AMLO busca que CFE se quede con 54% del mercado con reforma constitucional
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que no deseaba emprender una reforma constitucional en materia eléctrica para revertir la reforma energética aprobada en el pasado sexenio. Sin embargo, indicó que los amparos que jueces otorgaron a la reforma legal que emprendió su gobierno, lo orillaron a tomar esa decisión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al Congreso de la Unión tres reformas, una de ellas constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga asegurada una participación de 54% en la generación de electricidad.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que no deseaba emprender una reforma constitucional en materia eléctrica para revertir la reforma energética aprobada en el pasado sexenio. Sin embargo, indicó que los amparos que jueces otorgaron a la reforma legal que emprendió su gobierno, lo orillaron a tomar esa decisión.
“Una (reforma) que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron por destruir a la CFE para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras.
Necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones, porque así está ahora", dijo.
“No es para que desaparezcan estas empresas particulares, van a continuar, pero vamos a poner orden, para que el 54% del mercado corresponda a la CFE y el 46% a particulares, porque ahora como está la ley (…) aunque tenga capacidad de generación la CFE, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión, cuando se trata de una empresa pública”, argumentó.
López Obrador dijo que “yo no quería llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica, por eso se hizo una reforma a una ley para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la ley y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos ¿entonces qué nos queda? una reforma constitucional”.
El primer mandatario mencionó que cumplirá con su tarea de hacer la propuesta en esta materia al Congreso de la Unión, pero dejará que los legisladores federales decidan si la aprueban o no.
“Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí. Si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la CFE, que asuman su responsabilidad”, sentenció.
El pasado 9 de marzo, se promulgó la reforma a diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica que plantea nuevas reglas para el despacho de energía eléctrica en el país, con el propósito de dar prioridad a la energía producida por la CFE.
En el papel, lo anterior pone fin al principio de despacho económico, que establece que la energía producida al costo más bajo es la que se inyecta primero a la red de transmisión; en cambio establece un orden basado en la propiedad de los activos de generación de la CFE, con lo que la primer energía en despacharse sería la hidroeléctrica de la CFE, luego la del resto de sus centrales, posteriormente la renovable de los privados y, finalmente, la producida a través de ciclos combinados de los privados.
No obstante, veinticuatro horas después de haber entrado en vigor, el poder judicial decretó las primeras suspensiones provisionales de la reforma y en pocos días otorgó suspensiones definitivas, por lo que el 21 de marzo la Secretaría de Energía tuvo que publicar un acuerdo anunciando que la medida quedaría congelada.
“Durante la vigencia de la medida cautelar mencionada en los considerandos precedentes, se suspenden todos los efectos y consecuencias derivados del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintiuno”, expuso la Secretaría de Energía.
La CFE produce directamente alrededor de 54% de la electricidad del país, pero si se le suma la electricidad que generan los productores independientes de energía (PIE), que venden la totalidad de su totalidad su producción a la CFE, la estatal es responsable de más de 80% de la energía eléctrica que se produce en el país. La empresa detenta, asimismo, los monopolios legales de las actividades de transmisión y distribución eléctrica.
Reforma congelada
Promulgada en marzo pasado, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se mantiene suspendida por el poder judicial, debido a que establece reglas que contravienen la libre competencia que garantiza la constitución mexicana, han establecido jueces. Estos son sus principios:
Nuevo criterio de despacho eléctrico
- Se priorizará la inyección de la energía generada por la CFE a la red, rompiendo el principio de que la energía más barata es la que se despacha primero.
- Transitar de un modelo de eficiencia económica a un modelo basado en la propiedad de los activos de generación de la CFE.
- El orden de despacho quedaría así: Hidroeléctrica CFE + otras centrales CFE + renovables privados + ciclos combinados privados.
Flexibilizar el otorgamiento de CEL
- Los Certificados de Energía Limpia se diseñaron para incentivar inversión en renovables después de la apertura y se otorgan por cada megawatt-hora generado con energía limpia.
- Se permitiría ahora asignar CEL a energía producida en centrales existentes antes del 2014.
Discrecionalidad a CFE para comprar electricidad
- La filial de CFE que se dedica a vender la electricidad a los consumidores finales (CFE Suministro Básico) ya no estará obligada a adquirir la energía que revende a los usuarios a través de subastas.
Eliminación del autoabasto eléctrico
- Es un régimen previo a la reforma del 2013 que subsistió y permite a las empresas asociarse y producir electricidad para sus operaciones. El autoabasto desaparecería de por sí, pero hasta que los permisos expiren.
- La reforma del 2021 facultaría a la CRE para revocar permisos de autoabasto si “decide” que son fraudulentos.
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