La JFCA debe analizar expedientes que incluyen pruebas a favor de los mineros
Secretarios del sindicato acusan a la junta de incurrir en desacato por incumplir resolución de tribunal
Viernes 6 de agosto de 2021, p. 13
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), a través
de su equipo jurídico, lamentó el papel que la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) ha desempeñado al defender resoluciones ilegales
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en contra de esa organización, encabezada por Napoléon Gómez Urrutia.
Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, indicó que cuando la dependencia sale
a defender resoluciones de la JFCA, demuestra que no tiene ninguna
independencia y el viejo sistema que ha mostrado ser muy negativo, del
que nos hemos quejado tanto a lo largo de muchos años, sigue ahí
.
En conferencia de prensa, donde participó vía remota, añadió que en
lugar de dejar a la presidenta de la JFCA, María Eugenia Navarrete
Rodríguez, defienda lo que realmente es indefendible, sale la
Secretaría del Trabajo a decir que esas resoluciones son legales. No
deja de sorprendernos la actitud
de la dependencia.
Por otra parte, Nahir Velasco, coordinador jurídico del gremio, consideró incluso que Arturo Alcalde Justiniani ha tomado un papel protagónico en contra del Sindicato Nacional Minero demostrando su animadversión hacia éste, de acuerdo con una conversación de un chat filtrado, que exhibió.
“Nos da mucha pena señalar esta condición porque Arturo Alcalde –padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde– es abogado laborista, pero no dirigente sindical, quiere manipular los sindicatos y pretende tener control de la política laboral del país”, acusó.
Acompañados de los abogados Mario Muñoz Ortega y Óscar Alzaga, los secretarios de Actas y de Trabajo del Sindicato Nacional Minero, Luis Arturo Rosa de la Fuente y Jorge Ramón Monsiváis, respectivamente, señalaron que la Junta Especial 10, de la JFCA, incurrió en desacato, toda vez que no cumplió con la resolución ordenada por el décimo segundo tribunal colegiado del primer circuito, que dejó sin efecto el laudo que establecía que el gremio adeudaba pagos por 55 millones de dólares.
Insistieron en que el fondo del asunto es que en las próximas semanas
la Junta Federal y Conciliación y Arbitraje debe emitir un nuevo laudo
de manera integral con base en los 25 juicios laborales, y no sólo 21,
porque no puede incurrir en resoluciones contradictorias
.
La controversia legal data de 2004, con la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones debían otorgarse a los trabajadores, y que Grupo México se negó a pagar.
Al respecto, Muñoz Ortega consideró una burla
el hecho de que la STPS respondiera que el caso se tratara sólo de ajustes
. Puntualizó que deberán tomarse en cuenta los cuatro expedientes restantes donde hay miles de documentos con pruebas
para dictar un nuevo laudo absolutorio.
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