¿Qué tiene que ver la violencia doméstica con el trabajo? Las empresas y la prevención
El numero de feminicidios reconocidos por las autoridades suman 736 en este año y, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, la mayoría fueron cometidos por las parejas de esas mujeres. Los centros de trabajo juegan un papel relevante para evitar esta tragedia.
Una de las razones, y de las más poderosas, por la que las mujeres siguen en una relación de violencia o vuelven a ella tiene que ver con el mundo laboral. Hay pocas oportunidades de empleo principalmente para las madres, los trabajos son precarios o no les permiten ausentarse para interponer una denuncia o resguardarse cuando su vida corre peligro, dice Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios (RNR).
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. México llega a esa fecha con 736 feminicidios reconocidos por las autoridades de enero a septiembre de 2021, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En ese periodo, casi 81,000 mujeres han reportado algún tipo de agresión al 911.
El Estado mexicano y sus instituciones, pero también las empresas, “son responsables de garantizar a las mujeres el acceso a su ciudadanía", señala en entrevista Wendy Figueroa. Esto quiere decir: la participación política, social, económica, educativa y cultural, entre otros aspectos de la vida pública y privada.
La incorporación a un empleo no sólo les permite ejercer su ciudadanía, sino que “se interconecta con la autonomía económica, que es fundamental. Pero si queremos hablar de democracia e igualdad, hay que garantizar su acceso al trabajo digno, porque la desigualdad en el mercado laboral tiene repercusiones en sus vidas y en la sociedad en su conjunto”.
En septiembre pasado, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de las más de 57.5 millones de personas económicamente activas, las mujeres representaron el 39% y los hombres, el 61 por ciento. El 30% de las trabajadoras gana menos de un salario mínimo y sólo 1.7% recibe más de cinco. En cambio, para los hombres es 20% y 2.7%, respectivamente.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), más de 4.2 millones de mujeres dijeron que sus parejas se molestan porque ellas estudian o trabajan. Los cónyuges de otras 4.8 millones se enojan porque consideran que ellas le dedican demasiado tiempo a su trabajo y 2.2 millones, porque ellas ganan más dinero. A más de 4 millones de mujeres les reclaman por la ropa que usan y a casi 3 millones porque “no cumplen como madre o esposa”.
Propuestas de política pública
En 2019, Wendy Figueroa presentó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa “de licencia de ausencia laboral con apoyo económico para mujeres en situación de violencia de género”. En ese año la activista formó parte del Tercer Parlamento de Mujeres de la CDMX. Dicho espacio se creó para recibir propuestas sobre los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
En junio de ese mismo año, en Ginebra, los países miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptaron el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso. En la reunión tripartita —gobiernos, sindicatos y empresas—, la parte patronal mexicana decidió abstenerse. No votó en contra, pero tampoco a favor.
Además del reconocimiento de diferentes tipos y formas de violencia laboral, el convenio establece que la violencia doméstica tiene efectos en el trabajo. La Recomendación 206, que acompaña el pacto, indica que para mitigar la afectación los países podrían incluir:
- Licencias para las víctimas de violencia doméstica
- Modalidades de trabajo flexibles
- Protección temporal contra el despido
- Inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo
- Sensibilización sobre los efectos de la violencia doméstica al personal y empleadores
La iniciativa de Wendy Figueroa fue tomada como una propuesta más, y el gobierno mexicano no ha enviado el Convenio 190 al Senado para que sea ratificado. “Es muy importante que se hagan las reformas necesarias porque la violencia contra las mujeres tiene altos costos para las empresas y la economía del país, no sólo para la vida de ellas”, apunta la activista.
En 2020, el impacto económico de la violencia fue de 4.7 billones de pesos, según el Índice de Paz México 2021. “Esto equivale al 22.5% del Producto Interno Bruto (PIB) o a 36,893 pesos por persona”, señala el reporte del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). La mayoría de los asesinatos de hombres “están vinculados a dinámicas de la delincuencia organizada”. Pero “es más probable que las muertes de mujeres estén asociadas a la violencia de pareja”.
