En San Lázaro acusan a procuradura de omisa, tibia y de proteger a Murillo Karam
27 de octubre de 2015
Destacado
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| La procuradora Arely Gómez durante su comparecencia en San Lázaro. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- Críticas y reclamos de la oposición por las desapariciones forzadas, el caso Iguala, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán,
la no persecución de delincuentes de “cuello blanco” y las ejecuciones
extrajudiciales en Michoacán y el Estado de México, así como el
enfrentamiento de Villa Purificación, en Jalisco, recibió desde el
arranque de su comparecencia la procuradora general de la República,
Arely Gómez.
Luego de una breve exposición en la que exaltó la realización de 249 periciales y la detención de 29 personas por la fuga de Guzmán Loera, la procuradora justificó que se han asestado “golpes” a la estructura financiera y operativa del Cártel de Sinaloa por lo que, afirmó, se está en la ruta correcta para su recaptura.
Sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la titular de la PGR recordó que se abrirá un nuevo peritaje y nada se ocultará.
Al fijar los posicionamientos, todos los partidos de oposición se mostraron duros y críticos hacia Gómez; por ejemplo, el panista Javier Neblina Vega inició su participación destacando la “crisis” de justicia y presencia del “crimen organizado” en varias partes del país.
Incluso reclamó los casos de desaparición forzada y que el respeto a los derechos humanos “sea la excepción y no la regla”.
Pero fue más allá al exigir “acabar con los altos funcionarios coludidos con los grandes capos”, aunque lo hizo en forma generalizada, sin dar nombres o áreas infiltradas por el crimen organizado.
Luego reclamó los hechos de Tlatlaya, donde se ejecutó de manera extrajudicial a 22 civiles; la fuga de El Chapo, el enfrentamiento en Villa Purificación; la persistencia de casos de tortura, secuestros, homicidios, ataque a periodistas y asesinatos de éstos.
Cuitláhuac García, de Morena, fue más directo al tildar de “omisa” a Arely Gómez y de “proteger” a su antecesor, Jesús Murillo Karam. Por si fuera poco, la acusó de ser “tibia” en la investigación sobre la fuga de El Chapo Guzmán.
Además reclamó a la funcionaria la no investigación a las acciones emprendidas por Eugenio Imaz, titular del Cisen; del excomisionado de seguridad nacional Monte Alejandro Rubido y de Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en el caso de Iguala.
Los legisladores también pidieron a la procuradora general de la República explicara por qué se extraditó a 13 grandes capos y no a Guzmán Loera.
Arturo Santana Alfaro, del PRD, recriminó que la PGR considere a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, como los que deben dictar la línea de investigación cuando es obligación de la Procuraduría.
El diputado de MC, Jorge Alvarez, fue breve al pedir a la procuradora que aclarara si sostenía la “verdad histórica” mediante la cual se asegura que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron masacrados y sus restos incinerados en el basurero de Cocula.
“Si fue o no en Cocula, le digo, estamos en la investigación. El GIEI tiene todo mi reconocimiento, llevo seis meses trabajando con ellos. En el momento en que ellos presentaron un análisis, no un dictamen pericial, lo que debe hacer alguien que busca procurar justicia es un tercer peritaje, un tercer dictamen con expertos forenses de otros lados”, acotó.
La oposición también reclamó a Arely Gómez el incurrir en presunto conflicto de interés, e incluso el diputado de Morena, Emiliano Alvarez, le recriminó por qué no ha solicitado la extradición de su pariente involucrado en el fraude de Oceanografía, Martín Díaz Alvarez.
“No es mi primo en primer grado, sino en cuarto, y es de mi esposo. Si no se ha extraditado ha sido porque no se ha podido establecer en Estados Unidos su involucramiento”, atajó Gómez González.
Los legisladores insistieron en reclamar a la procuradora las razones por las cuales no se extraditó a tiempo a Guzmán Loera, mientras que a Edgar Valdez, “La Barbie”, y doce capos más se les envió de manera expedita a Estados Unidos.
