CFE y los personeros de los intereses creados /III y última
Se antoja
imposible que el actual director de Distribución de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Guillermo Nevárez Elizondo, cubra el perfil de
honestidad requerido a los funcionarios de la Cuarta Transformación.
Durante su paso por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), como director general de Transporte
Ferroviario y Multimodal, en el pasado sexenio, le quedó a deber a la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) el cumplimiento de 52
observaciones, haciéndose acreedor a nueve promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria por irregularidades en el
manejo de fondos de las obras del Tren Interurbano México-Toluca.
El órgano fiscalizador le detectó un
manejo irregular de fondos durante su gestión de los años 2015, 2016 y
2017, por un total de 2 mil 658 millones de pesos, que sumados a los 1
mil 26 millones 600 mil pesos del periodo 2014 de su antecesor Pablo
Suárez Coello, hacen un total de 3 mil 604 millones 600 mil pesos.
Nevárez Elizondo renunció en marzo de
2015 de la Subdirección de Distribución de la CFE para incorporarse al
equipo del secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, a fin de
operarle al Grupo Atlacomulco el negocio del Tren Interurbano
México-Toluca y encubrir la participación del entonces secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, en la fallida licitación del Tren
México-Querétaro, como lo demostró en su momento la periodista Carmen
Aristegui.
Como se asentó en la entrega anterior,
el ahora director de Distribución de la CFE destinó cantidades
millonarias para indemnizar a comuneros de municipios del Estado de
México que fueron afectados por las obras, pero en su afán por no parar
los trabajos echó mano de una serie de triquiñuelas, así como de
personajes que en algunos casos ni siquiera eran de las comunidades
afectadas, pero se prestaron a aparecer como supuestos dirigentes.
Tras la debacle del PRI en las
elecciones de 2018, la corrupción del Grupo Atlacomulco terminó por
salir a flote entablándose demandas agrarias donde los verdaderos
comuneros y sus familias exigen justicia, pero es sin duda alguna la
investigación de la ASF la que pone en entredicho la capacidad y
honorabilidad del exdirector de Transporte Ferroviario y Multimodal de
la SCT en el gobierno de Enrique Peña Nieto y la lenidad del Órgano
Interno de Control (OIC) de esa dependencia que no actúo en su momento,
pese a que le fueron turnadas seis observaciones sobre el irregular
manejo de los recursos públicos en las obras del Tren Interurbano.
Las pesquisas de la Auditoría Superior
de la Federación determinaron, por ejemplo, que en 2015 se realizaron
pagos indebidos por 137 millones 307 mil 500 pesos, entre otras
situaciones anómalas, por servicios realizados en obras que se
encontraban “suspendidas” o que aún “no se habían iniciado”.
Alguna de las observaciones turnadas al
OIC de la Secretaría de Comunicaciones en 2015 fueron: “Por los actos u
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron la
correcta utilización de los recursos presupuestales reportados en la
Cuenta Pública, ya que fueron utilizados en proyectos diferentes a los
del “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y en la
Ciudad de México”, y la “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico
Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, trabajos que se
ejecutaron con cargo en el contrato de servicios integrales diversos de
la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
número DGTFM-17-14.
Un año después, las anomalías se
dispararon en el proyecto a un total de 1 mil 775 millones 319 mil 60
pesos. En las observaciones de la ASF turnadas al OIC de la SCT se
establecieron, entre otras causas: Por las irregularidades de los
servidores públicos que en su gestión no realizaron el procedimiento de
licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que
garantizara las mejores condiciones para el Estado, debido a que los
trabajos se adjudicaron de manera directa, y corresponden a actividades
distintas a las que originalmente se contrataron.
En la Cuenta Pública 2016, el órgano
fiscalizador estableció también: Cabe señalar que los montos observados
no se turnaron al OIC, ya que forman parte de los 18 pliegos de
observaciones que aún se encuentran en la ASF para que la Dirección de
Transporte Ferroviario aporte mayor información; en caso de que no se
logren justificar dichos montos, podrá turnarse al OIC como daño
patrimonial.
En 2017, los pagos indebidos detectados
por la ASF sumaron 745 millones 476 mil 503 pesos, teniendo entre otros
conceptos y montos: 108 millones 476 mil 900 pesos, por la incorrecta
integración de tres precios fuera de catálogo y diferencia de volúmenes
para los trabajos de excavación, formación de capa de capilaridad y
recubrimiento primario y acabado del acero estructural. Otros 193
millones 827 mil 300 pesos, por autorización de pagos que no se
relacionan con el programa de construcción del proyecto.
Entre las observaciones turnadas al OIC,
destacaron, entre otras: Por las irregularidades de los servidores
públicos que en su gestión no realizaron una correcta planeación y
coordinación de las obras y de los servicios, debido a que se ejecutaron
y pagaron trabajos de relleno, excavaciones, banquetas, guarniciones,
vialidades, instalaciones y registros; sin embargo, con el contrato de
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número
DGTFM-58-14, que tiene por objeto realizar el “Suministro y colocación
de material rodante”, los trabajos antes descritos fueron demolidos,
debido a que en esas áreas se estaban ejecutando trabajos de cimentación
para los edificios de “Cabida de pintura” y “Torno rodero”.
Además, la ASF determinó que la gestión
para la liberación de los derechos de vía para la construcción de las
obras no estaba concluida a pesar de haberse realizado pagos por 661
millones 925 mil 791 pesos, faltando incluso la negociación con 9
propietarios para concluir dicha liberación de vía.
Aún falta por determinarse la Cuenta
Pública 2018, pero de acuerdo con el derrotero de corrupción de los años
anteriores no es aventurado inferir que los quebrantos al erario
continuaron en el último año de la pasada administración, donde el
director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, y hoy director
de distribución de la CFE, Guillermo Nevárez Elizondo, tiene mucho que
explicar a la ASF y al perfil de honestidad que deben cubrir los
funcionarios de la Cuarta Transformación, cuyo postulado es de cero
tolerancia a la corrupción.
La pregunta aderezada de natural
suspicacia, es: ¿Cómo es que teniendo tantas cuentas que saldar y
aclarar, Nevárez retornó por la puerta grande a la CFE?
Martín EsparzaFuente
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