Luz verde a la privatización del servicio de agua en el Edomex
Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 29 de abril de 2011, p. 33
Toluca, Méx., 28 de abril. El pleno del Congreso aprobó por mayoría la nueva Ley de Aguas del estado de México, que abre la puerta a la privatización del servicio de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de líquidos residuales en la entidad. La minuta fue aprobada por los diputados de todos los grupos parlamentarios, pero el petista Francisco Barragán impidió que se diera la unanimidad.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que hasta ayer mostraba su rechazo a la iniciativa turnada hace dos semanas por el mandatario estatal, hoy dio su aval luego de que en negociaciones previas a la plenaria se hicieron ajustes al ordenamiento, que no impiden que el gobierno del estado y los municipios puedan concesionar a particulares el servicio de suministro de agua.
El perredista Juan Hugo de la Rosa justificó que la Ley Orgánica Municipal (LOM) ya faculta a los ayuntamientos a privatizar los servicios públicos, excepto el de seguridad, por lo que mencionó que la nueva legislación no era determinante para impedir que el suministro estuviera a cargo de particulares. No obstante, prometió que para el próximo periodo de sesiones presentará una iniciativa para reformar el artículo 31 fracción siete de la LOM para cerrar, ahora sí, toda posibilidad de privatizar.
De la Rosa dijo que gracias a su partido se logró eliminar del texto de la nueva ley los conceptos privatizadores, y se modificó sustancialmente la redacción del artículo 91, que estipulaba que el gobierno del estado y los municipios "promoverían y fomentarían" la participación de los sectores social y privado "en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado".
Sin embargo, se dejó intacto el capítulo décimo, sección segunda de la Ley de Aguas, titulado De las concesiones y asignaciones, donde se estipula que el estado y municipios “podrán concesionar la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y reuso de aguas residuales y fija los mecanismos a los que se debe ajustar la autoridad para transferirlos.
El artículo 98 de la nueva ley indica que "las concesiones podrán otorgarse por un plazo de hasta 15 años, el cual sería prorrogado por un plazo similar hasta un máximo de dos veces".
Los diputados fijaron en el artículo 99 del nuevo ordenamiento que los concesionarios prestadores de servicios "deberán mejorar, ampliar y hacer más eficientes los servicios públicos a su cargo".
Otros ajustes que logró el PRD de último minuto fue eliminar del texto de la ley las sanciones como el corte de suministro de agua a quien tenga adeudos. Ahora la suspensión del servicio se debe ajustar a un procedimiento y previa garantía de audiencia al deudor, a quien se le deberá proponer un esquema de pagos para ponerse al corriente.
También se eliminó la obligatoriedad que marcaba la ley de que todos los usuarios contaran con medidor y obliga a los prestadores de servicios a ajustarse a las tarifas que se marquen en el Código Financiero del estado al inicio de cada año fiscal, quitando así la facultad a la comisión reguladora de proponer el costo del agua.
Lo que se mantuvieron fueron las sanciones de prisión de tres a nueve años a quienes contaminen cuerpos de agua y mantos freáticos, a quienes manipulen ilegalmente o destruyan infraestructura hidráulica, o altere medidores de agua.
Fuente
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Periódico La Jornada
Viernes 29 de abril de 2011, p. 33
Toluca, Méx., 28 de abril. El pleno del Congreso aprobó por mayoría la nueva Ley de Aguas del estado de México, que abre la puerta a la privatización del servicio de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de líquidos residuales en la entidad. La minuta fue aprobada por los diputados de todos los grupos parlamentarios, pero el petista Francisco Barragán impidió que se diera la unanimidad.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que hasta ayer mostraba su rechazo a la iniciativa turnada hace dos semanas por el mandatario estatal, hoy dio su aval luego de que en negociaciones previas a la plenaria se hicieron ajustes al ordenamiento, que no impiden que el gobierno del estado y los municipios puedan concesionar a particulares el servicio de suministro de agua.
El perredista Juan Hugo de la Rosa justificó que la Ley Orgánica Municipal (LOM) ya faculta a los ayuntamientos a privatizar los servicios públicos, excepto el de seguridad, por lo que mencionó que la nueva legislación no era determinante para impedir que el suministro estuviera a cargo de particulares. No obstante, prometió que para el próximo periodo de sesiones presentará una iniciativa para reformar el artículo 31 fracción siete de la LOM para cerrar, ahora sí, toda posibilidad de privatizar.
De la Rosa dijo que gracias a su partido se logró eliminar del texto de la nueva ley los conceptos privatizadores, y se modificó sustancialmente la redacción del artículo 91, que estipulaba que el gobierno del estado y los municipios "promoverían y fomentarían" la participación de los sectores social y privado "en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado".
Sin embargo, se dejó intacto el capítulo décimo, sección segunda de la Ley de Aguas, titulado De las concesiones y asignaciones, donde se estipula que el estado y municipios “podrán concesionar la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y reuso de aguas residuales y fija los mecanismos a los que se debe ajustar la autoridad para transferirlos.
El artículo 98 de la nueva ley indica que "las concesiones podrán otorgarse por un plazo de hasta 15 años, el cual sería prorrogado por un plazo similar hasta un máximo de dos veces".
Los diputados fijaron en el artículo 99 del nuevo ordenamiento que los concesionarios prestadores de servicios "deberán mejorar, ampliar y hacer más eficientes los servicios públicos a su cargo".
Otros ajustes que logró el PRD de último minuto fue eliminar del texto de la ley las sanciones como el corte de suministro de agua a quien tenga adeudos. Ahora la suspensión del servicio se debe ajustar a un procedimiento y previa garantía de audiencia al deudor, a quien se le deberá proponer un esquema de pagos para ponerse al corriente.
También se eliminó la obligatoriedad que marcaba la ley de que todos los usuarios contaran con medidor y obliga a los prestadores de servicios a ajustarse a las tarifas que se marquen en el Código Financiero del estado al inicio de cada año fiscal, quitando así la facultad a la comisión reguladora de proponer el costo del agua.
Lo que se mantuvieron fueron las sanciones de prisión de tres a nueve años a quienes contaminen cuerpos de agua y mantos freáticos, a quienes manipulen ilegalmente o destruyan infraestructura hidráulica, o altere medidores de agua.
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