La administración calderonista, acorralada
Lilia Arellano - Opinión EMET
El Alcázar del Castillo de Chapultepec una vez más fue el escenario histórico en donde se confrontaron dos visiones irreconciliables sobre la actual situación de inseguridad que resiente México. La de Felipe Calderón, que insiste en la “necesidad” de continuar su “guerra contra el narco”, que sólo luto y destrucción ha traído al país; en la necedad de mantener su fallida y fúnebre estrategia; la forzada militarización ilegal del combate al crimen organizado; y la legalización de la represión de la protesta social. Enfrente, la de la UNAM, con el rector José Narro a la cabeza, le reclaman un cambio radical en la equivocada política seguida a lo largo de cinco años que ha dejado decenas de miles de muertos; le exigen el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles y a sus funciones naturales para poner fin a las violaciones a derechos humanos; le demandan atacar el tronco económico del narcotráfico: el lavado de dinero; lo conminan a emprender una reforma del sistema penitenciario y de justicia; y lo empujan a suscribir un acuerdo nacional para cambiar su estrategia de seguridad, entre otras acciones y propuestas concretas.
La administración calderonista en su conjunto fue acorralada por el análisis y la serie de acciones que propusieron los especialistas universitarios en el documento denominado “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, que fue presentada una vez más, luego de haberlo hecho en las semanas anteriores ante gobernadores y las fracciones legislativas de las principales fuerzas políticas, y ahora directamente frente al inquilino de Los Pinos. José Narro empujó al michoacano a impulsar un acuerdo nacional entre todos los actores políticos para dar un giro a su estrategia de seguridad. Para tal efecto, le planteó la necesidad de establecer de inmediato y a lo largo de este mes grupos de trabajo con las distintas fuerzas políticas con el propósito de que si hay consenso en un primer listado de temas se pueda llegar a la suscripción de ese necesario pacto a finales de septiembre. Calderón no respondió al reto.
Cada vez más, don Felipe ve reducido su margen de maniobra política; se ve forzado así a trabajar en puntos que no quiere, en acciones que van contra su visión, porque no logrará ignorar la aportación de los expertos universitarios, como lo hizo con los dirigentes de organizaciones civiles y las protestas encabezadas por el poeta Javier Sicilia. El michoacano insistió en que la propuesta universitaria tiene muchos puntos de coincidencia, pero a la vez de diferencia. El inquilino de Los Pinos se defendió señalando que existe disposición por parte de su administración para revisar y mejorar la estrategia de seguridad para adaptarla a las “cambiantes circunstancias que se viven en el país”. Se dijo convencido de que “debemos consolidar una verdadera política de estado en materia de seguridad, que trascienda gobiernos y las fronteras de los partidos políticos o ideológicas”, con propuestas razonables y que verdaderamente se puedan llevar a la práctica.
Puede –y seguramente lo hará- contra-atacar el diagnóstico universitario con más anuncios televisivos, incluso en cadena nacional, neceando con su “irrenunciable responsabilidad” de combatir la delincuencia; de la “obligación del Estado” de las diversas instancias de gobierno de combatir la delincuencia; de los “avances alcanzados” con la captura de algunos capos, que lo que ha logrado es multiplicarlos; de la “necesidad de la lucha” por la omisión de anteriores gobiernos, especialmente el de su antecesor, Vicente Fox. Seguramente la factura para el duopolio televisivo se seguirá abultando, pero adelantamos que los efectos en la población serán mínimos, sino es que nulos, dado que la realidad insiste, también con persistente necedad, en desmentirlo.
Por el contrario, es de reconocer el esfuerzo del rector de la Máxima Casa de Estudios del país para desactivar la bomba de tiempo armada por la estrategia estadounidense con la “guerra” a algunos cárteles de la droga, no para darle a Felipe Calderón, como se lo hicieron creer, una legitimidad que no alcanzó en las urnas y que no alcanzará en los medios de comunicación, sino para regular el mercado de las drogas, tanto el abasto y la distribución de estupefacientes a sus más de 30 millones de adictos, como para evitar que las estratosféricas ganancias del narcotráfico salgan de su sistema financiero, pues éste es un pilar del mismo. Ante el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la procuradora general de la República, Marisela Morales, José Narro insistió en la necesidad de revisar la estrategia de seguridad con mayor énfasis en dos ejes: en la prevención y el carácter integral del combate a la inseguridad.
