Desaparece de Función Pública auditoría que revela corrupción del expresidente Fox
La auditoría interna 2015, que reveló la participación del expresidente Fox en actos de corrupción, desapareció de la Secretaría de la Función Pública. Roberto Muñoz Leos, el auditor a cargo, señala en entrevista que el exmandatario ordenó directamente acciones anómalas. El archivo –de 365 fojas y del que Contralínea sí tiene copia– documentó tráfico de influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos anticipados, sobreprecios, incumplimientos, duplicidad de convenios y triangulación del gasto público durante la remodelación de Los Pinos. La pérdida de ese expediente afecta la memoria histórica de México y es una violación al derecho humano a saber, señalan expertos en derecho
La Secretaría de la Función Pública (SFP) extravió
de su archivo histórico la auditoría 2015 que documentó la
participación del expresidente Vicente Fox Quesada en actos de
corrupción ocurridos a inicios de su gobierno, durante la remodelación
de la residencia oficial de Los Pinos: residencia Miguel
Alemán, cabañas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa, con un costo para
el erario de más de 61 millones de pesos.
En respuesta a la solicitud de información 0002700068419, hecha por Contralínea, la institución que encabeza la doctora Irma Eréndira Sandoval admite que “tras
el procedimiento de búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos”,
ni la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), ni la Unidad de Control y
Auditoría a Obra Pública, ni la Dirección General de Auditorías
Externas, ni el Órgano Interno de Control en la Presidencia de la
República “cuentan con expresión documental que otorgue respuesta a lo
solicitado”.
Según su argumento, la ausencia del expediente se debe a “que
no se ha realizado auditoría por parte de la Secretaría de la Función
Pública respecto de los contratos AD009-01, AD267-00 y AD268-00 para la
remodelación de Los Pinos durante el sexenio de Vicente Fox”.
Pero esa fiscalización sí se realizó y este
semanario conserva copia del exhaustivo expediente, que en sus 365
fojas da cuenta de diversas anomalías, como adjudicaciones directas,
tráfico de influencias en beneficio del arquitecto Humberto Artigas
–amigo de Fox–, subcontrataciones, pagos anticipados pese a que no se
celebraban aún los contratos, sobreprecios, incumplimiento y
duplicidad de convenios, triangulación del gasto público, falta de
entrega de bienes, objetos entregados no requeridos, y opacidad en la
adquisición de enseres. [ Fox: irregularidades millonarias en remodelación y adquisición de bienes para Los Pinos ]
En entrevista con Contralínea,
el contador público Roberto Muñoz Leos –quien estuvo al frente del
equipo de auditores que fiscalizaron las obras de la remodelación–
explica que esa acuciosa investigación se realizó en 5 días hábiles por
las presiones que enfrentó la entonces Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo (Secodam, hoy Función Pública), a cargo de
Francisco Barrio Terrazas.
“Ese caso fue un trabajo muy al
principio del sexenio de Fox y si el poder del presidente era grande, el
de Marta [Sahagún] era más”, señala el auditor con experiencia de más de 30 años de servicio en áreas de supervisión del ejercicio público.
Muñoz Leos, quien en el sexenio de Fox
se desempeñó como director general de Auditoría Gubernamental de la
Secodam, revela cómo fue la participación directa del expresidente en
las anomalías: “Fox dice que fue el primer asunto que se utilizó
para golpearlo, pero no se le golpeó a él, se golpeó su administración
porque la persona que él puso [Carlos A Rojas Magnon] a administrar [las
obras de remodelación] empezó por nombrarse a sí mismo, prueba de que no sabía de qué estaba hablando pero era el señor jefe y ese tipo de cosas las encontramos muy seguido”.
El excontralor de la extinta Conasupo
(cargo desde el cual documentó irregularidades de Raúl Salinas de
Gortari), del Bancomext y de la Conapred –por mencionar parte de su
trayectoria profesional– recuerda que para hacer esta auditoría se
“reconstruyeron las acciones” a partir de interrogatorios a todos los
involucrados, incluidos albañiles, porque el gobierno panista no tenía
registros de contabilidad. “No hubo manera de revisar documentación porque no había documentación de muchas cosas”.
