México: Fueros impiden imputar a alcalde por desaparición de 43 estudiantes

• Viernes, octubre 10, 2014, 0:00
• Libre Red 

El procurador general de Justicia del estado de Guerrero, Iñaky Blanco, acusó este jueves al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de omisiones, lesiones y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes cuyo paradero se desconoce desde hace dos semanas, pero aclaró que no puede imputarlo penalmente porque tiene fueros.
“Desgraciadamente, tiene fuero constitucional y hasta tanto no lo pierda, no se puede proceder”, afirmó Blanco en una conferencia de prensa en la que informó sobre el avance de la investigación del ataque perpetrado por policías municipales y miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, que en la noche del 26 al 27 de septiembre último dejó en Iguala seis muertos, 24 heridos y 43 desaparecidos.
El jefe de los fiscales guerrerenses indicó que promovió contra Abarca un juicio de procedencia, que es el proceso mediante el cual la Justicia puede ordenar el desafuero de un funcionario.
Abarca está en uso de licencia del cargo de alcalde y prófugo desde que los hechos tomaron estado público, y su casa fue allanada, indicó el fiscal.
Además, Blanco sostuvo que el director de Seguridad Pública del municipio, Francisco Salgado Valladares, señalado como quien dio la orden de detener a los estudiantes, está “involucrado” con Guerreros Unidos.
El procurador reveló que el testimonio de cuatro integrantes de Guerreros Unidos detenidos permitió conocer “hasta qué grado estaba infiltrado e involucrado este grupo de delincuencia organizada en la policía municipal de Iguala”.
Ratificó que hay 30 detenidos por el caso, pero aclaró que sólo cuatro son miembros de la banda criminal y 26 son policías municipales -hasta ahora había trascendido que eran ocho y 22, respectivamente-, que fueron trasladados a una cárcel federal, y subrayó que otras tres personas requeridas estaban prófugas.
Según Blanco, las investigaciones permitieron establecer que en la muerte de las seis personas fueron utilizadas ocho armas reglamentarias de policías municipales.
Asimismo, se confiscaron 15 autos patrulleros y 228 armas de la policía municipal de Iguala, cuyos efectivos fueron desarmados y enviados a un centro de formación militar en otro estado.
Mientras tanto, unos 500 guardias comunitarios procedentes de diversas regiones de Guerrero patrullaban hoy los alrededores de un cerro ubicado en las afueras de Iguala, en busca de rastros de los alumnos desaparecidos.
En esa zona se descubrieron este fin de semana seis fosas comunes en las que se hallaron 28 cadáveres calcinados sobre los que se iniciaron exámenes de ADN ante la presunción de que puedan pertenecer a algunos de los estudiantes.
“Todos” los alumnos desaparecidos “son hijos de campesinos, provienen de poblaciones rurales y no tienen la posibilidad de entrar a otra escuela”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolla, a una emisora de radio.
El diario Excelsior citó esas declaraciones junto a una lista con los nombres y apellidos de los 43 desaparecidos y la imagen de un fragmento de un afiche donde se ven retratos de varios de ellos y la oferta de una recompensa equivalente a 74.245 dólares para quien proporcione información “útil, veraz y expresa” que permita localizar a alguno de los jóvenes.
Por otra parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero -cuya renuncia fue solicitada por familiares de los desaparecidos y activistas humanitarios-, afirmó en rueda de prensa que no pensaba dimitir y sugirió la realización de una consulta popular para que la ciudadanía opine si debe seguir en el cargo o no.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos reclamaron en los últimos días el esclarecimiento del caso.
Telam 

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