La descomposición de los esquiroles en contra del SME

Por José Luis Hernández Ayala

El violento intento de tomar las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el viernes 27 de septiembre, por parte de grupos de esquiroles y disidentes manipulados, es indicativo de su desesperación, bancarrota política e inevitable debacle.

Durante la larga lucha de resistencia de SME, iniciada el 11 de octubre del 2009 con el intento del mal gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de destruir la empresa Luz y Fuerza del Centro y a su organización sindical, el ala derecha de la organización se dividió en diversos grupos que han abandonado las filas del sindicato.

El primero fue encabezado por el traidor Alejandro Muñoz Reséndiz (asesorado por Ramón Pacheco Llanes), quien ese mismo año compitió con Martín Esparza Flores, por la secretaría general del SME, apoyado por el gobierno de Calderón. Luego de su derrota, asaltó las oficinas de la Tesorería del SME (de la cual era titular), para encubrir un fraude por más de 300 millones de pesos. Posteriormente el gobierno panista le otorgó la concesión de algunas empresas que finalmente quebraron.  

A pesar de que la Asamblea General del 11 de octubre del 2009 acordó combatir el decreto de extinción y rechazar las liquidaciones ofrecidas, varios exdirigentes del SME realizaron labor de esquirolaje para promover la liquidación de toda la resistencia. Su llamado, aunado a la presión del gobierno, logró que más de 28 mil trabajadores desacataran el Acuerdo de Asamblea de no liquidarse. Además, tuvieron el descaro de demandar la liquidación del SME y vender los activos para su repartición. Este vergonzoso papel fue jugado por Rosendo Flores, Jorge Tapia, Antonio Durán, Ramón Mera y Adrián Belman entre otros traidores.

Posteriormente interviene en el escenario Jorge Sánchez -un corrupto ex secretario general expulsado en 1994 por realizar un millonario fraude con el programa habitacional y que fue cómplice de la reforma privatizadora de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica realizada en 1992 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari de quien se ufanaba ser “amigo”-, quien ofrece a los liquidados, fuera de toda realidad y legalidad, la posibilidad de reintegrase a laborar bajo su dirección. De manera increíble, este grupo de liquidados ha reunido a cerca de 2 mil fanáticos. No cabe duda de que, en su desesperación, no faltan los crédulos que caen en garras de demagogos o falsos profetas como Jorge Sánchez.

Hasta ahora nos hemos referido a grupos que, por su propia acción y decisión, se han puesto por fuera de la organización sindical. Incluso que han sido expulsados del SME, por su clara violación del Estatuto. Eso mismo hubiera sucedido en cualquier otra organización sindical de México o del mundo. Podemos respetar a quienes, por cualquier problema personal, no tuvieron otra opción que liquidarse pero que han mantenido respeto e incluso apoyan nuestra lucha. Pero aquellos y aquellas que, luego de liquidarse, pretenden inmiscuirse en la vida interna de la organización, usurpar los logros obtenidos por la resistencia y, todavía peor, responsabilizar a la actual dirección sindical de su actual situación o porque no han logrado reinsertarse a laborar, sólo merecen el justo calificativo de ESQUIROLES.

Existe también un pequeño conglomerado de disidentes, porque forman parte de la resistencia que no se liquidó, pero que han perdido contacto con la realidad. Ellos son los ex dirigentes Fernando Oliva, Pablo Rodríguez, José Antonio Almazán González y el grupo “Para Todos Todo”, encabezado por Mario Benítez y Alfredo Arenas Pluma. Su argumento para confrontarse con la actual dirección del SME, es que supuestamente hubo un “complot” con el gobierno de Peña Nieto para privatizar la industria eléctrica y hacerse “empresarios”. Para dar credibilidad a este peregrino argumento, denuncian que ese “complot” es la causa de que sólo se han logrado reinsertar a laborar a 1,500 trabajadores de la resistencia y de que sus salarios y condiciones de trabajo son “precarios”.

En primer lugar, la dirección del sindicato no se hizo “empresaria”. El 49% de las acciones del grupo Fénix están en manos del SME y de la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro, el 51% es propiedad de la empresa “Mota Engil – México” quien funge como patrón. Las utilidades se reparten en esa misma proporción. Dicha composición accionaria nos da pleno y legítimo derecho a participar en la administración de la empresa, luego entonces nuestros representantes no acuden a título de accionistas privados, como perversamente lo interpretan nuestros opositores.

Es cierto que aún falta por reintegrar a laborar a miles de esmeitas y pagar adeudos a quienes alcanzaron la renta vitalicia, pero esto es producto de los incumplimientos del pasado gobierno y de que el actual gobierno aún no da una respuesta definitiva, no es, de ninguna manera, un hecho imputable a la dirección del SME.    