Las entrevistas revelaron el activo
papel del primer presidente de México extraído del Partido Acción
Nacional (PAN) en las decisiones que derivaron en actos de corrupción. “Le
preguntábamos a los señores que estaban en la obra por qué estaban
haciendo eso y contestaban: ‘Así me lo dijo el jefe’. El jefe quién
[reviraban los auditores], ‘el jefe Fox’ [les respondían los obreros].
Todo mundo daba instrucciones y todo mundo tiraba dinero. Tiraron muchísimo dinero”.
En total, la remodelación de la
residencia Miguel Alemán, las cabañas 1 y 2, las obras exteriores y la
casa anexa tuvo un costo de 61 millones 895 mil pesos, consta en el
expediente de auditoría.
El especialista en fiscalización del
servicio público explica que, “como auditor, uno debe reunir
documentación suficiente y competente que demuestre lo que uno afirma:
esto está mal comprado porque no se hizo licitación, esto está caro
porque los precios del mercado son éstos… Todo hay que
comprobarlo porque la auditoría no es lo que uno puede saber, es lo que
uno puede comprobar. Uno puede saber 10 veces más pero [ese
conocimiento] no sirve porque no se puede comprobar. La limitante de la auditoría es ésa: es muy difícil llegar a algo concreto si no hay comprobación documental”.
Por ello en el amplio expediente no
figura, por ejemplo, que desde la Presidencia de México se incurrió en
contrabando de mercancías. “La compra de
materiales la hicieron en Estados Unidos, los muebles los hicieron en
Estados Unidos, y todo eso vino de contrabando para Los Pinos, lo cual
es doble vergüenza o un poco peor… Los refrigeradores, todo era fayuca y
venía del otro lado [de la frontera Norte]”, detalla Muñoz Leos.
Lo que sí se incluye en el informe final es la participación de dos hombres muy cercanos al expresidente Fox: Humberto Artigas y Carlos A Rojas Magnon.
Sobre ellos, el contador público explica: “Resulta
que el señor Carlos Rojas Magnon se nombró a sí mismo: ‘Yo soy el jefe
de la administración, mi categoría es de subsecretario y yo me firmo y
yo me nombro’, con una tranquilidad asombrosa. Cuando esto
empieza [la fiscalización] lo primero que hicimos es ver qué es lo que
estaba [consignado] en Compranet: sí estaban las toallas de 11 mil
pesos, las botellas de whiskey de 8 mil, en pesos de entonces que son
como el triple de los de ahora; habían este tipo de cosas pero con la
novedad de que se publicó que habían comprado esas mercancías a esos
precios y no las habían comprado, nada más habían recibido cotización. Pero
qué hicieron: contrataron al arquitecto más caro de México, Artigas,
que es un arquitecto que compra el cemento y la varilla en Masaryk
[colonia Polanco] y pasa la factura más el 30 por ciento de su trabajo. Por eso las cabañas salieron carísimas: cuando el metro cuadrado de construcción estaba en 3 mil pesos, ahí salió en 15 mil”.
Para conocer su versión de los hechos
que documentó la Secodam y la propia desaparición del expediente, se
solicitó –vía Twitter– una entrevista con el expresidente Vicente Fox.
Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Estado Mayor participó en el desfalco
Otra revelación derivada del expediente fue la
participación del Estado Mayor Presidencial en las anomalías, como el
otorgamiento de créditos para esas obras o la duplicidad de contratos. [Comité de Adquisiciones y Estado Mayor Presidencial fueron cómplices de Fox]
“La remodelación de inmuebles de la
residencia oficial de Los Pinos se realiza a través de la Dirección
General de Administración de la Presidencia y del Estado Mayor
Presidencial y no conocemos la justificación de realizarla en forma
separada”, ya que no sólo se subcontrató mediante el Estado
Mayor Presidencial, sino que también hubo contratos “sin número” o sin
registro, refiere en sus resultados el informe de auditoría.
