intensificó el saqueo de las tierras y aguas de los pueblos, para
desarrollar megaproyectos mineros, hidroeléctricos, aeroportuarios,
urbanísticos, turísticos y carreteros, que arrinconaron a las
comunidades y destruyeron el medio ambiente”.
Advirtieron entonces en la firma de su
pacto: “No podremos regenerar al campo y salvar al país con todo en
contra. No podemos recuperar al agro si no se retribuye justamente
nuestra labor, si no se nos respalda con buenas políticas públicas, si
no se respetan nuestros derechos”.
Por eso, el pasado 8 de agosto, se
movilizaron por las avenidas de la CDMX, donde puntualizaron que su
objetivo no es solicitar dádivas, sino exigir un presupuesto para
financiar proyectos productivos para el campo y terminar con los
subejercicios en el sector. Y demandaron se establezca una alianza
campesina que logre negociar con el gobierno.
Y en efecto, no fueron precisamente
dádivas lo solicitado en los diversos eventos, sino el reclamo a que se
haga justicia a diversas comunidades que siguen siendo arrasadas. Baste
echar un vistazo al informe de la oficina sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU, rendido hace un par de meses, donde se
recomendó al Estado mexicano llevar a los hechos un diálogo sostenido e
incluyente con los pueblos indígenas, con el fin de impulsar nueva
relación entre pueblos originarios y Estado, basada en la igualdad, el
respeto y la no discriminación.
Durante la campaña presidencial de 2018,
hubo el firme compromiso por incorporar en el proyecto de gobierno las
propuestas del Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, donde entre otros
asuntos se prohibió de forma terminante la siembra de transgénicos y la
suspensión del uso de pesticidas prohibidos.
Sin duda, es necesario un diálogo con
las organizaciones campesinas si se quiere abatir la brutal dependencia
alimentaria que enfrenta el país, pues tan solo en los últimos 10 años
México debió importar, por ejemplo, el 87 por ciento del arroz que
consume, según quedó establecido en las estadísticas del último informe
de gobierno de Peña Nieto, el pasado año.
Este arroz importado que antes se
producía en abundancia en estados como Morelos y Sinaloa, debe pagarse
como otros granos más, en dólares, encareciendo su precio. La
dependencia alimentaria es principalmente en relación con Estados
Unidos, de donde se importa la mayoría de los productos; es decir, que
tras 25 años haber entrado al acuerdo comercial, nuestro principal socio
de América del Norte terminó siendo nuestro principal proveedor de
alimentos, como también lo es de gasolinas.
Además de importar millones de toneladas
de maíz para satisfacer nuestro consumo interno, en el caso de otro
grano básico como el trigo, en 2017 México compró al extranjero un 62
por ciento su consumo interno. Los datos son abrumadores y muestran que
las importaciones deben resolver la demanda de la industria harinera del
país.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) viene alertando desde hace
años que la elevada concentración de importaciones que tiene México
coloca al país en un punto vulnerable.
“El apostar a las importaciones sin
mejorar la competitividad de la producción nacional de alimentos hace a
México más vulnerable a los cambios de precios mundiales, y eso se
reflejará en los precios de la canasta básica”, ha advertido el
organismo internacional.
Por ello, es necesario abrir los cauces
institucionales para llegar a acuerdos con las organizaciones campesinas
con las que signó el pacto de Zacatecas que, entre otros puntos
básicos, establecía la urgencia de aminorar nuestra dependencia
alimentaria que como en el ramo energético, pone en riesgo nuestra
soberanía como nación.
Martín Esparza FloresFuente
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