Lo obtenido en la mesa de negociación no fue fruto de maniobras oscuras, fue resultado de una movilización histórica y dentro del marco de leyes laborales de la energía eléctrica que nos fueron impuestas, ante las cuales siempre nos opusimos, pero que contaron con el aval de una Asamblea General y de una intensa discusión interna. No se trata del acuerdo que hubiéramos querido, pero solo los ciegos y dogmáticos no se dan cuenta de que este acuerdo es mil veces mejor que habernos quedado en la calle y sin organización sindical. Este acuerdo es reconocido y respetado por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay nada que ocultar.

Su último cuestionamiento es denunciar una supuesta “corrupción” de la dirección del SME. Este argumento es muy débil e incluso cómico, si ésta dirección, que se confrontó de manera clara y firme en contra del golpe de Estado de Felipe Calderón (rechazando cualquier oferta de “claudicación”), menos lo haría en el curso de los acuerdos para la solución del conflicto. Si alguien no se vendió por lingotes de oro menos lo hará por centavos.

Finalmente es necesario subrayar que, aunque sean los más minoritarios, Mario Benítez y José Antonio Almazán Gonzáles han sido los más belicosos en lanzar una campaña de odio en contra de la dirección sindical. Incluso en recientes videos justifican el violento ataque a la sede del SME. Esta campaña de odio explica las enconadas e irracionales respuestas, a reporteros que cubrieron la mencionada agresión, en el sentido de que “Martín fue el responsable del cierre de la empresa” o de mil barbaridades más. En sus redes sociales no es raro leer amenazas de muerte en contra de la dirección sindical.

Una alianza sin principios

Hasta hace un año nadie hubiera imaginado la posibilidad de que todos estos agrupamientos de derecha y un sector de “izquierda”, hasta este momento irreconciliables, hicieran causa común para enfrentar a la actual dirección del SME. Las razones que lo explican son las siguientes.

Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador les dio audiencia a todos estos grupos y ofreció estudiar la solución a sus demandas. Una vez en la presidencia de la República, hizo diversas declaraciones que levantaron de la lona a estos grupos y les generó falsas expectativas, al mencionar que “tomaría en cuenta la opinión de los ex dirigentes” o al decir que “el SME fue el sindicato más democrático de México”. Estas declaraciones significaron una clara, indebida y equivocada intromisión en los asuntos internos del sindicato.

Fue así que éstos grupos –de origen político priista, panista e incluso de la izquierda “antielectoral” (En Lucha)-, vieron en el nuevo gobierno la oportunidad de lograr, mediante un golpe de mano presidencial, lo que les era imposible mediante el voto libre, secreto y directo de los trabajadores: desplazar a la actual dirección sindical y hacerse de la representación.

Aunque exista buena voluntad presidencial para resolver la injusticia histórica cometida en contra de los trabajadores del SME, el problema es que la reparación integral del daño implicaría un costo muy superior a los 11 mil millones de pesos anuales, derogar decretos presidenciales y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y revertir completamente la reforma energética neoliberal. Cuestiones que el actual gobierno, finalmente, está reconociendo que le es imposible cumplir. La semana pasada la Secretaría de Gobernación respondió, a demanda expresa de uno de estos grupos, que no procede la jubilación de más de 8 mil trabajadores mayores de 60 años despedidos injustificadamente en el 2009; la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha señalado que se respetarán los convenios sobre energía firmados por los anteriores gobiernos neoliberales y la Secretaría del Trabajo reconoce que la actual dirección del SME es legítimamente electa.

En un breve lapso de tiempo, los diversos grupos opositores se han dado cuenta de que se encuentran en un impasse (callejón sin salida). Su borrachera está terminando y ahora intentan una fuga hacia delante. Su grupo mayoritario, el del mitómano Jorge Sánchez (autodenominado “secretario general interino” del SME), decidió jugarse una última carta: “expulsar” del SME a Martín Esparza Flores.

Según él, su solicitud cuenta con la firma de 30 mil ex integrantes del SME. Aunque la suma de 28 mil liquidados y 10 mil jubilados, podría suponer su hipotética existencia, el problema es que ninguno de ell@s es miembro activo del SME y su firma es inválida. Peor aún, Jorge Sánchez no es ya miembro de la organización y nuestro estatuto no contempla la existencia de ningún “secretario general interino”.

En su locura, este grupo decidió organizar la marcha del pasado viernes para entregar a la presidencia de la República sus demenciales demandas. En esta marcha, la primera que conjunta a la diversidad de disidencias, apenas se concentraron menos de mil personas. De las cuales 300 fueron las que intentaron tomar las instalaciones del SME. En contraste, más de 7 mil dignos esmeitas, sin caer en provocaciones, defendimos nuestras instalaciones. Dejemos que sean las propias autoridades, atendiendo la demanda del cuerpo jurídico del SME, las que diluciden quienes son los directamente responsables de la violencia. Afortunadamente se cuenta con abundante material videograbado.

La gravedad de los hechos acontecidos, demanda del gobierno federal un pronunciamiento claro y sin ambigüedades: si en verdad se pretende recuperar el sector energético para la Nación o defender la rectoría del Estado bajo la ley presente, se debe respetar la autonomía del SME y establecer un diálogo franco con su dirección.