PRD y PT buscarán frenar el albazo priísta a la ley de seguridad nacional
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2011, p. 5
Las fracciones de PRD y PT en la Cámara de Diputados denunciaron que el PRI negoció en lo oscurito con el PAN para aprobar sólo en la Comisión de Defensa la ley de seguridad nacional, que concede al presidente de la República la atribución de decidir operativos militares.
Asimismo, el PVEM detectó que con la reforma el Ejecutivo podrá, con un decreto, declarar la suspensión de garantías individuales sin consultar al Congreso y sujetarlas a un protocolo definido por él mismo.
El coordinador del PRD, Armando Ríos Piter, señaló que su grupo parlamentario sí está en favor de una ley de seguridad nacional, pero "no en una que privilegia el dominio militar. Vamos a insistir en que la dictaminen las cinco comisiones a las cuales se turnó la minuta, para evitar un albazo que sólo serviría a los intereses del PRI en un acuerdo oscuro con el PAN".
El vicecoordinador del PT e integrante de la Comisión de Defensa, Enrique Ibarra Pedroza (PT), refirió que los presidentes de las comisiones de Defensa, Gobernación, Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos –donde está a revisión la minuta del Senado– no han citado a reunión de trabajo, lo que fortalece la idea de que PRI y PAN pretenden dar un albazo.
"No entendemos la prisa del PRI, y una de nuestras hipótesis es que la moneda de cambio más visible es la elección de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). De por sí el régimen presidencial es deficiente, así que dejarle a Felipe Calderón decidir por sí mismo la militarización del país es gravísimo", afirmó.
Los diputados Pablo Escudero Morales (PVEM), secretario de la Comisión de Defensa, y Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, advirtieron que los cambios introducidos por el PRI a la minuta del Senado abren una avenida para la violación sistemática e impune de los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos y los movimientos sociales por parte de las fuerzas armadas.
Escudero informó que solicitará una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, para que ofrezca una opinión sobre cómo se afectarían las libertades ciudadanas de aprobarse la propuesta del PRI.
"Tal como está, es una reforma intransitable, porque da facultades plenipotenciarias a un presidente a quien le gusta gobernar con decretos, y que tendrá más facilidades con el marco que elude las restricciones al estado de excepción y suspensión de garantías establecidas en los artículos 29 y 119 de la Constitución, lo que representa un primer paso al autoritarismo presidencial".
Incháustegui resaltó que el proyecto entregado por el presidente de la Comisión de Presupuesto –hasta hace tres semanas de Derechos Humanos–, Alfonso Navarrete Prida (PRI), está plagado de antinomias. Esto es, detalló, en algunos artículos se señala que la declaratoria de riesgo a la integridad de México no depende sólo del presidente ni violará derechos humanos, pero en otros esto se contradice.
Esto es, indicó Enrique Ibarra, se ponen los candados, pero también se le entregan las llaves.
Militarización sin equilibrios
Ríos Piter informó que este lunes se comunicará con sus contrapartes de PRI y PAN, Francisco Rojas y Josefina Vázquez Mota, para expresar las preocupaciones por una reforma que amplía la discrecionalidad del presidente para el uso de las fuerzas armadas y excluye a los poderes Judicial y Legislativo.
"De lo que se trata es de aprobar una ley que tenga equilibrios, no de darle manga ancha a ninguna autoridad para que actúe y viole los derechos humanos, ni dejar al Ejército y a la Marina decisiones tan importantes como la seguridad nacional", expuso.
Informó que este lunes el grupo de trabajo conformado por la Junta de Coordinación Política se reunirá a las 11 de la mañana para recibir las opiniones de las bancadas sobre el proyecto priísta.
"Sin embargo, estamos preocupados porque el PRI quiere aprobar el dictamen por la fuerza y sólo en la Comisión de Defensa, lo que acentúa el corte militar de la reforma", expresó.
Teresa Incháustegui refirió que en las observaciones que presentará hoy resalta el hecho de que la reforma pretende otorgarle al titular del Ejecutivo "la atribución de ser el responsable casi exclusivo de la seguridad nacional y deja fuera a los otros poderes".
Añadió que la redacción del documento propicia confusión y, por tanto, abre las puertas a la discrecionalidad. Por ejemplo, dijo, se dice que las fuerzas armadas intervendrían en una declaratoria de "afectación" que, en el documento, se dice que no es lo mismo que estado de excepción, pero el Ejecutivo podrá suspenderlas el tiempo que quiera.
De ahí, amplió, surge otra contradicción: se argumenta que la declaratoria de afectación a la seguridad interior no será violatoria de los derechos humanos, pero el Ejecutivo puede valorar que el ejercicio de las garantías individuales, como movilizaciones y plantones laborales, electorales y políticos, “puede ser un ‘obstáculo’ y sofocado por el Ejército”.
Además, expuso, la graduación sobre las definiciones de desafío, contingencia, obstáculo o amenaza a la seguridad interior “es difusa, porque las cuatro son prácticamente sinónimos, hasta tautológicas, y ello permite que el presidente o el Consejo Nacional de Seguridad definan cómo enfrentarlos en lo oscurito, porque además la información será declarada confidencial y excluye al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública”.