El rector universitario destacó el combate a la impunidad y la corrupción, tanto en las esferas estatales y municipales como, principalmente, en el ámbito federal, ante lo cual los funcionarios mencionados se revolvieron incómodos en sus asientos. Exigió establecer mecanismos para cuantificar y evitar el lavado de dinero, lo que ha permitido a los cárteles del narcotráfico y las pandillas de inversores y empresarios que los secundan alcanzar un poder económico nunca antes visto en la historia del país. También en su diagnóstico insistió en la necesidad de las relación entre civiles y militares, con absoluto respeto a las fuerzas armadas. En este punto, subrayó la urgencia de diseñar un plan para reintegrar a las fuerzas armadas a sus funciones originales, que no tienen nada que ver con acciones policíacas, lo que le cayó como patada en el hígado a Calderón.
Narro planteó otra vez su preocupación por la situación de los jóvenes y la necesidad de ofrecerles alternativas de desarrollo, no sólo en el ámbito educativo sino sobre todo en materia laboral. Habló de la urgencia de aprobar una ley para garantizar la reparación del daño y de la creación de un Registro Nacional de Víctimas, que poco o nada tiene que ver con el anuncio mediático de crear todo un “elefante blanco” burocrático como la propuesta calderonista de una “Procuraduría Social para la Atención de Victimas de la Violencia”. Asimismo, hizo referencia a la preocupante situación de las fronteras, tanto por el abuso a los migrantes en ambas líneas fronterizas, como por el tráfico de armas en el norte del país. También habló de la necesidad de diseñar un programa para enfrentar la violencia contra las mujeres, más allá de los feminicidios, que dicho sea de paso continúan y no se ve para cuando las autoridades puedan resolver esta situación. Narro insistió en dar autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, en crear una Auditoría Ciudadana y una Auditoria Civil de Policías, así como una Defensoría de la Juventud.
Y mientras sigue a discusión cambiar o no la estrategia de combate al crimen organizado, los muertos se siguen acumulando. Tan sólo en una entidad, Nuevo León, en lo que va del año se han cometido mil 268 crímenes relacionados con la delincuencia organizada… En Torreón, Coahuila, otras seis personas, entre ellas tres policías, murieron la noche del domingo cuando un grupo de pistoleros atacó a una patrulla cerca del estadio de futbol… En Zacatecas, un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y el Ejército mexicano, el fin de semana, dejó tres muertos y tres detenidos… En Colima, esta madrugada murió baleado Francisco Javier Vélez Ramírez, agente del Ministerio Público del fuero común, que atendía casos de narcomenudeo en el municipio de Tecomán… En Mazatlán, Sinaloa, al menos siete muertos dejaron en las últimas horas diferentes hechos violentos relacionados con el crimen organizado… Y la cuenta sigue…
Fuente
El Alcázar del Castillo de Chapultepec una vez más fue el escenario histórico en donde se confrontaron dos visiones irreconciliables sobre la actual situación de inseguridad que resiente México. La de Felipe Calderón, que insiste en la “necesidad” de continuar su “guerra contra el narco”, que sólo luto y destrucción ha traído al país; en la necedad de mantener su fallida y fúnebre estrategia; la forzada militarización ilegal del combate al crimen organizado; y la legalización de la represión de la protesta social. Enfrente, la de la UNAM, con el rector José Narro a la cabeza, le reclaman un cambio radical en la equivocada política seguida a lo largo de cinco años que ha dejado decenas de miles de muertos; le exigen el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles y a sus funciones naturales para poner fin a las violaciones a derechos humanos; le demandan atacar el tronco económico del narcotráfico: el lavado de dinero; lo conminan a emprender una reforma del sistema penitenciario y de justicia; y lo empujan a suscribir un acuerdo nacional para cambiar su estrategia de seguridad, entre otras acciones y propuestas concretas.
La administración calderonista en su conjunto fue acorralada por el análisis y la serie de acciones que propusieron los especialistas universitarios en el documento denominado “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, que fue presentada una vez más, luego de haberlo hecho en las semanas anteriores ante gobernadores y las fracciones legislativas de las principales fuerzas políticas, y ahora directamente frente al inquilino de Los Pinos. José Narro empujó al michoacano a impulsar un acuerdo nacional entre todos los actores políticos para dar un giro a su estrategia de seguridad. Para tal efecto, le planteó la necesidad de establecer de inmediato y a lo largo de este mes grupos de trabajo con las distintas fuerzas políticas con el propósito de que si hay consenso en un primer listado de temas se pueda llegar a la suscripción de ese necesario pacto a finales de septiembre. Calderón no respondió al reto.
Cada vez más, don Felipe ve reducido su margen de maniobra política; se ve forzado así a trabajar en puntos que no quiere, en acciones que van contra su visión, porque no logrará ignorar la aportación de los expertos universitarios, como lo hizo con los dirigentes de organizaciones civiles y las protestas encabezadas por el poeta Javier Sicilia. El michoacano insistió en que la propuesta universitaria tiene muchos puntos de coincidencia, pero a la vez de diferencia. El inquilino de Los Pinos se defendió señalando que existe disposición por parte de su administración para revisar y mejorar la estrategia de seguridad para adaptarla a las “cambiantes circunstancias que se viven en el país”. Se dijo convencido de que “debemos consolidar una verdadera política de estado en materia de seguridad, que trascienda gobiernos y las fronteras de los partidos políticos o ideológicas”, con propuestas razonables y que verdaderamente se puedan llevar a la práctica.
