El narcogobierno de Calderón y la infamia al SME

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Segunda parte. Molesto por no lograr que su títere Alejandro Muñoz ocupara la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para iniciar su desmantelamiento, el secretario del Trabajo del narcopresidente Felipe Calderón movió sus piezas para que los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) admitieran la demanda de nulidad de las elecciones para elegir al secretario general para el periodo 2009-2011; además, de manera inmediata, instruyó a la Dirección del Registro de Asociaciones para negar la toma de nota a los miembros del comité votados democráticamente.


Para el esquema de privatización del sector eléctrico en el gobierno neoliberal panista, apoderarse del SME era indispensable para no tener obstáculo alguno en la planeada desaparición de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro; por eso, al no conseguirlo con su candidato a modo, se buscó dejar sin personalidad jurídica a la incómoda organización sindical.
Vale recordar que antes del golpe al SME, perpetrado el 11 de octubre de 2009, en rueda de prensa el pianista fracasado Javier Lozano Alarcón, conocido en los meandros de la política como “La Changa” y tristemente célebre por haber acuñado la frase intimidatoria al empresario oriental Zhenli Ye Gon: “coopelas o cuello”, argumentó que hubo fraude electoral en las elecciones aduciendo que votaron más afiliados de los que estaban en la lista de agremiados.
En su afán por enlodar la democracia interna smeita, se atrevió a decir que también habían votado los miembros fallecidos con anterioridad a los comicios. Curiosamente eran mismas argumentaciones que vociferaban a los medios los integrantes de la planilla Transparencia Sindical, con Alejandro Muñoz a la cabeza; pero lo más vergonzoso es que algunos exsecretarios siguen sosteniendo tal mentira, como es el caso del traidor a su sindicato Jorge Tapia Sandoval.
Al paso del tiempo, que todo lo descubre y nada perdona, hoy sabemos que todo este entramado fue parte de un plan perverso que buscaba aminorar la falta de aceptación que Felipe Calderón enfrentaba ante millones de mexicanos por los nulos resultados de su gobierno en materia económica y de empleo.
La detención de quien fuera su extitular de Seguridad Pública a nivel federal, Genaro García Luna, pone al descubierto que su supuesta guerra para combatir a los cárteles de la droga sólo fue una pantalla para ocultar la protección que su gobierno brindó a uno ellos: cártel de Sinaloa.
El fiscal de la Corte estadounidense donde se lleva el juicio tiene pruebas contundentes en el expediente con el que se procesó y sentenció a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que apuntan directamente al exfuncionario policial protegido desde la presidencia por Calderón Hinojosa.
Ambos personajes no sólo son responsables directos del clima de inseguridad que aún golpea a todo el país. Su disparatada estrategia contra el crimen organizado convirtió a los cuatro puntos cardinales del país en un gigantesco camposanto con más de 70 mil muertos y 22 mil desaparecidos. Dos veces la terrorífica cifra que dejó, por ejemplo, la dictadura militar de Argentina en los años 70s.
Pero también tienen otra responsabilidad que implicó un alto costo social al dejar sin empleo a 44 mil electricistas miembros del SME, despedidos de forma injusta de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Debemos recordar que como nunca antes se echó a andar todo el engranaje oficial para agredir a una organización.
Debe puntualizarse que la acción violenta contra los trabajadores del SME se desplegó desde Los Pinos, a través de un comité interinstitucional encabezado por Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia y varios secretarios de Estado, como el de Trabajo, Javier Lozano Alarcón; de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Seguridad Pública, Genaro García Luna; Energía, Georgina Kessel –hoy consejera de Iberdrola–, así como el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub.
Pero también figuraron en el ruin atentado a los derechos laborales de los smeitas los secretarios de Defensa y de Marina, el procurador general de la Republica, sin faltar el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además, al correr de los años, también nos hemos enterado que los gobernadores de los estados de Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Michoacán y el jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy CDMX), entidades donde Luz y Fuerza y el SME prestaban el servicio eléctrico, estuvieron en Los Pinos, respaldando la “valiente” decisión del espurio mandatario tras el golpe del 11 de octubre de 2009.
No debe olvidarse, por supuesto, que medios de comunicación como Televisa, Milenio y otros más repitieron una y mil veces –a cambio de jugosos contratos de publicidad– que Calderón era el primer presidente que se había atrevido a enfrentar a un sindicato para mejorar las finanzas de una empresa que, según ellos, estaba quebrada. Lo cual era falso.
Pero para imponer su Decreto de Extinción de una empresa pública, el narco sexenio de Calderón no solo coptó a los comunicadores mercenarios, además hizo extensiva tal ignominia a jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte, que dictaron sus fallos fuera de la ley, de hecho y no de derecho. Tal cadena de complicidades también abarcó de eslabones a diputados, senadores y, como ya lo mencionamos, hasta gobernadores.
De ahí la importancia de que hoy los mexicanos conozcan a detalle las verdaderas razones que unieron a esta mafia política que no conoció de ideologías ni siglas partidistas, para golpear de manera conjunta al SME, buscando aniquilarlo por todos los medios. El gobierno de Calderón, como ocurrió con el de Vicente Fox, dilapidó los recursos obtenidos de los excedentes petroleros, calculados en un billón de pesos, que en buena medida se emplearon para comprar conciencias y otorgar presupuestos a políticos de oposición, a cambio de no apoyar la lucha del SME y sumarse a su linchamiento.
Fue tal el desaseo y la opacidad que envolvió al Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que el narcogobierno de Calderón ordenó reservar el expediente relacionado con el caso por 12 años. Aún no se vence, pero las innumerables fechorías y torcidas razones para lanzar a la calle a 44 mil trabajadores, sin mediar aviso o juicio alguno, están saliendo a flote.
El objetivo de quitar de en medio al SME fue desde siempre eliminar a una organización que siempre se opuso a la privatización del sector eléctrico y a reformas como la energética que, al paso del tiempo, se concretaron a favor del neoliberalismo tras la imposición del Pacto por México, con el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto culminó la política desnacionalizadora del sector energético, iniciada con los panistas. Motivo por el que Felipe Calderón se negó a asumirse como el patrón sustituto de los electricistas del SME en la figura de la CFE. (continuará)
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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