Tragedias mineras, ¿hasta cuándo?
En el reporte se asienta que se derramaron cientos de litros de aceite y como consecuencia se inició un gran incendio. La descarga fue de tal magnitud que las autoridades del gobierno anunciaron una alerta para toda la zona y sus alrededores con la finalidad de que las personas suspendieran sus actividades al aire libre, mientras se dispersara el humo altamente tóxico en el ambiente, para evitar mayores daños a la salud.
No es la primera vez que ocurren estos desastres en esta empresa y probablemente no serán los últimos, puesto que Grupo México siempre ha preferido recurrir al tráfico de influencias, así como al chantaje y las amenazas contra los trabajadores para evadir sus responsabilidades ambientales y laborales, en lugar de buscar y atender las soluciones a los conflictos, desde una perspectiva de respeto dentro del contexto de la legalidad.
Hay muchas experiencias y evidencias que prueban la afirmación anterior. Para mencionar algunas de las más recientes, está la desgracia de la mina 8 de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde 65 mineros murieron y 10 sufrieron graves quemaduras durante la explosión del 19 de febrero de 2006, sin que hasta la fecha los cuerpos de los mineros hayan sido rescatados. La compañía no ha indemnizado dignamente a las familias, ni las autoridades han realizado una investigación objetiva de las causas que provocaron la catástrofe, pero tampoco se ha castigado a ningún directivo o accionista, como producto de la irresponsabilidad, la cobardía y la arrogancia de la empresa.
Después vendría el derrame en el río Sonora, el 6 de agosto de 2014, también por parte de Grupo México, donde se rompió la presa de jales o lodos de la molienda y se derramaron 40 millones de metros cúbicos de agua con altos contenidos de ácido sulfúrico y demás sustancias altamente cancerígenas como el cianuro, el cadmio, el molibdeno, el cromo y otros ácidos. Los daños a más de 22 mil personas, así como a la flora y fauna del lugar han sido considerados el peor desastre de este tipo en la historia de la minería de México. Es otro grave delito producto de la ambición y la avaricia que todavía hoy permanece en la impunidad.
Posteriormente, el 9 de julio de 2019 en el mar de Cortés, en la Bahía de Guaymas, Sonora, a las 3 de la tarde, la minera más grande del país, de nuevo Grupo México, derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico debido a la falla de una válvula que ocasionó la liberación de este componente químico altamente corrosivo que se utiliza para separar el cobre del mineral común, que en concentraciones de entre 5 y 15 por ciento causa una fuerte y aguda irritación en la piel y los ojos, y cuando son superiores a este rango provocan quemaduras graves.
Habitantes de la zona costera de Sonora compartieron imágenes en sus redes sociales de un gran número de animales marinos muertos en las inmediaciones de donde ocurrió el derrame de ácido sulfúrico y desde entonces se ha esperado una investigación a fondo, sin que todavía se conozcan públicamente sus resultados. Es fundamental reiterar que el mar de Cortés es una de las regiones ecológicas de mayor biodiversidad de México y del planeta, que fue declarado Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad en 2005.
Se podrían mencionar muchos otros casos de tragedias similares provocadas por la negligencia criminal de Grupo México y de Peñoles, el primer y segundo grupos mineros más grandes de México, los que más grandes utilidades generan, tienen el mayor incremento en el valor de sus acciones aun en la pandemia (50 por ciento en 2020), pero a su vez son los que más evaden al fisco, violan las leyes ecológicas y los derechos fundamentales de los trabajadores y de las comunidades donde operan. Controlan ambas la cámara empresarial de ese sector en México, se otorgan premios recíprocamente, violan constantemente las leyes más importantes del país y actúan con total impunidad provocando una mayor miseria y desigualdad.
Casos como los derrames también del 14 de mayo de 2019 donde Grupo México vertió más de 20 mil litros de agua con sedimentos altamente tóxicos e irreversibles para la salud y el medio ambiente en la comunidad de San Martín, municipio de Sombrerete, Zacatecas. Igual sucedió con la tala caprichosa e irresponsable de cientos de árboles por parte de esta misma empresa en Silao, Guanajuato, el 14 de junio de 2019. El Grupo Peñoles, por su parte, en Fresnillo, Zacatecas, el 25 de agosto de 2020 provocó un peligroso derrame de sustancias tóxicas en el sistema de conducción de la presa de jales y residuos por parte de la compañía minera de Fresnillo PLC, de esta misma empresa, el cual ocultaron con la complicidad de las autoridades del gobierno de Zacatecas y un sindicato corrupto y entreguista, poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y los habitantes de esa localidad.
Se podrían escribir decenas de libros basados en cientos o miles de casos y tragedias mineras como las anteriores, donde la responsabilidad directa de las corporaciones siempre se diluye y nunca se aplica la justicia. Así lo han hecho reformando en los gobiernos anteriores la ley minera a su conveniencia, para permanecer como entidades intocables con base en la corrupción, el tráfico de influencias y la información privilegiada que tanto daño le ha hecho a México, a sus trabajadores y a la población en su conjunto.
Es tiempo de poner un alto a la explotación descarada de la mano de obra y los recursos naturales de la nación. Ni México ni los mexicanos nos merecemos este tipo de empresarios sin responsabilidad ni dimensión social, ni se puede ser más tolerante y condescendiente con aquellos que están llenos de odio y avaricia. Este país ya cambió y todos debemos cambiar también por el bien y el futuro de las próximas generaciones.
Comentarios