Puede –y seguramente lo hará- contra-atacar el diagnóstico universitario con más anuncios televisivos, incluso en cadena nacional, neceando con su “irrenunciable responsabilidad” de combatir la delincuencia; de la “obligación del Estado” de las diversas instancias de gobierno de combatir la delincuencia; de los “avances alcanzados” con la captura de algunos capos, que lo que ha logrado es multiplicarlos; de la “necesidad de la lucha” por la omisión de anteriores gobiernos, especialmente el de su antecesor, Vicente Fox. Seguramente la factura para el duopolio televisivo se seguirá abultando, pero adelantamos que los efectos en la población serán mínimos, sino es que nulos, dado que la realidad insiste, también con persistente necedad, en desmentirlo.
Por el contrario, es de reconocer el esfuerzo del rector de la Máxima Casa de Estudios del país para desactivar la bomba de tiempo armada por la estrategia estadounidense con la “guerra” a algunos cárteles de la droga, no para darle a Felipe Calderón, como se lo hicieron creer, una legitimidad que no alcanzó en las urnas y que no alcanzará en los medios de comunicación, sino para regular el mercado de las drogas, tanto el abasto y la distribución de estupefacientes a sus más de 30 millones de adictos, como para evitar que las estratosféricas ganancias del narcotráfico salgan de su sistema financiero, pues éste es un pilar del mismo. Ante el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la procuradora general de la República, Marisela Morales, José Narro insistió en la necesidad de revisar la estrategia de seguridad con mayor énfasis en dos ejes: en la prevención y el carácter integral del combate a la inseguridad.
El rector universitario destacó el combate a la impunidad y la corrupción, tanto en las esferas estatales y municipales como, principalmente, en el ámbito federal, ante lo cual los funcionarios mencionados se revolvieron incómodos en sus asientos. Exigió establecer mecanismos para cuantificar y evitar el lavado de dinero, lo que ha permitido a los cárteles del narcotráfico y las pandillas de inversores y empresarios que los secundan alcanzar un poder económico nunca antes visto en la historia del país. También en su diagnóstico insistió en la necesidad de las relación entre civiles y militares, con absoluto respeto a las fuerzas armadas. En este punto, subrayó la urgencia de diseñar un plan para reintegrar a las fuerzas armadas a sus funciones originales, que no tienen nada que ver con acciones policíacas, lo que le cayó como patada en el hígado a Calderón.
Narro planteó otra vez su preocupación por la situación de los jóvenes y la necesidad de ofrecerles alternativas de desarrollo, no sólo en el ámbito educativo sino sobre todo en materia laboral. Habló de la urgencia de aprobar una ley para garantizar la reparación del daño y de la creación de un Registro Nacional de Víctimas, que poco o nada tiene que ver con el anuncio mediático de crear todo un “elefante blanco” burocrático como la propuesta calderonista de una “Procuraduría Social para la Atención de Victimas de la Violencia”. Asimismo, hizo referencia a la preocupante situación de las fronteras, tanto por el abuso a los migrantes en ambas líneas fronterizas, como por el tráfico de armas en el norte del país. También habló de la necesidad de diseñar un programa para enfrentar la violencia contra las mujeres, más allá de los feminicidios, que dicho sea de paso continúan y no se ve para cuando las autoridades puedan resolver esta situación. Narro insistió en dar autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, en crear una Auditoría Ciudadana y una Auditoria Civil de Policías, así como una Defensoría de la Juventud.
Y mientras sigue a discusión cambiar o no la estrategia de combate al crimen organizado, los muertos se siguen acumulando. Tan sólo en una entidad, Nuevo León, en lo que va del año se han cometido mil 268 crímenes relacionados con la delincuencia organizada… En Torreón, Coahuila, otras seis personas, entre ellas tres policías, murieron la noche del domingo cuando un grupo de pistoleros atacó a una patrulla cerca del estadio de futbol… En Zacatecas, un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y el Ejército mexicano, el fin de semana, dejó tres muertos y tres detenidos… En Colima, esta madrugada murió baleado Francisco Javier Vélez Ramírez, agente del Ministerio Público del fuero común, que atendía casos de narcomenudeo en el municipio de Tecomán… En Mazatlán, Sinaloa, al menos siete muertos dejaron en las últimas horas diferentes hechos violentos relacionados con el crimen organizado… Y la cuenta sigue…
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