Al respecto, Muñoz Leos indica que una vez concluidos los trabajos de los auditores, el
entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Ramón Muñoz Gutiérrez,
le dijo: “Estamos en este punto y después de este punto todo lo que
sigue es desprestigiar a la Presidencia, así que hay que hacer algo
positivo. [Pero el auditor le aclaró] ‘Eso no me toca a mí;
hagan lo que crean prudente: mi trabajo es revisar y reportar lo que
advertimos; entonces, adelante, porque el chiste es que esto mejore’”.
Y agrega que luego de eso Muñoz
Gutiérrez citó al Estado Mayor Presidencial y a otros funcionarios para
ver cómo corregían la obra. “Mi tesis en ese momento fue que iba
a ser muy difícil bajar los costos, entonces propuse que el Estado
Mayor terminara la obra, se hiciera un balance y se determinara el costo
y, por otro lado, se definieran las responsabilidades. Pero la obra se
debía terminar”.
La historia de la auditoría
Apenas habían pasado 7 meses de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República cuando estalló este primer caso de corrupción de alto perfil, pues lo involucraba directamente. Una denuncia anónima activó las alertas en la extinta Secodam, y a Roberto Muñoz Leos le tocó iniciar el procedimiento.
El 20 de junio de 2001, él y su
equipo notificaron la orden de auditoría 2015 al ingeniero Joaquín José
Cortina y López Negrete, entonces director general de Administración de
la Presidencia, se desprende del amplio expediente. A partir de
entonces, el equipo de la Secodam trabajó contra el tiempo y contra
muchos intereses.
“Fue muy difícil porque fue una
denuncia que se hizo al sistema Compranet. Era la primera vez que los
del PAN entraban [al gobierno] y no le entendían: le dieron
interpretaciones de todos lados y fue un trabajo que asombró mucho a los
funcionarios de ese momento porque el presidente tenía muy poco tiempo
en el puesto y todo esto sale a la luz por lo de Compranet. Querían una revisión en 15 minutos”, rememora el auditor.
No se concluyó en 15 minutos, sino en 120
horas de arduos esfuerzos para integrar el expediente que ahora la
Secretaría de la Función Pública declara inexistente. En el archivo se
constata que, para el 28 de junio, el equipo de Muñoz Leos ya estaba
entregando los resultados (oficio DGAG/311/2001).
Aunque las presiones para la Secodam fueron muchas, el contador público señala que su entonces jefe, Francisco Barrio, no intentó frenar la auditoría. “Se echó para delante pero no le entró. Cuando se hizo la denuncia me dijo: ‘Revísalo’.
Sí, pero no es tan revísalo y ya porque no hay documentos, va a ser a
través de interrogatorios para ver dónde están las fallas. Me dijo:
‘Tienes mucho que hacer y lo tienes que hacer muy rápido’. Pero
no le entró en el sentido de que a los demás que tenían que ver esto
después de mí [la Dirección General de Responsabilidades y el área
jurídica de la Secretaría] los dejó que se durmieran en sus laureles”.
Después de los 5 días de tensión
en los que todos los participantes de las obras de remodelación fueron
interrogados, incluido el arquitecto Artigas, inició el periodo de
impunidad. “Este trabajo desafortunadamente se pasó al área de responsabilidades con toda la evidencia”, dice Muñoz Leos.
El máximo exponente de esa
protección desde el gobierno es el propio Vicente Fox, quien nunca fue
llamado a cuentas por el manejo irregular del dinero público no
sólo en este caso, sino en todos los actos de corrupción que
involucraron a la Presidencia de la República durante su mandato.
Al respecto, Francisco Javier Varela Sandoval, actual encargado del despacho de la Subsecretaría de la Función Pública, dice a Contralínea que los delitos prescriben: “Si
alguien hizo algo no pueden venir 50 años después a sancionarlo. Los
delitos prescriben porque ya pasó cierto tiempo. No sé bien si este caso
ya prescribió, no es mi especialidad la auditoría, pero es muy probable
que ya”. Y agrega, “por ejemplo, el caso de [Enrique] Peña Nieto sí es revisable y se está haciendo”.