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Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2011, p. 5
Las fracciones de PRD y PT en la Cámara de Diputados denunciaron que el PRI negoció en lo oscurito con el PAN para aprobar sólo en la Comisión de Defensa la ley de seguridad nacional, que concede al presidente de la República la atribución de decidir operativos militares.
Asimismo, el PVEM detectó que con la reforma el Ejecutivo podrá, con un decreto, declarar la suspensión de garantías individuales sin consultar al Congreso y sujetarlas a un protocolo definido por él mismo.
El coordinador del PRD, Armando Ríos Piter, señaló que su grupo parlamentario sí está en favor de una ley de seguridad nacional, pero "no en una que privilegia el dominio militar. Vamos a insistir en que la dictaminen las cinco comisiones a las cuales se turnó la minuta, para evitar un albazo que sólo serviría a los intereses del PRI en un acuerdo oscuro con el PAN".
El vicecoordinador del PT e integrante de la Comisión de Defensa, Enrique Ibarra Pedroza (PT), refirió que los presidentes de las comisiones de Defensa, Gobernación, Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos –donde está a revisión la minuta del Senado– no han citado a reunión de trabajo, lo que fortalece la idea de que PRI y PAN pretenden dar un albazo.
"No entendemos la prisa del PRI, y una de nuestras hipótesis es que la moneda de cambio más visible es la elección de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). De por sí el régimen presidencial es deficiente, así que dejarle a Felipe Calderón decidir por sí mismo la militarización del país es gravísimo", afirmó.
Los diputados Pablo Escudero Morales (PVEM), secretario de la Comisión de Defensa, y Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, advirtieron que los cambios introducidos por el PRI a la minuta del Senado abren una avenida para la violación sistemática e impune de los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos y los movimientos sociales por parte de las fuerzas armadas.
Escudero informó que solicitará una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, para que ofrezca una opinión sobre cómo se afectarían las libertades ciudadanas de aprobarse la propuesta del PRI.
"Tal como está, es una reforma intransitable, porque da facultades plenipotenciarias a un presidente a quien le gusta gobernar con decretos, y que tendrá más facilidades con el marco que elude las restricciones al estado de excepción y suspensión de garantías establecidas en los artículos 29 y 119 de la Constitución, lo que representa un primer paso al autoritarismo presidencial".
Incháustegui resaltó que el proyecto entregado por el presidente de la Comisión de Presupuesto –hasta hace tres semanas de Derechos Humanos–, Alfonso Navarrete Prida (PRI), está plagado de antinomias. Esto es, detalló, en algunos artículos se señala que la declaratoria de riesgo a la integridad de México no depende sólo del presidente ni violará derechos humanos, pero en otros esto se contradice.
Esto es, indicó Enrique Ibarra, se ponen los candados, pero también se le entregan las llaves.
Militarización sin equilibrios
Ríos Piter informó que este lunes se comunicará con sus contrapartes de PRI y PAN, Francisco Rojas y Josefina Vázquez Mota, para expresar las preocupaciones por una reforma que amplía la discrecionalidad del presidente para el uso de las fuerzas armadas y excluye a los poderes Judicial y Legislativo.
"De lo que se trata es de aprobar una ley que tenga equilibrios, no de darle manga ancha a ninguna autoridad para que actúe y viole los derechos humanos, ni dejar al Ejército y a la Marina decisiones tan importantes como la seguridad nacional", expuso.
Informó que este lunes el grupo de trabajo conformado por la Junta de Coordinación Política se reunirá a las 11 de la mañana para recibir las opiniones de las bancadas sobre el proyecto priísta.
"Sin embargo, estamos preocupados porque el PRI quiere aprobar el dictamen por la fuerza y sólo en la Comisión de Defensa, lo que acentúa el corte militar de la reforma", expresó.
Teresa Incháustegui refirió que en las observaciones que presentará hoy resalta el hecho de que la reforma pretende otorgarle al titular del Ejecutivo "la atribución de ser el responsable casi exclusivo de la seguridad nacional y deja fuera a los otros poderes".
Añadió que la redacción del documento propicia confusión y, por tanto, abre las puertas a la discrecionalidad. Por ejemplo, dijo, se dice que las fuerzas armadas intervendrían en una declaratoria de "afectación" que, en el documento, se dice que no es lo mismo que estado de excepción, pero el Ejecutivo podrá suspenderlas el tiempo que quiera.
De ahí, amplió, surge otra contradicción: se argumenta que la declaratoria de afectación a la seguridad interior no será violatoria de los derechos humanos, pero el Ejecutivo puede valorar que el ejercicio de las garantías individuales, como movilizaciones y plantones laborales, electorales y políticos, “puede ser un ‘obstáculo’ y sofocado por el Ejército”.
Además, expuso, la graduación sobre las definiciones de desafío, contingencia, obstáculo o amenaza a la seguridad interior “es difusa, porque las cuatro son prácticamente sinónimos, hasta tautológicas, y ello permite que el presidente o el Consejo Nacional de Seguridad definan cómo enfrentarlos en lo oscurito, porque además la información será declarada confidencial y excluye al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública”.
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