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La vigilancia hacia los sindicatos está acotada a las donaciones que reciben, con el cambio se podrá requerir información en cualquier momento.

Fernando Gutiérrez 29 de septiembre de 2019, 22:23

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, ha detectado áreas de oportunidad en la legislación para tener un mejor régimen jurídico en el combate al lavado de dinero, las cuales involucran una mayor vigilancia sobre sindicatos y fideicomisos que realicen una actividad vulnerable.
De acuerdo con un documento preliminar a la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, que será presentada en los próximos meses, son necesarios algunos ajustes a la legislación con el fin de atender las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo a México en su última evaluación al país, así como robustecer y mejorar el régimen nacional de la prevención del lavado de dinero para las actividades vulnerables.
El documento, del cual tiene copia este medio, indica que es necesario modificar la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ley antilavado.

Información de sindicatos

Respecto al tema de los sindicatos, la UIF tendría facultades para requerir información sobre ellos y sus dirigentes en cualquier momento. Para ello, la ley antilavado tendría que ser modificada con el fin de que los donativos que reciban este tipo de organizaciones ya no sean clasificados como actividad vulnerable, sino que se podría solicitar información en cualquier momento.
“La información de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por la Unidad de Inteligencia Financiera a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u órgano equivalente a nivel local”, se puede leer en el documento.
En la actualidad, los donativos que reciben los sindicatos son considerados como actividad vulnerable cuando son superiores a 1,605 UMAs, que son poco más de 135,000 pesos.
Actualmente, la ley establece que, al convertirse en una actividad vulnerable, los donativos deben tener toda la información de sus clientes o usuarios y presentar los avisos correspondientes, por conducto del Servicio de Administración Tributaria a la UIF.

Mayor vigilancia sobre fideicomisos

En el caso de los cambios relacionados con fideicomisos, el objetivo es tener una mayor vigilancia sobre aquellos que realicen una actividad vulnerable como, por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles o el arrendamiento inmobiliario.
Según el documento, con este cambio se obligaría a las personas que establezcan un fideicomiso (conocidos como fideicomitentes) a que realicen una de las 20 actividades vulnerables establecidas en la ley antilavado, a estar identificadas plenamente y de acuerdo con su actividad o tipo de operaciones, para lo cual se presentarían los avisos necesarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de la normativa.
“La fiduciaria (institución financiera) únicamente tendría la obligación de solicitar los acuses de alta de los fideicomitentes en el Padrón de Actividades Vulnerables”, de acuerdo con el documento de la UIF.
La última evaluación del GAFI a México arrojó que existe un riesgo del uso indebido de fideicomisos, que generalmente son utilizados por extranjeros para comprar bienes e invertir en México, pues aunque los fiduciarios (instituciones financieras) están obligados a identificar las diferentes partes de los fideicomisos, esto no es así con los beneficiarios o clase de beneficiarios.
“Si el fideicomitente es una persona jurídica, las IF (instituciones financieras) no van más allá de identificar la titularidad legal. Ha habido algunos casos donde los fideicomisos fueron utilizados para invertir fondos ilícitos”, mencionó el reporte del GAFI sobre México.

Sociedades mercantiles

Por otra parte, la UIF ha detectado que es importante que en el marco normativo del combate al lavado de dinero se adicione un capítulo sobre los beneficiarios finales, con el fin de que todas las sociedades mercantiles, sin importar si realizan una actividad vulnerable o no, detecten a su beneficiario final.
“Todas las sociedades mercantiles deben reportar las modificaciones de tenencia accionaria que se realicen en el libro de accionistas y la información del beneficiario final, mediante el sistema electrónico de la Secretaría de Economía”, refirió el documento.

Endurecerían penas por el delito de terrorismo

Asimismo, la UIF tiene identificadas las mejoras normativas que se podrían hacer al Código Penal Federal, para endurecer penas por el delito de terrorismo; al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que la unidad sea una invitada permanente a las reuniones que celebre el Comité Coordinador del sistema anticorrupción.
El documento no explica en qué momento se podrían presentar estas reformas; sin embargo, desde la llegada de Nieto Castillo a la UIF se ha realizado un diagnóstico sobre las áreas de oportunidad para mejorar el marco legal del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país, donde se presume que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año.
fernando.gutierrez@eleconomista.mx

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