Desvíos de Calderón por $367 mil millones
Los
senadores priístas sostienen que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público pretende evadir su responsabilidad al momento de la revisión y
la fiscalización de recursos públicos
Revista EMET
En la Cámara de Diputados, los
legisladores del PAN argumentaron que la transparencia y rendición de
cuentas en la gestión gubernamental es un factor importante para la
democracia, antes de que se aprobara en lo general y en lo particular,
con 447 votos a favor y uno en contra –del petista Ricardo Monreal-, la
Ley de Contabilidad Gubernamental, que favorece la transparencia y busca
atacar la discrecionalidad de los gobernantes. Esta legislación incluye
sanciones administrativas y penales de dos a siete años de prisión, así
como multas de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente, a
quien cauce daño a la hacienda pública o el patrimonio del ente público
respectivo. La minuta correspondiente fue turnada al Senado para que
sean revisadas las modificaciones hechas por los diputados en el
dictamen y definan si las aceptan o no.
En contraste, en la Cámara alta, los legisladores del PRI acusaron a Felipe Calderón de mantener en la opacidad el manejo de más de 367 mil millones de pesos, concentrados en diversos fideicomisos, a pesar de que la ley vigente en la materia obliga a la transparencia y rendición de cuentas de ese dinero público. Los priístas argumentan que “de esos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los fideicomisos, 38 mil 22 millones 500 mil pesos a los mandatos y 12 mil 70 millones 400 mil pesos a los actos jurídicos análogos”.
El gobierno federal controla directamente el 97 por ciento de esos recursos, ya que la participación de los gobiernos estatales se limitó a esquemas con 8 mil 407 millones, y el sector privado se beneficio con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos. El 85 por ciento del total de esos recursos públicos se concentran en los denominados actos jurídicos sin estructura.
Los senadores priístas sostienen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende evadir su responsabilidad al momento de la revisión y la fiscalización de recursos públicos, al intentar poner como marco de protección disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con una interpretación indebida de éstas.
Por lo que toca a la minuta de la reforma laboral que regresó el Senado de la República a la Cámara de Diputados, ésta perdió su calidad de “iniciativa preferente”. Por tal razón, será turnada a la Comisión de Trabajo para su estudio y dictamen y allí estará “el tiempo que sea necesario para sacar una muy buena ley”, advirtió Manlio Fabio Beltrones coordinador de los diputados priístas.
El sonorense destacó que Enrique Peña Nieto contará con una legislación del Trabajo moderna, con democracia y estabilidad laborales. Los priístas, insistió, tienen el compromiso de darle a México una reforma laboral que salvaguarde los derechos de los trabajadores y de la estabilidad laboral.
Las declaraciones de Beltrones no cayeron nada bien en la bancada panista. Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados del PAN, dijo que el PRI para la reforma laboral porque rechaza la modificación de los senadores para democratizar a los sindicatos, y exigió que la Comisión del Trabajo se reúna lo antes posible para aprobarla.
En contraste, en la Cámara alta, los legisladores del PRI acusaron a Felipe Calderón de mantener en la opacidad el manejo de más de 367 mil millones de pesos, concentrados en diversos fideicomisos, a pesar de que la ley vigente en la materia obliga a la transparencia y rendición de cuentas de ese dinero público. Los priístas argumentan que “de esos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los fideicomisos, 38 mil 22 millones 500 mil pesos a los mandatos y 12 mil 70 millones 400 mil pesos a los actos jurídicos análogos”.
El gobierno federal controla directamente el 97 por ciento de esos recursos, ya que la participación de los gobiernos estatales se limitó a esquemas con 8 mil 407 millones, y el sector privado se beneficio con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos. El 85 por ciento del total de esos recursos públicos se concentran en los denominados actos jurídicos sin estructura.
Los senadores priístas sostienen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende evadir su responsabilidad al momento de la revisión y la fiscalización de recursos públicos, al intentar poner como marco de protección disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con una interpretación indebida de éstas.
Por lo que toca a la minuta de la reforma laboral que regresó el Senado de la República a la Cámara de Diputados, ésta perdió su calidad de “iniciativa preferente”. Por tal razón, será turnada a la Comisión de Trabajo para su estudio y dictamen y allí estará “el tiempo que sea necesario para sacar una muy buena ley”, advirtió Manlio Fabio Beltrones coordinador de los diputados priístas.
El sonorense destacó que Enrique Peña Nieto contará con una legislación del Trabajo moderna, con democracia y estabilidad laborales. Los priístas, insistió, tienen el compromiso de darle a México una reforma laboral que salvaguarde los derechos de los trabajadores y de la estabilidad laboral.
Las declaraciones de Beltrones no cayeron nada bien en la bancada panista. Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados del PAN, dijo que el PRI para la reforma laboral porque rechaza la modificación de los senadores para democratizar a los sindicatos, y exigió que la Comisión del Trabajo se reúna lo antes posible para aprobarla.
Lilia Arellano - Revista EMET
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