Sólo 26% de los sindicatos garantiza elecciones democráticas de dirigentes
Alrededor de 800 sindicatos han incluido en sus
estatutos el voto libre, secreto, personal y directo que establece la
reforma laboral; el plazo para que el resto lo haga vence el 31 de
diciembre.
“Todos los sindicatos tienen que sujetarse a las nuevas reglas, la Constitución se modificó desde febrero de 2017, ya entonces establecía la necesidad del voto libre, personal y secreto. Más aún, en las leyes secundarias se establece la obligación de los sindicatos de reformar sus estatutos”, recordó Alcalde Luján.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) enfatizó que, pese a no adecuar los estatutos, los sindicatos estarán obligados a cumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y su reforma del 1 de mayo, por lo que deberán garantizar procesos democráticos en sus elecciones.
“Los preceptos democráticos de voto libre y secreto no son nada más para el Apartado A, no nada más se reformó la Ley Federal del Trabajo, también así para el caso de los trabajadores al servicio del Estado, quienes también (los sindicatos) están obligados a cumplir con estas reglas democráticas”, puntualizó al término de su participación en el Foro de Capacitación sobre el Nuevo Modelo Laboral para las Áreas de Recursos Humanos y Laborales.
Durante su intervención, Luisa María Alcalde comentó que hay 65 sindicatos dados de alta en la plataforma que habilitó la STPS para el proceso de legitimación de contratos colectivos. Hasta el momento, se han realizado 45 consultas y las autoridades laborales han expedido 6 constancias de legitimación de contratos colectivos.
“Esta va a ser una herramienta que nos va a dar números más claros de cuál es la presencia de contratos de protección, es probable que muchos de los contratos no se sometan a esta legitimación. Ya lo veremos, pero el plazo es de cuatro años, no nos podemos adelantar. Lo que sí les podemos decir es que ya iniciamos”, dijo al respecto de la elevada proporción de contratos de protección en el país.
En ese sentido, la titular de la STPS convocó a los encargados de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a apoyar la legitimación, dando a conocer a los trabajadores el contrato que actualmente los rige, como parte de sus nuevas obligaciones.
“Una de las obligaciones (de los patrones) es el dar una copia del contrato colectivo, aquí es muy importante el área de Recursos Humanos y la obligación de los empleadores de poner a disposición de los trabajadores en físico el contrato colectivo que ‘a mí trabajador- me van a consultar’ porque no vamos a hacer un procedimiento de consulta de los trabajadores, si están de acuerdo o no, de un contrato que no conocen y que nunca han visto y que jamás han leído”, expuso.
Por ello, recordó que uno de los elementos que les da sentido a las consultas para la legitimación de los contratos colectivos es el conocimiento íntegro de los trabajadores sobre sus condiciones y derechos.
La funcionaria federal aseguró que las áreas de Recursos Humanos y Relaciones Laborales no habían tenido tanta importancia como la que van a adquirir con la implementación de la reforma laboral.
“Hay presupuesto suficiente para poder garantizar la implementación de la reforma en la primera etapa y en las siguientes etapas. Es decir, por lo pronto en esta primera etapa es lo que tiene que ver con los tribunales laborales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en las entidades federativas, los presupuestos locales para establecer los tribunales locales y sus centros de conciliación y registro. Esto implica recursos, pero también mucha capacitación”, explicó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió cerca de 1,300 millones de pesos para la implementación de la primera fase de la reforma laboral en 2020, esto ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que significa un incremento de 800 millones más de lo que se había presupuestado inicialmente.
Fuente
Escrito por:
Gerardo Hernández
A siete semanas de que venza el plazo
previsto por la reforma laboral para adecuar sus estatutos, sólo 800
sindicatos han adoptado el voto libre, secreto, directo y personal como
vía para respaldar dirigentes y contratos colectivos, informó la
secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. Esta cifra representa
cerca del 26% de los más de 3,000 sindicatos registrados en el país.“Todos los sindicatos tienen que sujetarse a las nuevas reglas, la Constitución se modificó desde febrero de 2017, ya entonces establecía la necesidad del voto libre, personal y secreto. Más aún, en las leyes secundarias se establece la obligación de los sindicatos de reformar sus estatutos”, recordó Alcalde Luján.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) enfatizó que, pese a no adecuar los estatutos, los sindicatos estarán obligados a cumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y su reforma del 1 de mayo, por lo que deberán garantizar procesos democráticos en sus elecciones.
“Los preceptos democráticos de voto libre y secreto no son nada más para el Apartado A, no nada más se reformó la Ley Federal del Trabajo, también así para el caso de los trabajadores al servicio del Estado, quienes también (los sindicatos) están obligados a cumplir con estas reglas democráticas”, puntualizó al término de su participación en el Foro de Capacitación sobre el Nuevo Modelo Laboral para las Áreas de Recursos Humanos y Laborales.
Durante su intervención, Luisa María Alcalde comentó que hay 65 sindicatos dados de alta en la plataforma que habilitó la STPS para el proceso de legitimación de contratos colectivos. Hasta el momento, se han realizado 45 consultas y las autoridades laborales han expedido 6 constancias de legitimación de contratos colectivos.
“Esta va a ser una herramienta que nos va a dar números más claros de cuál es la presencia de contratos de protección, es probable que muchos de los contratos no se sometan a esta legitimación. Ya lo veremos, pero el plazo es de cuatro años, no nos podemos adelantar. Lo que sí les podemos decir es que ya iniciamos”, dijo al respecto de la elevada proporción de contratos de protección en el país.
En ese sentido, la titular de la STPS convocó a los encargados de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a apoyar la legitimación, dando a conocer a los trabajadores el contrato que actualmente los rige, como parte de sus nuevas obligaciones.
“Una de las obligaciones (de los patrones) es el dar una copia del contrato colectivo, aquí es muy importante el área de Recursos Humanos y la obligación de los empleadores de poner a disposición de los trabajadores en físico el contrato colectivo que ‘a mí trabajador- me van a consultar’ porque no vamos a hacer un procedimiento de consulta de los trabajadores, si están de acuerdo o no, de un contrato que no conocen y que nunca han visto y que jamás han leído”, expuso.
Por ello, recordó que uno de los elementos que les da sentido a las consultas para la legitimación de los contratos colectivos es el conocimiento íntegro de los trabajadores sobre sus condiciones y derechos.
La funcionaria federal aseguró que las áreas de Recursos Humanos y Relaciones Laborales no habían tenido tanta importancia como la que van a adquirir con la implementación de la reforma laboral.
Presupuesto garantizado
Luisa María Alcalde afirmó que el presupuesto comprometido por el presidente para la implementación de la reforma laboral está asegurado para el siguiente año.“Hay presupuesto suficiente para poder garantizar la implementación de la reforma en la primera etapa y en las siguientes etapas. Es decir, por lo pronto en esta primera etapa es lo que tiene que ver con los tribunales laborales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en las entidades federativas, los presupuestos locales para establecer los tribunales locales y sus centros de conciliación y registro. Esto implica recursos, pero también mucha capacitación”, explicó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió cerca de 1,300 millones de pesos para la implementación de la primera fase de la reforma laboral en 2020, esto ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que significa un incremento de 800 millones más de lo que se había presupuestado inicialmente.
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