El funcionario asegura que hay auditorías en curso sobre la Presidencia de la República en el periodo de Peña Nieto y que, “cuando
estén los resultados, serán públicos como en el caso de Emilio Lozoya,
que después de hacer el proceso de investigación se hizo público”.
En el caso de Fox, sin embargo, indica que es muy difícil proceder: “Yo
pensaría que en el aspecto administrativo no [se puede]. En el ámbito
penal hay prescripciones distintas, pero es complicado por el tiempo que
ha pasado”.
El subordinado de la doctora Irma Eréndira Sandoval considera que el valor de este tipo de investigaciones es el juicio social y la inhabilitación es sobre todo una sanción social. “Estaría
bien que me mandaran la auditoría para poder analizarla, orientarlos
sobre cómo se actúa y saber cómo se puede continuar. Un OIC [Órgano
Interno de Control] puede analizar si hay elementos de sanción y luego
se deberá verificar la información para saber si es cierto eso. Quizá
una de las respuestas sea que hay muchos elementos pero la sanción ya
prescribió”.
Aunque Contralínea le entregó
una copia del expediente como lo solicitó, Varela Sandoval ya no atendió
las comunicaciones de este semanario para profundizar en el tema.
Consultado sobre este mismo caso, el
doctor en derecho Alejandro Romero Gudiño –extitular de la Unidad de
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación y actual contralor interno de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público– refiere que lo más grave es la
prescripción. “Estamos hablando de la ley anterior, con 3 años para
delitos no graves y 5 para graves: con Fox ya pasaron más de 5 [años],
lo que se puede hacer es un conflicto público, pero de eso a llegar a
una sanción política, ya no, lamentablemente. […] La sanción legal es muy importante, pero la sanción política es más”.
El funcionario destaca que en el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador las partidas discrecionales en
el presupuesto, como las que manejó Fox, ya dejaron de existir. “Antes había partidas que sólo el presidente podía utilizar y hacía lo que quería, pero ahora esas partidas ya no existen”.
Responsables, señalados con nombre y apellido
La evidencia que reunió el equipo de
Muñoz Leos durante aquellos 5 días y que el área de responsabilidades no
tomó en cuenta revelaba múltiples anomalías. “En la auditoría
se establece quién es responsable de qué. Pero, ¿qué pasó? Pues no pasó
nada. Se debieron haber fincado responsabilidades y se debió haber
recuperado dinero y no ocurrió. Renunció Rojas Magnon, pero
porque el presidente le solicitó la renuncia”, señala en entrevista
quien fuera designado responsable de aquella auditoría.
En efecto, en sus resultados, el
informe final detalla las irregularidades, la normatividad infringida y
los presuntos responsables. El nombre de Rojas Magnon, entonces asesor y
coordinador administrativo de la Presidencia –este último cargo es el
que él mismo se atribuyó– se repite constantemente.
Por ejemplo, en el Anexo B del informe
se le cita como presunto responsable de “proponer la contratación por
adjudicación directa, ejerciendo funciones sin haber tomado posesión
legítima del cargo”. La normatividad infringida, se señala, son
los artículos 214 y 217 del Código Penal: “ejercicio indebido del
servicio público” y “uso indebido de atribuciones y facultades”.
Determinar qué pasó y quién fue
responsable de ello es lo único que puede hacer un auditor, explica
Muñoz Leos. Por eso, dice, su trabajo y el de su equipo terminó ahí, con
la entrega de resultados. Así funciona el sistema: una vez que
se concluye la auditoría y se documentan quebrantamientos de la ley,
quien debe proceder es el área responsabilidades; la de auditoría ya no
interviene más porque son independientes.
Aun así, advierte que era muy difícil acusar penalmente a los funcionarios y contratistas. “Más
que presentar cuestiones de carácter penal se encontraron muchos
problemas administrativos. La Ley de Responsabilidades de ese momento
era más confusa que la de ahora y permitía muchas salidas a una misma cuestión: dejaba una potestad de deliberación muy amplia”.
Por ello señala que el auditor debe tener muy presente qué intereses hay debajo de algo. “Normalmente
los que dan la cara son los que no están llevándose la lana. Es muy
fácil poner a alguien de máscara, porque hay mucha gente necesitada del
trabajo”.
