Enfermedades laborales y las “tablas del oprobio”
No
conformes con los retrocesos que la reforma laboral ha inferido a los
derechos de millones de trabajadores, los diputados les acaban de
asestar otra cuchillada por la espalda al aprobar reformas a
los artículos 476, 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo (LFT),
adicionando el artículo 515 bis, para que sean los patrones en alianza
con el Ejecutivo y los sindicatos charros de la CTM
(Confederación de Trabajadores de México) quienes determinen el nuevo
contenido de la tabla de enfermedades laborales, donde se corre el
riesgo de reducir de manera arbitraria el monto del pago por
indemnizaciones a sólo un 60 por ciento del salario, o menos, y no al
ciento por ciento como lo establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
En una más de sus acostumbradas
fechorías, los legisladores federales de los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, un sector del de la Revolución Democrática
y sus membretes comparsas, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Encuentro
Social, decidieron hacer añicos el contenido de la fracción 14 del
Artículo 123 constitucional, que establece la responsabilidad de los
patrones a sufragar las indemnizaciones por los accidentes y las
enfermedades inherentes a la actividad laboral de sus trabajadores, que
puedan provocar su incapacidad permanente, temporal o su muerte.
De hecho, y como en su momento lo
alertaron especialistas en la materia, la reforma laboral –aprobada el
30 de noviembre de 2012– ya anunciaba malos presagios, en tal sentido,
para la clase trabajadora, al establecer en su artículo cuarto
transitorio: “la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá
expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de
incapacidades permanentes, en un término de 6 meses contando a partir de
la entrada en vigor del presente decreto”.
El término de 6 meses se prolongó a 4 años para que el engendro terminara de incubarse
al gusto de la clase empresarial, dejando de lado el papel que
constitucionalmente debía jugar el Poder Legislativo en la adecuación de
las referidas tablas. Abonando uno más de sus extravíos, los diputados
que votaron por la afirmativa renunciaron a su obligación contemplada en
el artículo 515 de la LFT, para ceder la determinación de las
enfermedades laborales y el monto de las indemnizaciones a una comisión
tripartita, integrada por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Coconasst), el Ejecutivo representado a través de
la Secretaría del Trabajo y los sindicatos de las centrales oficiales.
Como es fácil de apreciar, millones de
trabajadores no tendrán voz ni voto en el nuevo modelo, ni contrapeso
alguno que los represente por lo que la nueva asignación de las
enfermedades laborales será determinada al libre albedrío de los
patrones con la complicidad del charrismo sindical, teniendo la
anuencia legal para reclasificarlas al rango de “enfermedades
generales”, eximiendo la responsabilidad de los empresarios a pagar el
ciento por ciento de los salarios durante el periodo que contemple la
recuperación del trabajador. Al quedar en manos del capital la
determinación del monto de los pagos, los mismos podrán reducirse a un
60, 40 por ciento, o tal vez menos, pues no habrá nada que lo impida.
El trabajador que desde la puesta en
marcha de la reforma laboral ha visto minados sus derechos, ahora deberá
conformarse con las migajas que tengan a bien allegarle los miembros de
la comisión tripartita en las nuevas “tablas del oprobio”, pues se
dejará fuera de tal determinación la opinión de verdaderos expertos en
la materia y, claro está, la voz de los directamente afectados.
Esta abominación legislativa pasa a
formar parte de la extensa lista de ataques a la clase trabajadora
orquestados desde los organismos internacionales y avalados por la
tecnocracia liberal en el poder que viene alentando desde hace décadas
un capitalismo salvaje donde lo que menos importa es el bienestar de las
mayorías. La clase política reafirma dentro del esquema de las
doctrinas neoliberales, que la función rectora del Estado, marcada
puntualmente en la Constitución, tiende cada vez más a desaparecer.
De otra manera no puede explicarse cómo
es posible que se deje en manos de los patrones y de un órgano como la
Coconasst (Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo), que ha demostrado a lo largo de los años su total parcialidad
hacia los intereses de las empresas, la determinación de un tema de
tales dimensiones y alcances sociales, como lo es la definición de las
enfermedades laborales.
Para abogados laboristas, investigadores
y expertos en la materia no ha pasado desapercibido otro elemento en
esta iniciativa presentada a modo por la diputada priísta Ana Georgina
Zapata, nada menos que hija del sempiterno líder de la CTM en Chihuahua,
Doroteo Zapata. El valor de los órganos del cuerpo humano que a futuro
puedan resultar con afectaciones, dañados o mutilados por la naturaleza
de la labor desempeñada y sus riesgos de trabajo, también se establecerá
por la comisión tripartita, con lo que la indemnización correspondiente
será determinada con base en las valoraciones de las nuevas tablas.
El asunto deberá ventilarse en el
Senado, pero todo apunta a que como aconteció con la aprobación de las
reformas estructurales, la cámara alta más que aduana será mera
oficialía de partes y votará con los consabidos partidos a favor. La
iniciativa, no hay vuelta de hoja, fue diseñada y elaborada para
beneficiar a los intereses de la clase empresarial que ahora podrá
aplicar la ley a su conveniencia, ahorrándose millones a costa de la
salud y la vida de sus trabajadores, pues como lo señalamos líneas
antes, no serán especialistas en la materia los que decidan cuáles serán
las enfermedades a ser contempladas en las “tablas del oprobio”.
Y si bien la clase política, los empresarios, las centrales charras
y los medios masivos tratan de que un asunto de tal gravedad pase
desapercibido para millones de mexicanos, los sindicatos independientes y
las organizaciones sociales debemos alertar a la clase trabajadora para
que esté informada, y se movilice en contra de este nuevo atentado que
ahora intenta tasar el precio de la salud y la vida con criterios
administrativos y fines mercantilistas, gracias a la ineptitud y
connivencia de nuestros mal llamados representantes populares.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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