Pero, ¿por qué no dejan esas relaciones?
La Red Nacional de Refugios ha implementado un sistema de casas de transición “para las deficiencias del Estado mexicano”. Wendy Figueroa las define como “un puente a la autonomía”. Durante seis meses, las sobrevivientes de violencia de género pueden vivir ahí, mientras se incorporan a un trabajo o generan un proyecto de autogestión.
La mayoría de las mujeres que reciben son madres y, en promedio, tienen dos hijos o hijas, detalla. En esas casas hay guarderías y pequeños centros psicopedagógicos. “Son como un hostal, mientras se capitalizan no pagan renta ni los otros servicios”.
La RNR no cuenta con presupuesto público, por lo tanto, las mujeres refugiadas deben comprar sus alimentos y enseres personal, “lo demás está cubierto”. La falta de recursos les ha obligado a cerrar las casas en varias ocasiones, pero en el último año y tres meses lograron sostenerlas.
“Hemos visto un cambio impresionante, antes de esos 15 meses el 30% de las mujeres que terminaban el proceso de refugio regresaba a la relación violenta de la que huyó. Para este mes sólo el 11% de las de quienes egresaron lo han hecho”, detalla.
Sin ingresos propios, “muchas mujeres no pueden salir de situaciones de violencia y con la pandemia de covid-19 ha sido peor”. En marzo de 2020, más de 22.9 millones de mujeres tenían un empleo o estaban en posibilidad de buscar uno. Para julio sólo 19.5 millones eran económicamente activas.
Si bien ha habido una recuperación, los números siguen por debajo de los niveles prepandémicos, en septiembre de 2021 más de 22.4 millones de mujeres formaban parte de la población económicamente activa (PEA), según la ENOE.
“Muchas mujeres no quieren ingresar al refugio, aunque saben que su vida corre peligro”, lamenta la defensora de derechos. Salirse de su casa a veces implica también alejarse de su empleo o tener que ausentarse unos días y perderlo. Sin trabajo, sin casa, sin seguridad social y, la mayoría de las veces, sin medidas de protección, continúan en la situación de violencia.
“El acceso a la justicia integral implica el acceso a una vivienda digna, a un empleo decente y a una remuneración igualitaria entre hombres y mujeres”.
¿Qué pueden hacer las empresas?
Además de otorgar licencias y no despedirlas, hay muchas otras medidas que las empresas pueden poner en práctica, indica Wendy Figueroa. Por ejemplo, si tienen plantas u oficinas en otras entidades, pueden trasladar a las mujeres víctimas de violencia “para que rehagan su vida en otros espacios, garantizando la continuidad de su empleo”.
Muchas compañías ya están promoviendo el empoderamiento de las mujeres, “pero lo ven como una coyuntura” o sólo en lo que respecta al interior de su organización. “Necesitamos que la impulsen en todos los ámbitos de la vida de sus empleadas. No podemos ver lo que sucede en sus hogares como separado, garantizar sus derechos humanos ayudará a la sostenibilidad corporativa”.
La igualdad de oportunidades de asenso y de remuneraciones es básico para que puedan salir de una vida de violencia, dice. “Las nuevas tendencias de gestión de recursos humanos y de organización empresarial deben introducir como elemento fundamental la formación continua, la motivación, el buen clima laboral y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal”.
Otras acciones que propone son:
- Cero tolerancia al acoso sexual y laboral
- Medidas para la prevención, investigación y sanción del al acoso sexual y laboral
- Guarderías y lactarios en el lugar de trabajo
- Ampliación de licencias maternas y paternas
- Crear áreas de género especializadas para orientación y atención de mujeres
- Eliminar sesgos sexistas en el reclutamiento
- Capacitación para prevenir la violencia doméstica a hombres y mujeres dentro de la jornada laboral
“Todo esto además mejora la productividad, atrae y mantiene al personal calificado”, apunta la especialista.
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