Segunda gran protesta contra Macri en Argentina: "la ley de medios no se toca"

Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, durante su discurso en una manifestación de apoyo a la ley de medios promulgada por la ex presidenta Cristina Fernández y que su relevo, el derechista Mauricio Macri, pretende reformar, ayer frente a la sede del Congreso, en Buenos AiresFoto Xinhua

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 18 de diciembre de 2015, p. 25

Buenos Aires.

Miles de personas se reunieron este jueves en la Plaza de los Dos Congresos de esta capital en rechazo a la intención del gobierno del presidente derechista, Mauricio Macri, de modificar la ley de medios, con la presencia de diputados del opositor Frente para la Victoria (FpV) que rechazaron el decreto que designó a dos jueces para la Suprema Corte de Justicia, sin pasar por el Senado, calificándolo de anticonstitucional e ilegal.
Los anuncios del gobierno de la alianza Cambiemos contra la ley de medios y el nombramiento por decreto de los nuevos jueces acercaron a los sectores peronistas que tenían diferencias con el bloque del FpV en la Cámara de Diputados.
La ley de medios no se toca, fue el lema de la segunda protesta contra el gobierno que asumió hace una semana y que ha emitido más de 30 decretos de necesidad y urgencia considerados por diversos sectores un mensaje totalitario como nunca antes había sucedido, salvo en las dictaduras militares.
Antes de la marcha, varios artistas realizaron una actividad cultural en apoyo a la ley de medios promulgada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Estuvieron presentes la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el jefe de bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, y el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella. Además, sindicalistas como Hugo Yasky, de la Central de Trabajadores Argentinos.
Otra preocupación en estas horas es la declaración de la emergencia en seguridad anunciada por la ministra del ramo, Patricia Bullrich, en momentos en que existen fuertes críticas, al conocer que el autobús accidentado esta semana cuando transportaba a 51 gendarmes, con saldo de 43 muertos, era parte de un convoy de 150 uniformados solicitados por el nuevo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de Cambiemos.
Morales argumentó ante la ministra Bullrich que sectores sociales podrían resistir las medidas que pensaba anunciar y pidió el apoyo de la gendarmería. Pensaban reprimirnos, denunciaron dirigentes sociales de esa provincia que se declararon en estado de alerta.

Bullrich, acompañada del secretario de Seguridad Interior, Gerardo Millman, explicó que en la medida en que el delito se modifica con rapidez, las fuerzas se tienen que adaptar, y sostuvo que con la emergencia se reforzará la presencia del Estado en los lugares más peligrosos. Se habla de radarización de las fronteras para derrotar el narcotráfico y la inseguridad ciudadana. Pero también se mencionó que se está preparado para enfrentar conflictos internos, aunque no se esperan por ahora, dijo Bulrich.
Esta medida de emergencia de seguridad a nivel nacional durará un año con el objetivo de resguardar la integridad física y los bienes de las personas.
También se conoció que la juez penal Fabiana Palmaghini (declaradamente macrista) decidió hacerse cargo de la instrucción de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, desplazando a la fiscal Viviana Fein, quien encabezó hasta ahora la investigación. Este era un proyecto que intentaron imponer todos los sectores derechistas de la justicia. Palmaghini ordenó la ampliación de la declaración del ex agente de inteligencia Antonio Jaime Stiuso, entre otras nuevas medidas de prueba, y se hizo cargo de la causa. Esta sorpresiva decisión, que significa que desde ahora la juez dirigirá la investigación, llama a la sospecha de analistas sobre la muerte de Nisman, suceso rodeado de novelescas actuaciones y que intentó ser utilizado para dar un golpe al gobierno de Fernández de Kirchner.
Esta situación y la demanda de varios ministros, que exigen los currículums de trabajadores, incluidos los de los centros clandestinos de detención, y su pertenencia política, mientras se anuncian despidos, ha subido notablemente la tensión en las últimas horas.
A sólo siete días de que arrancó el gobierno de Macri, comienzan a partirse las alianzas que rodearon al presidente y esto se advierte especialmente en la Unión Cívica Radical, el partido sin el cual la ultraderechista Propuesta Republicana, que dirige el actual mandatario, no hubiera podido tener presencia a nivel nacional.

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