Arely Gómez insistió en que la solicitud informal de extradición llegó el 26 de junio y la formal el 21 de julio, pero además un proceso de tal naturaleza dura entre seis y 12v meses, por lo que al momento de la fuga de El Chapo aún no estaba el acuerdo firme por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para su entrega a las autoridades estadunidenses.
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Luego de una breve exposición en la que exaltó la realización de 249 periciales y la detención de 29 personas por la fuga de Guzmán Loera, la procuradora justificó que se han asestado “golpes” a la estructura financiera y operativa del Cártel de Sinaloa por lo que, afirmó, se está en la ruta correcta para su recaptura.
Sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la titular de la PGR recordó que se abrirá un nuevo peritaje y nada se ocultará.
Al fijar los posicionamientos, todos los partidos de oposición se mostraron duros y críticos hacia Gómez; por ejemplo, el panista Javier Neblina Vega inició su participación destacando la “crisis” de justicia y presencia del “crimen organizado” en varias partes del país.
Incluso reclamó los casos de desaparición forzada y que el respeto a los derechos humanos “sea la excepción y no la regla”.
Pero fue más allá al exigir “acabar con los altos funcionarios coludidos con los grandes capos”, aunque lo hizo en forma generalizada, sin dar nombres o áreas infiltradas por el crimen organizado.
Luego reclamó los hechos de Tlatlaya, donde se ejecutó de manera extrajudicial a 22 civiles; la fuga de El Chapo, el enfrentamiento en Villa Purificación; la persistencia de casos de tortura, secuestros, homicidios, ataque a periodistas y asesinatos de éstos.
Cuitláhuac García, de Morena, fue más directo al tildar de “omisa” a Arely Gómez y de “proteger” a su antecesor, Jesús Murillo Karam. Por si fuera poco, la acusó de ser “tibia” en la investigación sobre la fuga de El Chapo Guzmán.
Además reclamó a la funcionaria la no investigación a las acciones emprendidas por Eugenio Imaz, titular del Cisen; del excomisionado de seguridad nacional Monte Alejandro Rubido y de Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en el caso de Iguala.
Los legisladores también pidieron a la procuradora general de la República explicara por qué se extraditó a 13 grandes capos y no a Guzmán Loera.
Arturo Santana Alfaro, del PRD, recriminó que la PGR considere a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, como los que deben dictar la línea de investigación cuando es obligación de la Procuraduría.
El diputado de MC, Jorge Alvarez, fue breve al pedir a la procuradora que aclarara si sostenía la “verdad histórica” mediante la cual se asegura que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron masacrados y sus restos incinerados en el basurero de Cocula.
“Si fue o no en Cocula, le digo, estamos en la investigación. El GIEI tiene todo mi reconocimiento, llevo seis meses trabajando con ellos. En el momento en que ellos presentaron un análisis, no un dictamen pericial, lo que debe hacer alguien que busca procurar justicia es un tercer peritaje, un tercer dictamen con expertos forenses de otros lados”, acotó.
La oposición también reclamó a Arely Gómez el incurrir en presunto conflicto de interés, e incluso el diputado de Morena, Emiliano Alvarez, le recriminó por qué no ha solicitado la extradición de su pariente involucrado en el fraude de Oceanografía, Martín Díaz Alvarez.
“No es mi primo en primer grado, sino en cuarto, y es de mi esposo. Si no se ha extraditado ha sido porque no se ha podido establecer en Estados Unidos su involucramiento”, atajó Gómez González.
Los legisladores insistieron en reclamar a la procuradora las razones por las cuales no se extraditó a tiempo a Guzmán Loera, mientras que a Edgar Valdez, “La Barbie”, y doce capos más se les envió de manera expedita a Estados Unidos.
Arely Gómez insistió en que la solicitud informal de extradición llegó el 26 de junio y la formal el 21 de julio, pero además un proceso de tal naturaleza dura entre seis y 12v meses, por lo que al momento de la fuga de El Chapo aún no estaba el acuerdo firme por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para su entrega a las autoridades estadunidenses.
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