La ruta de la privatización neoliberal / III
Con
las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
hechas en 1992 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el proceso
neoliberal de privatización del sector eléctrico del país dio inició al
abrir las puertas de la industria nacionalizada por Adolfo López Mateos,
en 1960, al capital privado.
La apertura, se dijo entonces como hoy,
buscaba la modernización de la industria eléctrica, pero en realidad era
la antesala a los acuerdos pactados con Estados Unidos para aprobar dos
años más tarde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), que al entrar en vigor permitió la participación de
trasnacionales en diversas actividades de las empresas públicas del
sector energético, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo
los efectos de la política neoliberal que arrancaron desde el sexenio de
Miguel de la Madrid y tomaron forma en el de Salinas de Gortari, se
tradujeron en una serie de medidas que atentaron contra el pueblo de
México, como lo fueron el rescate bancario (Fobaproa) y el rescate
carretero, así como la modificación al régimen de pensiones con la
aparición de las Afores, que desplazaron el sistema solidario por el de
cuentas individuales.
Al final de su sexenio, febrero de 1999,
Zedillo dio a conocer su propuesta de reformar los artículos 27 y 28 de
la Constitución para privatizar la industria eléctrica. Auspiciado por
su consejero de cabecera Luis Téllez, el proyecto establecía la
participación de particulares en el sector bajo el supuesto de promover
mayor inversión, mejorar el servicio y bajar los costos.
Uno de los factores que sin duda hizo
recular al entonces presidente, fue la resistencia mostrada por el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el generalizado rechazo de
amplios sectores sociales y de especialistas que lograron detener el
abierto intento neoliberal por iniciar la abierta privatización del
sector.
Pero si con Ernesto Zedillo el objetivo
no se cumplió, con el panista Vicente Fox la estrategia seguiría
adelante. A unos días de la elección presidencial del 2000, que
representó la estrepitosa caída del PRI, el 18 de junio, el entonces
candidato externó que en México “la mesa está puesta para la apertura
del sector eléctrico”.
Ya instalado en el gobierno, buscó
chantajear al Congreso para que aprobara una reforma en este sentido,
para concretar su promesa de que la economía creciera a un 7 por ciento
anual. La intención, por supuesto, fue bien vista por dirigentes de la
cúpula empresarial, como el entonces presidente de la Coparmex, Alberto
Fernández Garza, quien agregó como un plus a la privatización del sector
eléctrico la del sector petrolero.
Los diputados panistas elaboraron
entonces un documento que titularon “Estado y eficiencia en la industria
eléctrica nacional”, en el cual establecieron que el sector eléctrico
del país era eficiente en un comparativo con compañías o empresas de
generación eléctrica, transmisión, distribución y comercialización en el
ámbito mundial, públicas y privadas.
Y aunque en su momento se mostraron
cautos para apoyar una eventual privatización, echaron mano del doble
lenguaje de su entonces presidente para señalar que no se trataba de
privatizar al sector eléctrico, sino únicamente “abrirlo a la
inversión”.
Al no poder alcanzar una mayoría
calificada en el Congreso para alentar una reforma constitucional y ante
el marcado rechazo de sindicatos independientes como el SME y diversas
organizaciones sociales, Fox decidió echar a andar una encubierta
privatización del sector a través de la generación de electricidad.
En uno de sus encuentros con empresarios
españoles, el entonces presidente les manifestó su intención de “abrir
totalmente” la generación de energía eléctrica, ofrecimiento que hizo
extensivo también a empresarios alemanes durante una de sus giras a
Europa, bajo el argumento de que no se buscaba “privatizar al sector,
sino abrirlo”.
De hecho, desde 1992 en que se
autorizaron los cambios a la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, los privados ya intervenían en la generación de energía
eléctrica bajo esquemas de autoabastecimiento, cogeneración y producción
independiente de energía, por lo que con Fox las trasnacionales se
acogieron a esta última figura para comenzar a desfondar y desbancar a
la CFE como principal generadora de electricidad en el país, amén de
hacer un redituable negocio al tener como cliente directo a la propia
Comisión Federal.
En su momento el entonces líder del
SUTERM, Leonardo Rodríguez Alcaine, quien llamo “amigo visionario” a
Fox, dijo que su organización se pronunciaba por “un no a la
privatización y un sí a la apertura del sector a la inversión
productiva”.
Y en efecto, desde hacía años el charrismo
cetemista había guardado silencio ante la creciente inversión privada
en la entonces paraestatal, pues como lo señaló en su momento el
entonces director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, durante una de sus
comparecencias en comisiones del Senado de la República “los proyectos
de participación privada representan aproximadamente 49 por ciento de
las inversiones planeadas para el sector en el periodo 1996-2000, y casi
la totalidad de las inversiones en generación”.
Y si bien ni Zedillo ni Fox lograron
concretar la reforma constitucional para permitir la privatización del
sector eléctrico, sí alentaron la paulatina desnacionalización de la
industria eléctrica que Felipe Calderón apuntaló con el cierre de la
compañía Luz y Fuerza del Centro y el artero golpe al SME, el 11 de
octubre del 2009, sin dejar de mencionar los más de 700 permisos de
generación de energía a trasnacionales que para finales de su gobierno
ya producían casi la mitad de la electricidad en el país, asegurando de
los gobiernos panistas contratos a largo plazo y a un costo al erario
nacional de casi un billón de pesos.
Pero sin duda, el objetivo neoliberal de
privatizar el sector energético del país se alcanzaría más adelante,
con la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña
Nieto (continuará).
Martín Esparza**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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