A detener la devastadora reforma energética/IV y última
Las
empresas extranjeras que en los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo
López Mateos perdieron sus privilegios y millonarias concesiones en el
sector energético del país con la Expropiación Petrolera y la
Nacionalización de la Industria Eléctrica, vieron coronadas sus
aspiraciones de regresar con más bríos en los gobiernos neoliberales
cuando se aprobó en el Congreso la Reforma Energética de Enrique Peña
Nieto, con sus respectivas leyes secundarias.
Las multinacionales se valieron de
organismos globales como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), para imponer al sumiso gobierno de Peña
reglas del juego acordes a sus intereses, buscando minar la soberanía
nacional de nuestro país.
En los fundamentos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo a los miembros del Congreso de la Unión, se estableció:
“La reconceptualización del papel del
Gobierno Federal en las empresas productivas del Estado implica que
aquel deje de ser su ´administrador principal´ y se asuma como
propietario. Esta distinción no es menor. Las mejores prácticas
internacionales incluyendo los Principios de Gobierno Corporativo de la
OCDE y las directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las
Empresas Públicas, recomienda que las funciones de propietario estén
claramente definidas y delimitadas, de manera que el Gobierno, como
dueño, no se entrometa en la operación cotidiana de la empresa y ésta
tome sus decisiones de manera autónoma y con base en lógicas
empresariales de negocio, alejada de presiones políticas coyunturales”.
Sin ambages, el entonces Jefe del Ejecutivo estableció en su propuesta:
“La distinción de las funciones de
propietario es una práctica comúnmente aceptada en los marcos
regulatorios de empresas del sector privado (por ejemplo, en la Ley del
Mercado de Valores), por lo que si se busca acercar a las empresas
estatales mexicanas a un marco de regulación y actuación más próximos al
sector privado, deben tomarse las mejores experiencias y prácticas que
coadyuven a tal propósito”.
Como consolación, la OCDE establecía que
aunque el Gobierno Federal abandonaba su papel como “administrador de
las empresas”, se dejaba como premio de consolación la opción de
designar “algunos funcionarios dentro de sus consejos de
administración”.
Al tenor del nuevo contexto político que
vive el país, se entiende el porqué partidos como el PRI, PAN y sus
comparsas en las cámaras de Diputados y Senadores se negaron a debatir
los fundamentos y el contenido de la Reforma Energética, de cara a la
nación. Sencillamente sabían que no contaban con los mínimos argumentos
de defensa a una propuesta que no fue concebida, o al menos redactada,
por los funcionarios del pasado sexenio
El planteamiento de los organismos
internacionales que dio paso a la regresiva iniciativa buscó no sólo el
aniquilamiento de las funciones pública y social del Estado en el sector
energético, además planteó la reducción de las nuevas “empresas
productivas” a la categoría de simples “empresas administrativas”.
En las leyes secundarias, por ejemplo,
lejos de buscar fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
se estableció la creación del Centro Nacional de Control de Energía
(Cenace), que lejos de ser un organismo encargado de velar por la
soberanía energética, apareció como el gran gestor de las empresas
privadas, nacionales y extranjeras para agilizar sus trámites en la
apropiación del mercado eléctrico nacional.
Con la reforma privatizadora de Peña
Nieto, el servicio público del sector eléctrico quedó restringido a la
planeación, operación y control, a través del Cenace y la propia
Secretaría de Energía, como cabeza de sector. En este sentido, ahora la
generación y comercialización son áreas de libre concurrencia; esto es,
las de mayor interés a los privados.
Uno de los gastados sofismas de los
gobiernos neoliberales para abrir las puertas del sector energético a la
privatización, fue la baja en las tarifas eléctricas, situación que
tras la aprobación de la Reforma Energética y su puesta en marcha, nunca
se cumplió. Y menos aún con el esquema establecido en las leyes
secundarias que colocaron a las reglas del mercado de la oferta y la
demanda por encima del interés social de las mayorías.
Ahora que se cumplió el 59 Aniversario
de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, valga recordar el
balance de su política en materia energética y en favor de los derechos
de los trabajadores y otros sectores sociales, hecho por el presidente
Adolfo López Mateos, cuando el 1 de septiembre de 1964 rindió su Sexto
Informe de Gobierno.
Dijo entonces: “El carácter de mi
gobierno queda definido en el espíritu de las leyes expedidas en el
periodo. La acción legislativa ha sido intensa e invariablemente
inspirada en el interés nacional por los principios de la justicia
social.
“Promovimos la reforma de los artículos
27, 42, 48, 52, 54, 63, 107 y 123 de la Constitución, para proveer a la
nacionalización de los recursos eléctricos; a la declaración del dominio
de la nación sobre la plataforma continental, los zócalos submarinos y
el espacio aéreo; a establecer con la suplencia de la deficiencia de la
queja en materia agraria mayores garantías a ejidos y núcleos de
población en los juicios de amparo…; a hacer efectiva la participación
de los trabajadores en las utilidades de las empresas; a dar nuevas
bases a la fijación de los salarios mínimos, a incorporar
constitucionalmente los derechos de los trabajadores al servicio del
Estado y a robustecer otras diversas garantías del Derecho Obrero”.
Importante destacar que entonces la
política nacionalista de alto contenido social, ejecutada por López
Mateos, logró tasas de crecimiento sostenido del 6 por ciento anual del
PIB, muy por encima del mediocre 2 y 3 por ciento alcanzados en tres
décadas de gobiernos neoliberales.
Las manecillas de la historia hacen
impostergable que en el actual gobierno, donde se busca revertir los
efectos nocivos y regresivos del neoliberalismo, se convoque a un debate
nacional donde se redefina el rumbo del sector energético y, en
particular, del sector eléctrico, con la participación de los
trabajadores, usuarios y los tres poderes de la Unión, ante la
inviabilidad de que un sector tan importante para la economía nacional
se siga manejando con el viejo esquema tecnocrático que ha colocado a
miles y miles de usuarios contra la pared por las tarifas impagables de
la CFE y las escandalosas deudas heredadas por exdirectores como Alfredo
Elías Ayub, que alentaron la firma de convenios de compra de energía a
trasnacionales en franca desventaja para el país.
La industria eléctrica debe recobrar el
sentido nacionalista planteado por el expresidente Adolfo López Mateos,
porque de su rescate y control por parte del Estado dependerá en buena
medida el apuntalamiento de nuestro desarrollo económico.
Martín Esparza**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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