Rescatar Mexicana
Ayer, mientras Mexicana de Aviación anunciaba la cancelación de 15 vuelos internacionales y la transferencia de la mayoría de sus viajes nacionales a sus filiales de bajo costo Click y Link, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) emprendió negociaciones con posibles inversionistas con el propósito de salvar la empresa y los miles de puestos de trabajo que representa. El gobierno federal, en tanto, observa impávido la crisis de la aerolínea.
Es oportuno referirse a los paralelismos entre el caso de Mexicana y el de Luz y Fuerza del Centro. Aunque la primera era una empresa pública, y la segunda es propiedad de un consorcio privado, en ambos casos los administradores han omitido sus responsabilidades en el manejo financiero y han declarado la inviabilidad de operaciones, supuestamente causada por contratos colectivos onerosos e impagables. En ambos casos se trata de empresas estratégicas. En las dos circunstancias, por lo demás, las direcciones corporativas han tolerado o propiciado la descapitalización.
Por lo que hace a la historia de la línea aérea, rescatada en dos ocasiones con dinero público y llevada a la quiebra, o cerca de ella, por empresarios beneficiados con desincorporaciones dudosas y cuestionadas, tendría que resultar imperativa una investigación de las prácticas empresariales que condujeron a una transferencia del valor de la compañía a dos filiales de bajo costo –las cuales trabajan con números negros y elevadas utilidades–, en una operación que algunos han descrito como saqueo y depredación, y como un ataque deliberado a las conquistas laborales y sindicales logradas por el personal de Mexicana. Es falso, como se ha demostrado con números en mano, que los pilotos y sobrecargos de esa línea aérea perciban ingresos de privilegio con respecto a sus homólogos de otros países. En todo caso, el hecho es que el desbarajuste financiero en el que Gastón Azcárraga y sus socios pretenden dejar a la empresa aérea tiene como telón de fondo una campaña contra los contratos colectivos de diversos gremios –mineros y electricistas, en primer lugar–, de la cual las autoridades laborales, supuestamente responsables de velar por los intereses de los trabajadores, han sido activas promotoras.
La suspensión de los vuelos internacionales y el endoso de los nacionales a Click y Link agravan la circunstancia de Mexicana, no sólo por los ingresos que se pierden en lo inmediato, sino también por la pérdida de participación en el mercado. Por añadidura, este quebranto de Mexicana fortalece a sus competidoras extranjeras y debilita al país en la medida en que representa una disminución del flujo de divisas y un retroceso en la presencia de México en diversos aeropuertos internacionales.
En más de una ocasión el gobierno federal ha salvado a Mexicana de la quiebra para beneficiar a inversionistas privados que no han podido o querido sacar adelante a la aerolínea. En la ocasión presente no hay justificación, ni económica ni ideológica, para que el Estado no emprenda una nueva operación de rescate, pero esta vez para contribuir a consolidar una entidad que sea, al menos en una parte significativa, propiedad de sus trabajadores. De no proceder así, la actual administración refrendará sus posturas pro empresariales, antilaborales y antinacionales, y experimentará una nueva pérdida de credibilidad y de respaldo por parte de la sociedad.
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Es oportuno referirse a los paralelismos entre el caso de Mexicana y el de Luz y Fuerza del Centro. Aunque la primera era una empresa pública, y la segunda es propiedad de un consorcio privado, en ambos casos los administradores han omitido sus responsabilidades en el manejo financiero y han declarado la inviabilidad de operaciones, supuestamente causada por contratos colectivos onerosos e impagables. En ambos casos se trata de empresas estratégicas. En las dos circunstancias, por lo demás, las direcciones corporativas han tolerado o propiciado la descapitalización.
Por lo que hace a la historia de la línea aérea, rescatada en dos ocasiones con dinero público y llevada a la quiebra, o cerca de ella, por empresarios beneficiados con desincorporaciones dudosas y cuestionadas, tendría que resultar imperativa una investigación de las prácticas empresariales que condujeron a una transferencia del valor de la compañía a dos filiales de bajo costo –las cuales trabajan con números negros y elevadas utilidades–, en una operación que algunos han descrito como saqueo y depredación, y como un ataque deliberado a las conquistas laborales y sindicales logradas por el personal de Mexicana. Es falso, como se ha demostrado con números en mano, que los pilotos y sobrecargos de esa línea aérea perciban ingresos de privilegio con respecto a sus homólogos de otros países. En todo caso, el hecho es que el desbarajuste financiero en el que Gastón Azcárraga y sus socios pretenden dejar a la empresa aérea tiene como telón de fondo una campaña contra los contratos colectivos de diversos gremios –mineros y electricistas, en primer lugar–, de la cual las autoridades laborales, supuestamente responsables de velar por los intereses de los trabajadores, han sido activas promotoras.
La suspensión de los vuelos internacionales y el endoso de los nacionales a Click y Link agravan la circunstancia de Mexicana, no sólo por los ingresos que se pierden en lo inmediato, sino también por la pérdida de participación en el mercado. Por añadidura, este quebranto de Mexicana fortalece a sus competidoras extranjeras y debilita al país en la medida en que representa una disminución del flujo de divisas y un retroceso en la presencia de México en diversos aeropuertos internacionales.
En más de una ocasión el gobierno federal ha salvado a Mexicana de la quiebra para beneficiar a inversionistas privados que no han podido o querido sacar adelante a la aerolínea. En la ocasión presente no hay justificación, ni económica ni ideológica, para que el Estado no emprenda una nueva operación de rescate, pero esta vez para contribuir a consolidar una entidad que sea, al menos en una parte significativa, propiedad de sus trabajadores. De no proceder así, la actual administración refrendará sus posturas pro empresariales, antilaborales y antinacionales, y experimentará una nueva pérdida de credibilidad y de respaldo por parte de la sociedad.
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