México: Miradas opuestas sobre el narco
lunes 25 de abril de 2011
Eduardo Ibarra Aguirre
Una semana después del último encuentro con usted, generoso lector, le comento la tesis básica del reporte Stratfor, denominado Mexican Drug War 2011, para contrastarla con información del gobierno que sin autorización legislativa emprendió una guerra que recientemente Felipe Calderón negó haberla denominado así y rebautizó como “lucha por la seguridad”.
Denominaciones aparte, la tesis del informe de la firma privada de consultoría estadunidense, postula que “al parecer, el gobierno mexicano ha decidido que el mejor curso de acción en este entorno es librar una guerra de desgaste” para que la Federación del Pacífico, dirigida por Joaquín Guzmán Loera, según la revista Forbes uno de los 200 hombres y mujeres más ricos de la aldea global por segundo año consecutivo, “sea utilizada para someter a las bandas más débiles”.
Si la idea es vista aislada y sin los necesarios antecedentes de la estrategia militarista en curso desde el 11 de diciembre de 2006, son comprensibles las reacciones que suscitó en senadores como Ricardo Monreal y Graco Ramírez, y no se diga los intentos de Felipe González, el de Aguascalientes, para desacreditar a la firma y defender la estrategia del primer panista del país.
Pero si el planteamiento de Stratfor lo empatamos con los tiempos en que Juan Camilo Mouriño Terrazo desplegaba la idea de que los llamados cárteles terminarían haciéndose trizas entre sí y que debería auspiciarse todo lo que a ello contribuyera, entonces la tesis de la consultora no es tan errática. Menos todavía si subrayamos que Genaro García Luna, el funcionario sexenal más consentido en Los Pinos, llevó la aseveración del madrileño formado en Campeche a convertirla en lineamiento de trabajo, desentendiéndose de los costos en vidas de presuntos capos, sicarios, burreros y halcones; así como la escalada de violencia desatada tras cada captura o asesinato de un jefe, pero también al extremo de importarle un comino los altos costos en vidas de civiles, ajenos a la confrontación entre el comandante supremo de las fuerzas armadas y el crimen organizado.
Suspicacias ciudadanas aparte, Calderón Hinojosa no pudo demostrar que el Ejército, la Marina y la Policía Federal –según testimonios periodísticos ésta cobra derecho de piso en Ciudad Juárez--, combaten por igual a todos los corporativos del narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de indocumentados y de órganos humanos, la piratería, el contrabando de armas, divisiones todas ellas de un gigantesco negocio que se mantiene incólume. Y cuando el abogado, economista y administrador público entregó cifras oficiales, el 1 de septiembre de 2010, demostró justamente lo contrario, que la batalla militar y policiaca y las bajas producidas son demasiado disparejas.
Además, para este gobierno es más viable coexistir con un crecientemente poderoso Guzmán Loera, como bien analiza la consultora su desenvolvimiento, que con una docena de bandas criminales.
Tampoco es dable omitir que transitar del oligopolio al monopolio, en este caso de la delincuencia organizada, no será la primera ocasión que suceda. Recuérdese el alegato de Carlos Salinas para justificar la existencia de gigantescos corporativos en la telefonía, el cemento, la televisión, la tortilla, la cerveza, el pan y las frituras como el mejor camino para que los monopolios aztecas compitieran sin desventaja con los de Estados Unidos.
La de Stratfor es una visión con la que se puede estar de acuerdo o no, pero respaldada en información alejada de las cuentas alegres de Francisco Saynés, el almirante que anunció que las organizaciones del narcotráfico “se están desbaratando”.
Fuente
Eduardo Ibarra Aguirre
Una semana después del último encuentro con usted, generoso lector, le comento la tesis básica del reporte Stratfor, denominado Mexican Drug War 2011, para contrastarla con información del gobierno que sin autorización legislativa emprendió una guerra que recientemente Felipe Calderón negó haberla denominado así y rebautizó como “lucha por la seguridad”.
Denominaciones aparte, la tesis del informe de la firma privada de consultoría estadunidense, postula que “al parecer, el gobierno mexicano ha decidido que el mejor curso de acción en este entorno es librar una guerra de desgaste” para que la Federación del Pacífico, dirigida por Joaquín Guzmán Loera, según la revista Forbes uno de los 200 hombres y mujeres más ricos de la aldea global por segundo año consecutivo, “sea utilizada para someter a las bandas más débiles”.
Si la idea es vista aislada y sin los necesarios antecedentes de la estrategia militarista en curso desde el 11 de diciembre de 2006, son comprensibles las reacciones que suscitó en senadores como Ricardo Monreal y Graco Ramírez, y no se diga los intentos de Felipe González, el de Aguascalientes, para desacreditar a la firma y defender la estrategia del primer panista del país.
Pero si el planteamiento de Stratfor lo empatamos con los tiempos en que Juan Camilo Mouriño Terrazo desplegaba la idea de que los llamados cárteles terminarían haciéndose trizas entre sí y que debería auspiciarse todo lo que a ello contribuyera, entonces la tesis de la consultora no es tan errática. Menos todavía si subrayamos que Genaro García Luna, el funcionario sexenal más consentido en Los Pinos, llevó la aseveración del madrileño formado en Campeche a convertirla en lineamiento de trabajo, desentendiéndose de los costos en vidas de presuntos capos, sicarios, burreros y halcones; así como la escalada de violencia desatada tras cada captura o asesinato de un jefe, pero también al extremo de importarle un comino los altos costos en vidas de civiles, ajenos a la confrontación entre el comandante supremo de las fuerzas armadas y el crimen organizado.
Suspicacias ciudadanas aparte, Calderón Hinojosa no pudo demostrar que el Ejército, la Marina y la Policía Federal –según testimonios periodísticos ésta cobra derecho de piso en Ciudad Juárez--, combaten por igual a todos los corporativos del narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de indocumentados y de órganos humanos, la piratería, el contrabando de armas, divisiones todas ellas de un gigantesco negocio que se mantiene incólume. Y cuando el abogado, economista y administrador público entregó cifras oficiales, el 1 de septiembre de 2010, demostró justamente lo contrario, que la batalla militar y policiaca y las bajas producidas son demasiado disparejas.
Además, para este gobierno es más viable coexistir con un crecientemente poderoso Guzmán Loera, como bien analiza la consultora su desenvolvimiento, que con una docena de bandas criminales.
Tampoco es dable omitir que transitar del oligopolio al monopolio, en este caso de la delincuencia organizada, no será la primera ocasión que suceda. Recuérdese el alegato de Carlos Salinas para justificar la existencia de gigantescos corporativos en la telefonía, el cemento, la televisión, la tortilla, la cerveza, el pan y las frituras como el mejor camino para que los monopolios aztecas compitieran sin desventaja con los de Estados Unidos.
La de Stratfor es una visión con la que se puede estar de acuerdo o no, pero respaldada en información alejada de las cuentas alegres de Francisco Saynés, el almirante que anunció que las organizaciones del narcotráfico “se están desbaratando”.
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