Leyes secundarias, despojos ordenados por la OCDE
REVISTA SIEMPRE!
Pemex y CFE, del ámbito público al privado
Martín Esparza Flores
La dinámica antinacionalista terminó
por imponerse en el interior del Congreso donde los representantes de
los dos partidos mayoritarios, y el incondicional Partido Verde, han
pisoteado los estatutos parlamentarios, negándose al debate y análisis
de fondo sobre el contenido de las leyes secundarias en materia
energética que pretenden legitimar la entrega de las riquezas del país,
como la renta petrolera, a las multinacionales aliadas con el capital
local, autorizando además un abierto despojo y afectación a las tierras
de miles de ejidos y comunidades indígenas, al brindarles toda clase de
facilidades a las labores de exploración, tendido de redes y proyectos
geotérmicos a los nuevos inversionistas y socios de las empresas productivas del Estado, con el pretexto de que por ser el sector energético una actividad prioritaria y de interés social para el país, el gobierno no dudará en recurrir a la aplicación de la servidumbre legal para favorecerlos; incluso, hasta echar mano de las expropiaciones.
En todas y cada una de las iniciativas que buscan aprobarse en fast track,
se contemplan atropellos de esta clase, como la afectación al uso de
los recursos hídricos, que afectarán directamente los ingresos y la
forma de vida de millones de mexicanos, lo que significa uno más de los
retrocesos en materia de justicia social que traerá consigo el nuevo
esquema empresarial que se impondrá a Petróleos Mexicanos y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), sin tomar en cuenta la opinión del país.
Un análisis de los nuevos ordenamientos
que buscan desmembrar los sectores petrolero y eléctrico, al convertir
ambas entidades públicas en simples oficinas reguladoras y de trámites
al servicio de las trasnacionales, indica con certeza que el origen de
la reforma energética y su esquema de gobierno corporativo que
se plantee debe asumir el Estado mexicano, tiene su origen en los
dictados de organismos internacionales como la Organización para la
Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE).
En su fundamentación presentada en los
borradores enviados al Congreso, se establece de manera puntual que el
gobierno mexicano acatará fielmente lo ordenado por la OCDE para
transitar a Pemex y la CFE del “ámbito público al privado”. Es
entendible porqué los legisladores del PRI, PAN y Verde Ecologista se
han negado sistemáticamente a debatir para sustentar la raíz de la
iniciativa y sus leyes secundarias en el Congreso, pues no fue
precisamente el Ejecutivo el autor intelectual del proyecto reformista
que contraviene los auténticos intereses de los mexicanos, al desarrollo
económico y la soberanía del país.
Razón de sobra para entender el viciado
procedimiento legislativo que, por mayoriteo, busca imponer toda una
serie de modificaciones que brinden seguridad jurídica, en todos los
sentidos, a los intereses de las multinacionales y de cuyos excesos poco
a poco empieza a enterarse la opinión pública.
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