–¿Sufrió algún tipo de persecución durante el gobierno de Fox?
–Mucho menos de la que alguien se puede
esperar. Hubieron cosas, pero mucho menos de lo que se puede suponer
frente al cúmulo de intereses que había detrás de esto. Ahora,
por ejemplo, me corrieron: estoy sin chamba porque… No sea que vaya a
decir algo que no debo. Es muy delicado. […] En este momento estoy
congelado, castigadito. Pero la única vez que hubo una cosa
seria de amenazas a mí y a mi familia, cuando mis hijos eran chicos, me
fui a vivir a Chihuahua porque sí es difícil, pero creo que si tuviera
opción de hacer lo mismo lo haría sin ninguna duda, porque es mucho
mayor la satisfacción de hacer algo que sirva y que ayude a lo que
compararía con las presiones.
Resguardo de la información
Aunque la Secretaría de la Función
Pública asegura que no realizó ninguna auditoría a los contratos
AD009-01, AD267-00 y AD268-00 para la remodelación de Los Pinos durante
el sexenio de Fox, hay evidencia documental de que esa
dependencia estaba encargada de resguardar los archivos de la extinta
Secodam y que para destruirlos o desaparecerlos necesitaba autorización
externa.
Y es que en una segunda respuesta –solicitud de información 0002700068519–, la propia SFP remite al oficio
514/CA/031-2012, del 28 de mayo de 2012, a través del cual la Oficialía
Mayor de esa dependencia solicitó la anuencia del Archivo General de la
Nación para destruir 1 mil 535 expedientes de la Unidad de Auditoría
Gubernamental, originales y copias, “que comprenden el periodo 1998-2000, 2006 [sic]”.
Con ello, la Función Pública
admite que los expedientes de la Secodam sí estaban bajo su custodia y
que sólo después de obtener autorización del AGN procedió a la
destrucción de aquellos que estaban fechados entre 1998 y 2000.
No obstante, ese oficio no lo cita como prueba de la destrucción de la
auditoría 2015 (realizada en junio de 2001), sino como prueba de la
inexistencia por baja definitiva de las auditorías practicadas en
(2006), cuando inició el gobierno de Felipe Calderón [en dociembre].
Esta pérdida afecta a la memoria
histórica de México y es una violación al derecho de acceso a la
información, señala el doctor Miguel Alejandro López Olvera, especialista en derecho administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “La desaparición de documentos contribuye a la impunidad y puede afectar mucho más el derecho humano a la memoria histórica”.
El investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM explica que la población tiene
derecho a conocer lo que sucedió en los ámbitos político, social,
cultural, económico y jurídico. “La memoria de un país se
construye a partir de los archivos. Y sí, es muy grave que se escondan o
destruyan los expedientes porque se limita el acceso a la propia
historia de los ciudadanos”.
Tras ganar las elecciones y asumir la
Presidencia, Vicente Fox decidió arbitrariamente transformar la
residencia oficial de Los Pinos con cargo al erario. “Se
llenó de problemas el asunto porque decidieron que la casa presidencial
ya no iba a ser casa, iba a ser oficina”, detalla Muñoz Leos. [ Humberto Artigas: 18 años de impunidad por remodelación de Los Pinos ]
La memoria que se ha perdido no es
menor: cada decisión que se tomó entre diciembre de 2000 y mayo de 2001
en los rubros de obra pública y adquisiciones quedó registrada únicamente en el informe final de la auditoría 2015, porque el recién estrenado gobierno de Fox no llevaba contabilidad, confirma el auditor.
Fox, libre de sanciones
Cuando ocurrieron las
irregularidades, Fox no sólo tenía poder, también tenía inmunidad
presidencial. El doctor López Olvera explica que el político no fue
sancionado porque la Constitución Política mexicana lo blindaba. “De
acuerdo con el Artículo 109, el presidente no puede ser responsable,
salvo si comete delitos del fuero común y traición a la patria”.
En cambio, detalla, los funcionarios que participaron en la contratación sí pueden tener sanciones.
