Abusó gobierno de Felipe Calderón de la intervención de comunicaciones privadas

Alfredo Méndez

 

Periódico La Jornada
Lunes 18 de febrero de 2013, p. 18 

La intervención de comunicaciones privadas, en especial de correos electrónicos, fue una herramienta legal utilizada a diestra y siniestra en el sexenio del presidente Felipe Calderón como parte de su lucha contra el crimen organizado.

La Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) solicitaron esas intervenciones contra 28 personas diariamente, en promedio, incidencia que, de acuerdo con abogados penalistas consultados por La Jornada, representa un abuso de esta figura, en comparación con países como Alemania, que intervienen ese número de comunicaciones, pero a la semana.
Estadísticas del Poder Judicial Federal (PJF) y de la propia PGR indican que los jueces recibieron en seis años 61 mil 348 órdenes para intervenir llamadas telefónicas privadas y/o correos electrónicos, de las cuales se autorizaron 58 por ciento.
Los años en que más solicitudes de intervención de comunicaciones se presentaron fueron 2010, 2011 y 2012, pues en esos 36 meses la PGR y el Cisen pidieron a jueces federales 53 mil órdenes para intervenir números privados y correos electrónicos.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional ordenan que esas medidas cautelares no deben superar los 180 días consecutivos, y sólo se permitirá la intervención de comunicaciones cuando grupos ligados al crimen organizado pongan en riesgo la seguridad nacional del país o cometan delitos considerados de alto impacto para la sociedad.
Estas estadísticas refieren que entre 2009 y 2012 fue mayor la solicitud de intervención de páginas y/o correos electrónicos privados, incluso por encima del número de solicitudes de intervenir líneas telefónicas.
Por ejemplo, en 2009, 54 por ciento de las peticiones hechas a los jueces fue para intervenir correos electrónicos, cifra que aumentó a 59 por ciento en 2010, a 79 por ciento en 2011 y a 91 por ciento en 2012.
En los seis años del pasado gobierno panista, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), dependiente de la PGR, tuvo tres titulares: Marisela Morales, Patricia Bugarin y Cuitláhuac Salinas.
El penalista Martín Millán Cisneros, ex delegado de la PGR en diversas entidades, dijo que en Alemania se intervienen, en promedio, 30 correos electrónicos y/o llamadas telefónicas de presuntos delincuentes a la semana.

La intervención de comunicaciones privadas en México es muy útil, pero no se puede abusar de ella porque también sirve para violar las garantías individuales de los ciudadanos, porque son métodos de espionaje. Es una figura de mucho cuidado, alertó Millán.
Desde diciembre pasado, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, se pronunció por ir de­sechando poco a poco el uso del arraigo y de otros medios de apremio o medidas violatorias de los derechos humanos de los indiciados, como la intervención de comunicaciones privadas.
Según Murillo, esas herramientas que utiliza la PGR para combatir el crimen organizado sólo deben usarse en casos excepcionales, en la perspectiva de salvar una vida o cuando la seguridad nacional corra el riesgo de ser vulnerada.
Pueden estar convencidos de la responsabilidad de las personas, pero, si no tienes pruebas, es necesario recabarlas a como dé lugar, y por eso se está abusando del arraigo y de la intervención de comunicaciones privadas, aseguró Rogelio Garza Ochoa, abogado de amplia experiencia en defender a personas acusadas de actuar en delincuencia organizada.
Para que una llamada telefónica privada tenga validez como prueba en un juicio penal es indispensable que hubiera sido autorizada por un juez federal especializado en medidas cautelares, pues de lo contrario pierde eficacia probatoria.
Es decir, aunque un delincuente sea sorprendido admitiendo un crimen durante una llamada telefónica, si ésta no se obtuvo mediante orden judicial, la prueba no tendrá validez en el momento de un juicio penal contra el inculpado.
El abuso del arraigo es consecuencia de la manera de investigar que tenían García Luna (ex secretario de Seguridad Pública) y Felipe Calderón, quienes primero te espiaban, te detenían, y luego te investigaban, expuso Garza.
Hace cuatro años, a propuesta del entonces titular de la PGR Eduardo Medina Mora, el PJF creó siete juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones para resolver todas las solicitudes de medidas cautelares en el país.

 

 

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