El narcogobierno de Calderón y la infamia al SME
Segunda parte.
Molesto por no lograr que su títere Alejandro Muñoz ocupara la
dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para iniciar su
desmantelamiento, el secretario del Trabajo del narcopresidente
Felipe Calderón movió sus piezas para que los funcionarios de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) admitieran la demanda de
nulidad de las elecciones para elegir al secretario general para el
periodo 2009-2011; además, de manera inmediata, instruyó a la Dirección
del Registro de Asociaciones para negar la toma de nota a los miembros
del comité votados democráticamente.
Para el esquema de privatización del
sector eléctrico en el gobierno neoliberal panista, apoderarse del SME
era indispensable para no tener obstáculo alguno en la planeada
desaparición de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro; por eso, al
no conseguirlo con su candidato a modo, se buscó dejar sin personalidad
jurídica a la incómoda organización sindical.
Vale recordar que antes del golpe al
SME, perpetrado el 11 de octubre de 2009, en rueda de prensa el pianista
fracasado Javier Lozano Alarcón, conocido en los meandros de la
política como “La Changa” y tristemente célebre por haber acuñado la
frase intimidatoria al empresario oriental Zhenli Ye Gon: “coopelas o
cuello”, argumentó que hubo fraude electoral en las elecciones aduciendo
que votaron más afiliados de los que estaban en la lista de agremiados.
En su afán por enlodar la democracia interna smeita,
se atrevió a decir que también habían votado los miembros fallecidos
con anterioridad a los comicios. Curiosamente eran mismas
argumentaciones que vociferaban a los medios los integrantes de la
planilla Transparencia Sindical, con Alejandro Muñoz a la cabeza; pero
lo más vergonzoso es que algunos exsecretarios siguen sosteniendo tal
mentira, como es el caso del traidor a su sindicato Jorge Tapia
Sandoval.
Al paso del tiempo, que todo lo descubre
y nada perdona, hoy sabemos que todo este entramado fue parte de un
plan perverso que buscaba aminorar la falta de aceptación que Felipe
Calderón enfrentaba ante millones de mexicanos por los nulos resultados
de su gobierno en materia económica y de empleo.
La detención de quien fuera su extitular
de Seguridad Pública a nivel federal, Genaro García Luna, pone al
descubierto que su supuesta guerra para combatir a los cárteles de la
droga sólo fue una pantalla para ocultar la protección que su gobierno
brindó a uno ellos: cártel de Sinaloa.
El fiscal de la Corte estadounidense
donde se lleva el juicio tiene pruebas contundentes en el expediente con
el que se procesó y sentenció a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que
apuntan directamente al exfuncionario policial protegido desde la
presidencia por Calderón Hinojosa.
Ambos personajes no sólo son
responsables directos del clima de inseguridad que aún golpea a todo el
país. Su disparatada estrategia contra el crimen organizado convirtió a
los cuatro puntos cardinales del país en un gigantesco camposanto con
más de 70 mil muertos y 22 mil desaparecidos. Dos veces la terrorífica
cifra que dejó, por ejemplo, la dictadura militar de Argentina en los
años 70s.
Pero también tienen otra responsabilidad
que implicó un alto costo social al dejar sin empleo a 44 mil
electricistas miembros del SME, despedidos de forma injusta de la
paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Debemos recordar que como nunca
antes se echó a andar todo el engranaje oficial para agredir a una
organización.
Debe puntualizarse que la acción
violenta contra los trabajadores del SME se desplegó desde Los Pinos, a
través de un comité interinstitucional encabezado por Patricia Flores
Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia y varios secretarios de
Estado, como el de Trabajo, Javier Lozano Alarcón; de Gobernación,
Fernando Gómez Mont; Seguridad Pública, Genaro García Luna; Energía,
Georgina Kessel –hoy consejera de Iberdrola–, así como el director de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub.
Pero también figuraron en el ruin atentado a los derechos laborales de los smeitas los
secretarios de Defensa y de Marina, el procurador general de la
Republica, sin faltar el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Además, al correr de los años, también
nos hemos enterado que los gobernadores de los estados de Puebla,
Morelos, Hidalgo, Estado de México, Michoacán y el jefe de Gobierno del
Distrito Federal (hoy CDMX), entidades donde Luz y Fuerza y el SME
prestaban el servicio eléctrico, estuvieron en Los Pinos, respaldando la
“valiente” decisión del espurio mandatario tras el golpe del 11 de
octubre de 2009.
No debe olvidarse, por supuesto, que
medios de comunicación como Televisa, Milenio y otros más repitieron una
y mil veces –a cambio de jugosos contratos de publicidad– que Calderón
era el primer presidente que se había atrevido a enfrentar a un
sindicato para mejorar las finanzas de una empresa que, según ellos,
estaba quebrada. Lo cual era falso.
Pero para imponer su Decreto de
Extinción de una empresa pública, el narco sexenio de Calderón no solo
coptó a los comunicadores mercenarios, además hizo extensiva tal
ignominia a jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte, que
dictaron sus fallos fuera de la ley, de hecho y no de derecho. Tal
cadena de complicidades también abarcó de eslabones a diputados,
senadores y, como ya lo mencionamos, hasta gobernadores.
De ahí la importancia de que hoy los
mexicanos conozcan a detalle las verdaderas razones que unieron a esta
mafia política que no conoció de ideologías ni siglas partidistas, para
golpear de manera conjunta al SME, buscando aniquilarlo por todos los
medios. El gobierno de Calderón, como ocurrió con el de Vicente Fox,
dilapidó los recursos obtenidos de los excedentes petroleros, calculados
en un billón de pesos, que en buena medida se emplearon para comprar
conciencias y otorgar presupuestos a políticos de oposición, a cambio de
no apoyar la lucha del SME y sumarse a su linchamiento.
Fue tal el desaseo y la opacidad que envolvió al Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que el narcogobierno
de Calderón ordenó reservar el expediente relacionado con el caso por
12 años. Aún no se vence, pero las innumerables fechorías y torcidas
razones para lanzar a la calle a 44 mil trabajadores, sin mediar aviso o
juicio alguno, están saliendo a flote.
El objetivo de quitar de en medio al SME
fue desde siempre eliminar a una organización que siempre se opuso a la
privatización del sector eléctrico y a reformas como la energética que,
al paso del tiempo, se concretaron a favor del neoliberalismo tras la
imposición del Pacto por México, con el cual el gobierno de
Enrique Peña Nieto culminó la política desnacionalizadora del sector
energético, iniciada con los panistas. Motivo por el que Felipe Calderón
se negó a asumirse como el patrón sustituto de los electricistas del
SME en la figura de la CFE. (continuará)
Martín Esparza**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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