Y dado que existe una estructura compleja en la contratación pública,
“hay un esquema en el que se van repartiendo diferentes
responsabilidades”.
Para el especialista en derecho administrativo, una auditoría como ésta no debe desaparecer del archivo histórico. En
caso de destrucción de expedientes, advierte, la penalidad oscila entre
3 y 10 años de prisión, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. “Un expediente es
considerado un monumento histórico”.
Por su parte, el doctor en derecho por
la UNAM Luis Manuel Pérez de Acha señala que aun cuando la respuesta de
la SFP haya sido la de no haber encontrado el documento histórico, para
poder determinar “que esconden información” se debe continuar con el
camino de la transparencia, es decir, presentar el caso ante el
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y Protección de Datos. Sólo entonces, indica, se podría acusar al responsable por el delitos de coparticipación y encubrimiento.
En este mismo sentido, el auditor Muñoz Leos observa necesario hacer la denuncia ante el Inai, ya
que de comprobarse que el documento no existe y ellos no solicitaron
autorización para destruirlo se incurre en un un delito con sanciones
preestablecidas.
Más evidencias
Hasta inicios de 2008, el
expediente de la auditoría 2015 permanecía en los archivos de la SFP. Y
es que el 1 de enero de ese año la propia Secretaría dio a conocer la
lista de los nueve exfuncionarios sancionados por las anomalías detectadas durante la remodelación de Los Pinos (La Crónica, “Sancionaron a 9 funcionarios involucrados en el cabañagate”, Blanca Estela Botello).
Según el diario La Crónica, “los funcionarios sancionados fueron: Carlos Antonio Rojas Magnon, inhabilitado por 2 años; Alberto
Ordoñez Benítez, suspendido por 6 meses; María Isabel Jiménez Almaráz,
suspendida por 6 meses; Gustavo Cortés Valdés, suspendido por 6 meses.
Luciano Rubén Pérez Hernández, suspendido por 30 días; Rómulo de Jesús
Munguía Salazar, suspendido por 3 meses; José Luis Arreola Salcido,
suspendido por 3 meses; Eduardo Ignacio Seldner Ávila, por 3 meses; y
Gabriel López Figueroa, suspendido por 45 días”.
El doctor Arturo Hernández Magallón,
académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señala que en
casos de corrupción gubernamental como el de la remodelación de Los
Pinos, en el que se registraron diversos incumplimientos de contratos, las
empresas también deben ser sancionadas: “las sanciones son para
inhabilitarlos para volver a concursar en las licitaciones del gobierno,
de acuerdo al daño generado al patrimonio público y no poder participar
hasta después de cierto tiempo”.
Y agrega que “cada uno de los fenómenos
es distinto. Por ejemplo, está el caso de Emilio Lozoya que mintió
respecto a las cuentas bancarias utilizadas en Pemex, no dio información
y la sanción fue económica y de una inhabilitación de 10 años; en
el caso de Fox, la suma de dinero es menor y la inhabilitación ha
prescrito por el tiempo. También influye la cuestión de qué tanto daño o
perjuicio social hubo: hoy está el caso de la falta de papel
para los libros de texto, donde la compra de papel se ha complicado; ese
tipo de temas deben solucionarse rápidamente y se solucionó con la
adjudicación directa porque no había proveedores ni tanto tiempo de
espera”.
En el caso de Fox, la lista de irregularidades que documentó Roberto Muñoz Leos parece interminable. “La
casa del presidente anterior a Fox [Ernesto Zedillo] era de 400 metros
de construcción, que si bien no era un palacio sí era una casa grande y
estaba llena de candelabros, herrería, mármol, cosas que cuestan mucho
dinero y que [con la llegada de Fox] se perdieron. Qué se
hicieron, nadie supo. Quién se las llevó, nadie. [Durante el
interrogatorio] Artigas dijo que él no. Y como ni siquiera había un
responsable de obra ni de compras, pues no se supo. Eso es lo que nos ha
atacado más [como país]: que no haya responsables de las compras
chiquitas. Y hasta la fecha esto sigue operando así”.
Jordana González/Jorge Baca/Marcial Yangali/Nancy FloresFuente
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